Fusión entre cajas o privatización encubierta

El responsable federal de Economía de Izquierda Unida (IU), José Antonio García Rubio, ha afirmado que hay "datos sorprendentes", pues mientras que desde el Banco de España y los principales medios de comunicación se apunta a que se están fusionando Cajastur y Caja Castilla La-Mancha, en la realidad "no se ha fusionado Cajastur con CCM, sino que los activos, los pasivos y las sucursales de CCM los ha adquirido un banco privado que se llama Banco Liberta". Actualmente, la mayoría de las acciones del Banco Liberta está en manos de Cajastur, pero sigue siendo un banco privado y nada podría impedir que Cajastur venda en cualquier momento su participación en el Banco Liberta.

En realidad, el proceso tal y como se ha anunciado no otorga ningún margen de duda, estamos ante la privatización de la Caja Castilla La Mancha que es adquirida por un banco cuyo estatus jurídico es el de sociedad anónima, es decir un banco privado.

Pedirán la comparecencia en el parlamento de Fernández Ordóñez

Por ello, la organización de izquierdas pedirá la comparecencia en el parlamento de Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España elegido por el gobierno de Zapatero, para que de explicaciones sobre "qué papel juega el Banco Liberta en este proceso, cual es la finalidad de que eso se haya hecho así, y qué tipo de ingeniería privatizadora ha puesto en marcha el Banca de España para llegar a este resultado".

Responsabilidades políticas en el agujero de CCM

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, también presente en la rueda de prensa, criticó que ahora se "absorba" a CCM, una entidad "a la que se le hizo un agujero de 2.500 millones de euros por un

"Exigimos a los armadores y gobiernos la inmediata retirada de barcos que estén faenando en esas aguas hasta que definitivamente se den las condiciones necesarias para que conflictos como el del ‘Alakrana’ no se vuelvan a repetir", reclama LAB.

El sindicato ha dado a conocer un comunicado ante "la alarmante situación" en la que "incluso peligran vidas de trabajadores-arrantzales por la fatal gestión " por parte de "los gobiernos de turno con la ayuda y complicidad de las empresas armadoras".

Se dirige a los trabajadores-arrantzales que se encuentran en la zona para que reclamen el regreso a puerto seguro de los barcos en solidaridad con la tripulación del "Alakrana" y demanden a los ejecutivos de Madrid y Lakua, así como a los armadores, "una vía eficaz de negociación inmediata" y descarten "la vía armada del intervencionismo militar puro y duro".

LAB considera necesario realizar una "profunda reflexión sobre las causas del conflicto si queremos que no se vuelvan a producir situaciones" como la actual.

"Comprendemos que son momentos de tensión y de angustia para quienes necesitan buenas noticias, pero los auténticos responsables de esta situación deben adquirir compromisos en ese sentido".

Antonio Álvarez Solís (12-10-2009)

La frase revela un profundo desprecio hacia el ser humano, sobre todo si quien la pronuncia alardea de socialista y la emite acerca de unos pescadores. Esta vez corresponde el exabrupto a la vicepresidenta del Gobierno de Madrid, Sra. Fernández de la Vega. Inconveniencia, además, que añade a su desdén la incoherencia más elemental por contraste con otras realidades. Pero leamos la frase. Se refiere la vicepresidenta a los familiares de los secuestrados en el «Alakrana»: «Entendemos la preocupación que puedan tener, ya con carácter general, en cuanto a los riesgos que se asumen pescando en una zona de esa naturaleza, pero esto también forma parte de su trabajo».

¿Se puede decir algo más hiriente, más desdeñoso, más desatinado? ¿Acaso cabe objetar sobre el oficio del pescador algún riesgo como propio que no sea el riesgo mismo de la mar o los daños profesionales en el trato de los aparejos? ¿Es que el pirata es inevitable?

Por lo visto, la vicepresidenta carga sobre las espaldas de los pescadores la falta de reflexión política sobre la pesca que hacen en aguas infestadas por la piratería. Los pescadores no sólo han de saber pescar sino que han de afrontar su tarea con un maduro razonamiento diplomático. Incluso no tiene en cuenta la frase el carácter de trabajo subordinado de esos trabajadores.

La vicepresidenta -en la que se adivina siempre un talante despectivo y acre- no muestra el más leve pesar por la ausencia de protección oficial en aguas hábiles para la explotación pesquera. No siente el rubor de abandonar a su suerte a los que parten para aquel mar. Los peligros, subraya, «forman parte de su trabajo». ¡Qué distinta consideración a la que guardan desde el Gobierno a los soldados que mueren en guerras absurdas o a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se enfrentan con la lucha armada que se produce en el ámbito de la nación!

Francisco Larrauri. Oficial de la Marina Mercante

Aun compartiendo la preocupación por los arrantzales cautivos en las costas de Somalia, el autor considera que es necesaria una reflexión más amplia sobre las medidas a tomar para garantizar la seguridad de los pesqueros. Basándose en informes de diferentes organismos internacionales, Larrauri defiende que las guardias armadas a bordo no son la solución al problema y que además pueden empeorar gravemente la seguridad de la tripulación.

Después del apresamiento del <> en abril 2008 la actividad de los piratas en las costas de Somalia no se ha detenido. Han sido varios los buques mercantes y de pesca que han padecido el hambre de dólares de los piratas somalíes, sin merecer ningún comentario por parte de la prensa. De hecho, ya estamos acostumbrados a su hermetismo según su interés en favorecer, o no, ciertas políticas de seguridad.

El apresamiento de los atuneros vascos está siendo utilizado por los medios de comunicación y por los partidos políticos que simbolizan, del mismo modo que se utilizan las violaciones y los abusos a menores. Los ataques a los componentes de un comunidad son el arma predilecta para erosionar una determinada política de seguridad. Y ya sabemos qué sucede cuando una menor ha sido agredida o violada: una ola de indignación recorre el país avivada por quienes se apuntan a una modificación del código penal, mediante la recogida de firmas o mediante la exaltación tipográfica diaria del acontecimiento, aun sabiendo que legislar en caliente es un síntoma de debilidad.

Poco importa si la víctima pertenece a un colectivo ignorado o simplemente arrinconado por estos medios en cuestión, el dolor se generaliza a todo color y adquiere el valor de categoría

Ignacio Escolar (6-10-09)

Dicen en algunas tertulias que los atuneros vascos que faenan en el Índico lo hacen bajo la sospechosa ikurriña, en vez de la nacional rojigualda. El dato es tan demagógico como falso: en el mar, la ikurriña tiene tanto valor legal como la bandera del Real Madrid. Lo que sí es cierto es que de los 28 atuneros de capital español –en su mayoría vasco– que están ahora pescando en esa peligrosa zona, 15 lo hacen bajo bandera española; pero hay 11 bajo pabellón de Seychelles, uno con bandera de Mauricio y otro más con pabellón de Antillas Holandesas. No es un problema nacionalista, es un problema fiscal.

Proteger a los atuneros del Índico nos cuesta a los contribuyentes españoles, según la ministra Carme Chacón, 75 millones de euros al año; 5 millones por cada barco que paga impuestos en España. Hay algo de trampa en la cifra: la misión Atalanta también incluye otros objetivos secundarios, además de la protección de los pesqueros, como el reparto de ayuda humanitaria. Pero incluso descontando esa parte, sale casi más barato pagar una pensión vitalicia a cada marinero que defender con dinero público estos negocios privados, con beneficios privados; unas empresas que tienen en la Armada la excusa ideal para poner en riesgo la vida de sus trabajadores sin asumir su responsabilidad.

El Alakrana fue secuestrado a 800 millas del área de seguridad un día después de que Defensa avisase al pesquero de que el avión militar que patrulla el Índico había avistado piratas en esa zona. Según fuentes del sector, la flota atunera española del Índico capturará este año unas 90.000 toneladas de a

Joaquim Sempere (Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona)

PUBLICO

En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radiactivos.

El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.

Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales.

En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendían a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.

Un reportaje de Al Jazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenom

El Alcalde de Almuñécar ha acordado hacer una burda ejecución de la Sentencia Nº 235/06 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Granada, confirmada por Sentencia Núm. 481 de 2008 del TSJ de Andalucía.

En dicha sentencia se acuerda ‘Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Manuel Fernández Ledesma' y ‘Anular la resolución del ayuntamiento de Almuñécar de 2 de Junio de 2005, por ser contraria a Derecho.' La resolución de la que se habla es el cese caprichoso de este empleado como sub-inspector de la policía local.

Para no ejecutar la sentencia, el equipo de gobierno argumenta que esa plaza ya no existe y que no hay presupuesto, por lo que no lo reintegran a su puesto de sub-inspector, dándole una limosna de 5.892,43 euros en base a los complementos no cobrados en los meses transcurridos desde que este hombre ganó el juicio.

Los argumentos son absolutamente torpes y serían irrisorios, si no fuera por la gravedad que tiene esta serie infinita de burlas a la ley. La plaza no existe porque la han suprimido y su obligación es volverla a crear. Igual que han creado una plaza nueva de notificador y dos de inspectores para que pueda funcionar la recaudación, pueden y deben crear la plaza para este hombre que la ha ganado en los tribunales.  Y si no hay presupuesto para esa plaza, se saca del presupuesto genérico de personal o se modifica el presupuesto, que es lo procedente y lo que el alcalde hace continuamente para dar cobertura a sus caprichos.

El argumento utilizado por el equipo de gobierno es inadmisible, si tenemos en cuenta que cuando el señor alcalde convocó el inútil referéndum del PGOU, el presupuesto para actos de este tipo era de 6.000 euros, lo que no le impidió gastarse, según sus propios datos, 79.659,69€.

La actuación de la Junta de Gobierno en este asunto no puede ser calificada más que como  burla al Tribunal Superior de Justicia de Andalu

Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid recaudará fondos de sus asambleas y grupos institucionales para apoyar al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, que ha sido condenado a pagar una multa de 3.600 euros por "oponerse -según una nota de esta organización- a las prácticas caciquiles" de Francisco Hernando.

Esta semana el juez de lo penal número 1 de Toledo, Eduardo Luis González del Campillo, ha condenado a Fuentes y a los cuatro concejales de IU en la anterior Corporación por un delito de calumnias por su condición de editores del boletín de IU en el que se publicó el artículo 'El Mago del ladrillo'.

La sentencia fija una multa de 3.600 euros a cada uno y una indemnización conjunta de 15.000 euros en concepto de responsabilidad solidaria de esta organización.

En la Comunidad de Madrid, la Presidencia de IU ha aprobado una resolución para trasladar al alcalde, a los cuatro concejales condenados y al grupo municipal su "más completa solidaridad" tanto personal como política, así como su apoyo a todas las iniciativas que se tomen, incluidas las judiciales, en relación a la actuación del conocido como 'El Pocero'.

La resolución se difundirá en todas las asambleas para recabar el máximo apoyo para Manuel Fuentes, tanto dentro como fuera de IU porque "estamos seguros", concluye el escrito, "de que esta iniciativa representa el sentir más generalizado de toda nuestra militancia".

Izquierda Unida ha pedido hoy a la Consejería de Empleo que "mire con lupa" el proceso de cierre del periódico 'La Opinión de Granada', que hoy ha publicado su último número, para garantizar los derechos de los 45 trabajadores afectados.

Tanto la formación de izquierdas como el Sindicato de Periodistas de Andalucía o la Asociación de Periodistas de la Costa y Alpujarras han mostrado hoy su solidaridad con la plantilla, que se concentrará a las 17.00 horas a las puertas del diario, del grupo editorial Prensa Ibérica, en protesta por su cierre tras seis años de andadura.

El coordinador provincial de IU , Manuel Morales, ha calificado de "injustificada" la decisión empresarial del cierre, ya que Prensa Ibérica ha obtenido "abultados beneficios", y ha dicho que supone "un retroceso en la pluralidad informativa de Granada y una pésima noticia para la vida publica y cultural de la provincia".

"Este cierre supone un fracaso colectivo de la sociedad granadina, pero también de sus instituciones democráticas que han optado por no apoyar a un medio con marcado carácter independiente", ha manifestado a través de un comunicado.

La coordinadora local de IU, Maite Molina, ha denunciado el "auténtico atropello" cometido hacia los trabajadores, a quienes "se ha puesto en la calle sin opción al dialogo y la búsqueda de posibles soluciones".

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Andalucía ha condenado que se aleguen razones económicas para cerrar el rotativo cuando el grupo empresarial "obtiene beneficios", y ha lamentado la pérdida de puestos de trabajo y la "merma del derecho de la sociedad andaluza a estar bien informada".

Para esta organización, Prensa Ibérica debería haber estudiado otras medidas "menos drásticas" y cree que es "un sarcasmo" que se mande al paro a estos profesionales precisamente el día en que los sindicatos de periodistas se movilizaron en toda Europa en contra de la precariedad laboral y profesional.

Además, la Asociaci&oac

Dos ex alcaldes de Monachil se sentarán hoy en el banquillo por una presunta prevaricación relacionada con la construcción de un edificio en Sierra Nevada, en una causa en la que también están imputados un ex concejal de Urbanismo del municipio y el arquitecto municipal.

El juicio, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, ya sufrió un aplazamiento el pasado 9 de octubre debido a la incomparecencia de dos letrados y a la ausencia de uno de los cuatro acusados -el ex concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez (PP)-, que alegó una cardiopatía.

Los ex alcaldes acusados son Francisco Lara (PSOE), que se enfrenta a una petición del fiscal de 10 años de inhabilitación, y Antonio Trinidad (PP), para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel, otros diez de inhabilitación y multa de 57.600 euros.

Los otros dos imputados se enfrentan a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, 20 de inhabilitación y la misma multa.

El origen del asunto está en el cambio de uso, de equipamiento sociocultural a residencial, y el aumento de edificabilidad de una parcela en la que se ha construido un bloque de 82 apartamentos.

Esa modificación se hizo mediante un estudio de detalle, lo que para los denunciantes -la comunidad de propietarios de un edificio colindante- vulnera la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que impide cambiar el uso e incrementar la edificabilidad mediante esa figura.

A ella se le desbocó el corazón cuando aquel policía de paisano le pidió la documentación en La Laguna. Era de noche y sintió terror sin ser culpable de nada; sólo de existir, sobrevivir en un país europeo en el que su origen es reconocible.

Ella estaba sacando dinero en un cajero; él receló de sus peligrosos ojos achinados, de su amenazante cara del altiplano y de su temible color oscuro; sus rasgos harían innecesario coser en su ropa una identificación que la señalara como extranjera, similar –pero mejor diseñada- a las que llevaban judíos u homosexuales en la Europa nazi.

Ella vive desde hace diez años en España, pero siempre será sospechosa y presunta delincuente; por extraviarse y residir en el país equivocado, por aspirar a una existencia digna, por enviar dinero a sus hijos, por ir a un hospital si se enferma.

Ésta es la cotidianidad de una costurera, de una joven ecuatoriana de ojos melancólicos a la que en pocos meses la policía le ha requerido varias veces a que enseñe los papeles; no vaya a ser que se crea libre y pierda el miedo, no vaya a ser que esté respirando un aire que no es el suyo, pisando un suelo que no le pertenece, mirando un paisaje urbano ajeno; no vaya a ser que esté disfrutando de unos derechos y libertades a los que no tiene derecho.

A raíz de la sentencia con la que ayer la Audiencia de Toledo condenó al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, junto con otros cuatro concejales de Izquieda Unida, a pagar 3.600 euros por un delito de injurias a Francisco Hernando, "El Pocero", el Coordinador de IU de Castilla La Mancha, Daniel Martínez, expresó que IU recurrirá la sentencia y seguirá firmemente en su lucha contra la corrupción.

El acuerdo contiene 20 medidas que van desde el aumento de las penas y del periodo de inhabilitación para cargos públicos corruptos, hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y la aplicación de formas de control democrático a las contrataciones públicas.

IU considera que la corrupción está intimamente ligada al modelo productivo dominante en España y pone en grave peligro la democracia, alentando el populismo y la 'berlusconización' de la política.

IU propone que el acuerdo se concrete en sede parlamentaria, después de un Pleno Extraordinario. IU también lo extenderá a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Las medidas principales que IU propone como contenidos del Acuerdo son:

1. Mejora en la eficacia de la persecución de los delitos relacionados con la corrupción

1.- Endurecimiento de las penas en el Código Penal

2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

3.- Limitación de regalos e invitaciones de los empleados públicos

4.- Dotación de medios a las Fiscalías Anticorrupción y de los Tribunales Superiores de las CCAA y a la Agencia Tributaria. Investigación de los patrimonios que no se correspondan con los ingresos declarados.

5.- Procedimiento de urgencia en las diligencias judiciales relacionadas con la corrupción política.

6.- Responsabilidad subsidiaria para las Instituciones Financieras que colaboren en ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales de los condenados en delitos vinculados a la corrupción.　

7.- Establecimiento de Comisiones de Control y Seguimiento de la contratación y las externalizaciones en Departamentos Ministeriales, Consejerías, Organismos y Ayuntamientos con participación de representantes de los trabajadores y, en su caso, de

Ayer la Audiencia de Toledo sentenció a cinco concejales de IU, entre los que se encuentra el Alcalde de Seseña, Manuel Fuentes a pagar 3.600 euros a Francisco Hernández, "El Pocero", por un delito de injurias. El alcalde dijo que están "completamente sorprendidos de forma desagradable porque no estamos nada de acuerdo por las tipificaciones del delito".

El alcalde continúa explicando la inexistencia de vínculos que hagan sospechar que los concejales hayan tenido que ver en la confección de ese artículo, "ya que uno de los párrafos del artículo al que se ha ceñido el juez para condenarnos en ningún caso es imputable a los cinco concejales de Izquierda Unida entre los cuales yo me encuentro debido a que durante el juicio se demostró a través de un periódico local que ese artículo había sido remitido a ese mismo periódico local por la asamblea de Izquierda Unida, por lo que queda descartado que los concejales de IU tuvimos intervención en la redacción de ese artículo".

Manuel Fuentes denuncia que en la sentencia, la audiencia no ha tenido en cuenta "la intervención del abogado de la defensa, ni se hace mención al artículo aparecido en el Amanecer de Seseña, simplemente se tuvo en cuenta para la condena que fue la asamblea de Izquierda Unida quien había remitido ese artículo". La condena parece ser más bien por la difusión que se le dió al articulo que por quien lo escribió.

El alcalde de Seseña tiene claro que el objetivo de todo esto es "eliminar a Izquierda Unida del gobierno municipal de Seseña e intentar meterme en la cárcel", cumpliendo las amenazas que según el propio Manuel Fuentes "me hizo hace tres años".

Manuel Fuentes dice sobre su gestión al cargo del ayuntamiento que han podido hacerse mejor algunas cosas, "eso le ocurre a todas la personas en cualquier actividad que desarrollemos en nuestra vida", per

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Granada ha dictado el pasado mes de Septiembre 4 Sentencias por las que anulan los  Convenios de Gestión de LADERAS DE COTOBRO, CERRO GORDO (ALBOSCASA), MIRADOR BAHÍA DE LA HERRADURA Y RÍO SECO, firmados entre Benavides y los promotores de dichos sectores, por los que el Ayuntamiento cobró más de 300.000 euros.

Según las sentencias “los convenios de gestión impugnados carecen de cobertura con el actual PGOU, tratando de gestionar o ejecutar un planeamiento no aprobado; los convenios de gestión solo pueden suscribirse sobre terrenos que estén incluidos en un planeamiento previamente aprobado”.

El Tribunal rechaza que sean convenios de planeamiento, ya que, si así fuera “los acuerdos económicos actuales y de inmediata efectividad y no futuros o meramente preparatorios serían contrarios al espíritu y finalidad del art. 95, 30 y 57 de la LOUA.”

Finalmente, el Tribunal dice que si fueran convenios de planeamientos, deberían estar aprobado por el Pleno y no por el Alcalde.

Estos convenios firmados por Benavides son perjudiciales para el municipio ya que se está poniendo precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá, si se aprueba cada uno de esos planes en el PGOU, dentro de 8 ó 10 años cuando es de suponer que el precio de esos terrenos valdrá más.

Pero es que, además, si el PGOU que se apruebe definitivamente no contempla esos planes parciales, los promotores que han adelantado esas cantidades querrán recuperarlas.

Estas denuncias las presentó en su día el Partido Popular y casi todas las está perdiendo el ayuntamiento. Las pocas que ha ganado han sido en el Juzgado número 3 con el argumento de que el PP no tiene legitimación para interponerlas, porque no es propietario de suelo en los convenios.

Por fortuna, y por respeto a la letra y al espíritu de la ley, este argumento está siendo rechazado por los demás Juzgados,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, consideró que la presencia obligatoria de crucifijos en las aulas constituye "una violación" de los derechos de los padres a la educación de sus hijos.

El alto tribunal de derechos humanos, que no es una institución de la UE, considera que la presencia de ese símbolo de la religión católica es una violación de la libertad de credo de los alumnos, según reza la sentencia. La presencia de crucifijos supone "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones", afirma la sentencia. El texto agrega que la presencia de ese símbolo religioso supone "una violación de la libertad de religión de los alumnos".

El caso se inició en 2002 cuando la ciudadana italiana nacida en Finlandia Soile Lautsi presentó una demanda ante los jueces de Estrasburgo al considerar que la escuela pública donde estudiaban sus dos hijos, de 11 y 13 años, en Abano Terme, el norte de Italia, violaba sus derechos como madre, al imponer a sus hijos una determinada presencia religiosa.

La corte de Estrasburgo -establecida en 1950 en el marco de la Convención Europea de los Derechos Humanos- dictaminó contra la escuela en cuestión por no considerar la libertad de padres y alumnos en este tema. Las autoridades de ese centro escolar se habían negado a quitar el crucifijo a pesar de un dictamen en contra de la Corte Suprema de Italia, de 2000, en el que se afirmaba que la presencia del crucifijo "viola el principio de Italia como Estado laico".

El acto se celebrará en el salon de actos de CCOO Madrid en la calle Lope de Vega a partir de las 19:00 horas.

Desde la organización del acto comentan que con este acto pretende que personalidades provinientes de todas las izquierdas den su apoyo a un proceso de refundación no ya de IU, sino de la "la izquierda" en su totatilidad.

La idea del acto será, según han informado a esta web, mostrar ese apoyo a la refundación y por tanto los oradores serán mayoritariamente gente no afiliada a IU o gente que no son de la primera línea de dirección de la federación de izquierdas.

Desde la federación de izquierdas han elaborado un manifiesto de apoyo a la refundación que será presentado en el acto.

Las federaciones de IU ya han comenzado sus propios procesos de refundación, como la valenciana que han comenzadado su "Conviocatoria Ciudadana" con la presentación de un manifiesto apoyado por más de 200 personas y que pretenden aglutinar desde la base a toda la gente de izquierdas no organizada.

IU de Andalucía también tienen unas fuertes intenciones de comenzar el proceso de refundación. En la federaciónd e Andalucía la apuesta es realizar la refundación en base a la luchacontra la crisis económica y financiera. Después de una gran movilización, este próximo 29 de noviembre realizarán una gran movilización a las 12:00 en Sevilla que terminará en el Pabellón de Deportes San Pablo con un miting en el que participará entre otros Cayo Lara y Diego Valderas.

La Opinión. ROCÍO S. NOGUERAS

La actual situación económica obliga al ciudadano a hacer un auténtico ejercicio de cálculo para cuadrar las cuentas a final de mes. A los gastos mensuales de hipoteca o alquiler, agua, luz, comunidad, alimentación y gasolina, se añaden otros recibos con carácter anual o semestral que convierten la economía doméstica en un verdadero caos. Un ciudadano que tenga una vivienda en propiedad y esté pagando un vehículo deberá afrontar los gastos de la hipoteca y el coche cada mes, así como de los seguros de automóvil y hogar, la tasa de circulación y el impuesto de bienes inmuebles cada año. Si además cuenta con algún seguro de vida o un plan de pensiones (a los que muchas entidades financieras obligan a acogerse para conceder el préstamo hipotecario), las cifras se disparan.

Pero los impuestos no son iguales en todos los municipios. En el caso del la Contribución (IBI), que grava la propiedad de los bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos, y se devenga con carácter anual, las cifras varían considerablemente de un municipio a otro. La cuota tributaria se calcula a partir de una base imponible que parte del valor catastral del inmueble y un tipo de gravamen que viene establecido por cada ayuntamiento.

En Granada, los tipos impositivos más altos se dan en Almuñécar (con un diferencial del 1 para bienes de naturaleza urbana y del 0,75 para los de carácter rústico) y en Santa Fe (con un gravamen del 0,74 y el 0,9). En la misma línea se encuentra Atarfe (con un 0,73 y un 0,75 para inmuebles urbanos y rústicos, respectivamente) y Huéscar (con un 0,7 y un 0,65). En el otro lado de la balanza se sitúan Jun y Dílar, ambos con los tipos impositivos mínimos (0,4 para urbano y 0,3 para rústico), así como Alhendín, Cájar, Gójar, Ogíjares, Monachil, Pulianas o Cúllar Vega, cuyos valores oscilan entre el 0,4 y el 0,65.