En plena alianza con la extrema derecha, la jerarquía católica dice que en España no hay libertad religiosa

Juan Torres

El cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, ha vuelto a realizar manifestaciones completamente estrambóticas y reaccionarias, a las que se suma el jefe de la jerarquía eclesiástica, el cardenal Rouco Varela. En la fiesta del Corpus Christi ha declarado que en España “no hay libertad religiosa” y una vez más se ha vuelto a quedar tan tranquilo.

Estos poderosos mitrados olvidan que su Iglesia goza desde hace decenios (gracias a su connivencia con un régimen que anuló las libertades y que asesinó y encarceló a cientos de miles de ciudadanos) de privilegios financieros e institucionales que son radicalmente impropios de cualquier estado democrático.

Aquí, en contra del más mínimo respecto a los ciudadanos que no tienen creencias religiosas, los ministros toman posesión de sus cargos delante de un crucifijo y de los Presupuestos Generales del Estado se destinan más de 5.000 millones de euros anuales a financiar a la Iglesia Católica:

- 170 millones de euros en aplicación de la opción de los contribuyentes al hacer la declaración de la renta.

- 517 millones de euros para pagar los sueldos de los más de 15.000 profesores de religión en la enseñanza pública.

- 3.200 millones de euros para la financiación de la enseñanza concertada religiosa.

- 800 millones de euros en concepto de cesiones de terrenos, exenciones y bonificaciones fiscales.

- 200 millones de euros para mantenimiento del patrimonio inmobiliario eclesiástico.

- 30 millones de euros para sueldos de capellanes en el ejército, hospitales y prisiones.

De modo vergonzoso, y paralelamente a esta financiación privilegiada, trece organizaciones religiosas participaron en actividades financieras ilegales destapadas en el llamado “caso Gescartera” y la jerarquía controla la empresa SICAV para invertir en acciones de empresas como Pfizer, que fabrica anticonceptivos de los que luego impide utilizar a sus fieles, en fabricantes de licores o en las que explotan o en otras que han explotado a mujeres y niños o el medio ambiente como Inditex o Endesa.

Y por si todo eso es poco, los jerarcas de la Iglesia católica española financian con el dinero de todos los ciudadanos una cadena de radio en la que insultan a los gobernantes que no sean de extrema derecha (como incluso ahora está pasando con Mariano Rajoy), se difunden mensajes racistas y xenófobos, se lanzan proclamas ultraderechistas y se crea un clima de maniqueísmo totalitario que no hace sino dividir a la población y crear odio y enfrentamiento.

Dirigentes católicos como Calizañes y Rouco son los responsables de todo esto, creo yo que en contra de millones de fieles católicos que viven sus creencias al margen de esta deriva hacia la extrema derecha de sus jerarcas pero que desgraciadamente permanecen demasiado callados.

Yo no creo que tengamos que permanecer en silencio. No podemos hacerlo. Es preciso levantar la voz y exigir a la jerarquía católica respeto a los valores constitucionales y sometimiento estricto a los principios de la democracia, siquiera sean tan débil como la nuestra. Ni Cañizares, ni Rouco y compañía son más que los demás, ni los demás debemos estar dispuestos a aceptar que ellos actúen y disfruten de privilegios como si fueran portadores de derechos vedados al común de los ciudadanos. Ya está bien. Están en su derecho de organizarse y actuar en las filas de la extrema derecha más radical pero deberán entonces someterse a la misma prueba de representatividad que otros políticos y partidos. El Estado democrático debería ser rotundo y decirle muy claramente a estos dirigentes de la extrema derecha que hasta aquí hemos llegado.