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Almuñécar contra la corrupción

Sobre datos y proporcionalidades

Sobre datos y proporcionalidades
Salvador López Arnal
En un artículo publicado en www.rebelion.org el 19 de marzo –“Elecciones 2008. La IX Legislatura”- Ángel B. Gómez Puerto señalaba: La más grave desproporción e injusticia electoral se produce según la fuerza política a la que votes. Los ciudadanos españoles que han votado durante la democracia al PCE (los que más lucharon por la vuelta de la democracia) o a IU, han sido gravemente discriminados por este sistema. Sus escaños han sido los que más votos ha costado obtenerlos. Así, en las recientes elecciones del 9 de marzo, IU obtuvo 963.040 votos y 2 escaños (481.520 votos cada diputado). En cambio, CiU con 774.317 votos obtuvo 10 diputados (77.431 votos cada escaño). Y el PNV, con la tercera parte de los votos de IU, en cambio obtuvo el triple de escaños.

De la consideración anterior, sobre cuya primera cláusula nada hay que objetar, extraía Gómez Puerto las siguientes conclusiones:

1. La situación ha provocado en el pasado que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE hayan dependido de fuerzas políticas nacionalistas.

2. En la nueva legislatura, tanto CiU con 10 escaños como el PNV con 6 diputados se convierten en decisivos para la gobernabilidad de España.

3. Que estas fuerzas nacionalistas están en su derecho de determinar acciones del gobierno de España, pero sin duda lo harán desde la perspectiva de un territorio concreto y no de la globalidad del conjunto de España, con resultados poco alentadores.

Desearía puntualizar estas afirmaciones por una parte y, por otra, señalar algunas consideraciones sobre votos y representación institucional.

1. Ni el PP ni el PSOE ha dependido en el pasado de fuerzas políticas nacionalistas (Habría que añadir, dicho sea entre paréntesis, “periféricas”, puesto que es obvio o debería serlo que el PP e importantes sectores del PSOE son fuerzas políticas no solo nacionales sino nacionalistas españolas, autorreconocidas como tales en ocasiones donde conviene sacar pecho patriótico). EL PSOE y el PP han tenido, como es sabido, cuatro o cinco mayorías absolutas. Cuando no las alcanzaron, hubieran podido generar alianzas distintas de las que construyeron. Desde gobiernos bipartidistas al alimón, por poner un ejemplo nada deseable pero que a veces se ha citado por fuentes próximas a esas mismas fuerzas, hasta gobiernos de coalición de izquierdas PSOE-IU por poner otro ejemplo, hipótesis de la que la dirección del PSOE ha huido con la máxima aceleración concebible para, entre otras razones y cuando se ha tratado del gobierno del reino de España, no ahuyentar a sus votantes de centro.

2. En la nueva legislatura ni CiU ni el PNV son fuerzas decisivas. Son opciones, posibilidades únicamente. Teóricamente serían posible acuerdos puntuales con fuerzas diversas por parte del gobierno PSOE o bien, si se quiere, un acuerdo de legislatura estable con ERC, BNG, ICV y IU, que sumados alcanzan los 176 diputados. El PSOE elegirá, según parece, sin estar obligado a ello desde luego, como socios estables al PNV y BNG, pensando en el futuro político del País Vasco y en la situación actual de Galicia.

3. Supongamos, aunque no admitamos, que esas dos fuerzas nacionalistas y conservadoras citadas -CiU y PNV-, sobre las cuales como es obvio yo no tengo ninguna simpatía, construyan su acción de gobierno desde la perspectiva de un territorio concreto y no de la globalidad del territorio español. ¿Ello significa que deban ser contraproducentes para una acción de gobierno más global? No necesariamente. Es pensable que esas organizaciones nacionalistas entiendan que mejorar la situación de Cataluña y Euzkadi –suponiendo que estas afirmaciones, dichas así, tengan algún sentido razonable- debe ir en paralelo a la mejora de la situación de la ciudadanía española en general, aunque solo sea por interés propio, sin mirada atenta al interés colectivo o al interés de la ciudadanía desfavorecida, pongamos por caso, de Huesca, Almería o Ciudad Real.

Por lo demás, si alguien está realmente interesado en la proporcionalidad entre votos y escaños, dejando aparte el escándalo del senado, pensando y diseñado como control de la derecha sobre un congreso que pudiera estar demasiado escorado hacia la izquierda, dejando aparte datos como la abstención, los votos en blanco y los votos nulos, y sin entrar en las fuerzas políticas que no han conseguido representación parlamentaria cuyos resultados merecerían comentario aparte con conclusiones de interés en algunos casos, debería tener en cuenta la siguiente situación:

1. PSOE: 11.064.524 votos, 43,64%; 169 diputados, 48,28% de escaños (4,64 puntos de diferencia).

2. PP: 10.169.973,40,11%; 154 diputados, 44% de escaños (3,89 puntos de diferencia)

3. CiU: 774.317, 3,05%; 10 diputados, 2,85% de escaños

4. EAJ-PNV: 303.246, 1,2%; 6 diputados, 1,71% de escaños (0,51 puntos de diferencia)

5. ERC: 296.473,1,17%; 3 diputados, 0,85% de escaños

6. IU-ICV: 963.040 votos, 3,8%; 2 diputados, 0,57% de escaños

7. B.N.G: 209.042, 0,82%; 2 diputados, 0, 57% de escaños

8. CC-PNC: 164.255 0,65%; 2 diputados, 0,57% de escaños.

9. UpyD: 303.535 de votos, 1,2%; 1 diputado, 0,29% de escaños

10. NA-BAI NAFARROA BAI: 62.073 votos, 0,24%; 1 diputado, 0,29% de escaños.

No ignoro el problema de la proporcionalidad de las fuerzas políticas minoritarias o el caso de organizaciones que intervienen exclusivamente en territorios o comunidades poco pobladas proporcionalmente, pero, como mínimo en esta ocasión, ni CiU, ni ERC, ni BNG tienen una representación institucional mayor que el número de votos conseguidos. Las fuerzas que obtienen mayor representación respecto a sus votos son, como puede verse, PP, PSOE y PNV.

El caso de IU-ICV es un escándalo democrático, se mire como se quiera mirar, pero las razones son conocidas y remiten a la transición política hacia la democracia demediada y controlada, con leyes de punto final anexas: el diseño electoral fue pensando precisamente para conseguir esa finalidad, para que fuera mucho más difícil obtener un escaño de izquierda transformadora que un diputado de fuerzas menos resistentes o de organizaciones administradoras complacidas del sistema.

Por ello, pensar en una reforma de la ley electoral que debe contar necesariamente con las dos fuerzas más beneficiadas es, hoy por hoy, absurdo, un deseo angelical, un cuento mal explicado, y exige, desde mi punto de vista, si se quiere ahondar en este fleco, cosa que creo debería hacerse como tarea que no había que olvidar dos meses más tarde, trabajar políticamente la intervención ciudadana sensible o potencialmente sensible en este ámbito. Sólo ese clamor, si se consiguiera, podrá elevar a categoría de escándalo político permanente lo que, hoy por hoy, en un mero escándalo electoral del que suele hablarse poco y cada dos o tres años, cerrando página 19 días y 50 noches más tarde.

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