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IU registra una iniciativa que denomina "El 1% Forestal" para dedicar ese porcentaje de la inversión anual en infraestructuras de transporte y comunicación a la mejora de bosques y prevención de incendios.

IU registra una iniciativa que denomina "El 1% Forestal" para dedicar ese porcentaje de la inversión anual en infraestructuras de transporte y comunicación a la mejora de bosques y prevención de incendios.

El responsable federal de Sostenibilidad, Energía y Transporte, Adolfo Barrena, explica que esta medida “significa una respuesta efectiva y sostenible en el tiempo para hacer frente a la falta de prevención que desemboca en ‘veranos negros’ como el actual

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso –que ha denominado como ‘el 1% forestal’, en analogía al ya existente ‘1% cultural’- por la que insta al Gobierno a que, en el marco de sus competencias, establezca que “un importe equivalente al 1% de la inversión pública anual en infraestructuras de transporte y comunicación sea destinado a la mejora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bosques y masas forestales públicas del país, de manera territorializada”.

Esta iniciativa ha sido elaborada por la Secretaría de Sostenibilidad, Energía y Transporte de IU Federal cuyo responsable, Adolfo Barrena, considera que “puede servir como respuesta efectiva y sostenible en el tiempo a una situación que en las últimas semanas estamos viendo con toda su crudeza, como es la falta de prevención suficiente en las masas forestales de buena parte del Estado y las carencias de medios económicos para evitar con antelación ‘veranos negros’ con profusión de incendios como el que estamos atravesando”.

Barrena explica que “lo que proponemos es, sencillamente, que un porcentaje de lo que se dedica a la construcción de infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos) se destine a financiar trabajos de limpieza, mantenimiento, mejora y ampliación de nuestra masa forestal”.

“Es un mecanismo análogo –detalla- al que ya funciona para la conservación y mejora de nuestro patrimonio arquitectónico (el llamado ‘1% cultural’). De esta forma, pretendemos que las infraestructuras para el transporte conlleven estos costes ambientales y contribuyan así al mantenimiento, recuperación y mejora de nuestros bosques por los indudables efectos beneficiosos que tienen sobre el medio ambiente y la actividad socioeconómica de las zonas afectadas”.

La iniciativa, que ha sido registrada ya en el Congreso por el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, trata de paliar también, según explica Adolfo Barrena, “las demostradas limitaciones actualmente existentes en la política forestal que desarrollan buena parte de las comunidades autónomas y el Estado, centradas únicamente en financiar las actuaciones de prevención y de extinción de incendios, con especial hincapié en éstas últimas”.

El responsable de Sostenibilidad, Energía y Transporte de IU reclama un cambio de mentalidad en las administraciones competentes para abordar este grave problema. Afirma que “hasta ahora existe una limitación de los esfuerzos en materia forestal porque una tarea tan ingente como es la limpieza y mantenimiento de los bosques y masas forestales se financia exclusivamente por la vía de la subvención. No hay administración que pueda resistirse a recortar precisamente de ahí sus presupuestos, mucho más que los efectos del dinero dedicado a ello se ve a largo plazo y muy lejos de cualquier horizonte electoral”.

Barrena pone un ejemplo de lo que puede suponer esta medida planteada por IU recordando que “el PEIT contempla una inversión de casi 250.000 millones de euros en 20 años; con un porcentaje del 1% estaríamos hablando de 2.500 millones de euros, es decir, una media de 125 millones de euros anuales, casi 21.000 millones de las antiguas pesetas”.

“Hablamos de cantidades que pueden tener ya un efecto significativo sobre la calidad de nuestros montes, y eso quiere decir sobre la calidad de vida, sobre el equilibrio territorial del Estado y, especialmente, sobre nuestras zonas rurales. Además, supone una apuesta clara por la creación de empleo en el medio rural y contribuye a generar dinamismo económico sobre lugares que tienen en su territorio y en sus recursos naturales una clara alternativa de salida a la crisis económica que vive nuestro país”.

 

A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO COMPLETO DE LA INICATIVA DE LA INICIATIVA

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY, sobre el 1% Forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques, para su debate en el Pleno.

Los incendios forestales constituyen una de las mayores lacras de los países mediterráneos, con graves consecuencias ambientales, económicas y sociales. Representa además la culminación de un proceso de abandono y degradación del medio rural, una nefasta ordenación del territorio y, sobre todo un doble proceso: una pérdida de los valores económicos del bosque que justificaban antaño su mantenimiento, y una inadecuada percepción de los efectos positivos del bosque sobre nuestra calidad de vida.

Efectivamente, el bosque y las masas forestales juegan un papel esencial a la hora de fijar carbono y por tanto reducir el efecto invernadero, pero también juegan un papel esencial a la hora de controlar la erosión, de prevenir inundaciones y de favorecer la recarga de acuíferos contribuyendo así a una mejor gestión del ciclo del agua. Todo ello sin contar otros efectos positivos, que pueden calcularse monetariamente, pero que no repercuten en el bosque, como es la construcción de una imagen atractiva que es objeto de explotación turística sostenible.

En líneas generales, sin embargo, vemos cómo la política forestal de todas las comunidades autónomas y del Estado se basa en financiar las actuaciones de prevención y de extinción de incendios, con especial hincapié en éstas últimas, y siempre con unos resultados muy limitados. Las consecuencias de esa limitación pueden percibirse todos los veranos, adquiriendo tintes dramáticos en los años en los que la sequía ha sido un factor de gravedad añadido, tal y como sucedió en años anteriores. También, en años como este, en los que ha habido un régimen de lluvias más normalizado, el aumento de hierba y maleza es un factor decisivo para completar un año catastrófico y también trágico.

Se puede comprender la limitación de los esfuerzos en materia forestal, por varios motivos: la tarea es tal, tan ingente, que la limpieza y mantenimiento de los bosques y masas forestales puede convertirse en un “pozo sin fondo” si debe ser financiado exclusivamente por la vía de la subvención. Porque lo que se está haciendo ahora es ignorar los efectos positivos del bosque para que le sean devueltos por la vía de la fiscalidad ecológica, y en esos términos, siendo realistas, la única vía que queda es la subvención y no hay Administración que pueda resistir el esfuerzo que supondría una verdadera política de mantenimiento y mejora de nuestras masas forestales, ni gestor político que esté dispuesto a invertir enormes sumas de dinero cuyo efecto es además a largo plazo y muy lejos de cualquier horizonte electoral.

Se impone, pues, una revisión profunda de los mecanismos fiscales, para empezar a devolver al bosque lo que es suyo, para empezar a pagarle los favores que nos hace. Y para ello, además de los posibles recursos obtenidos por la vía de la fiscalidad ecológica, hay un primer mecanismo desarrollando una normativa que implante la obligatoriedad de destinar a la limpieza, mantenimiento, cuidado y vigilancia lo que hemos dado en llamar “el 1% forestal”.

Todos sabemos que el transporte es uno de los principales causantes del efecto invernadero, muy especialmente el transporte por carretera, que no deja de crecer y que no va a dejar de hacerlo en los próximos años. Sin embargo, no se han establecido de momento medidas que permitan controlarlo de manera análoga a como ha hecho el protocolo de Kyoto con una serie de actividades industriales. Por otra parte, la construcción de infraestructuras de transporte, además de un coste elevado para las arcas públicas, implica graves heridas para el territorio, con importantes efectos de erosión, destrucción de paisajes, movimientos de tierras, compartimentación de ecosistemas (efecto barrera), etc… Hoy por hoy, nuestro sistema de transporte no paga por ninguno de estos dos enormes y negativos efectos globales.

Lo que proponemos es, sencillamente, que un porcentaje de lo que se dedica a la construcción de infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos) se destine a financiar trabajos de limpieza, mantenimiento, mejora y ampliación de nuestra masa forestal. Es un mecanismo análogo al que ya funciona para la conservación y mejora de nuestro patrimonio arquitectónico (el llamado “1% cultural”), y por eso hemos establecido ese porcentaje. De esta forma, pretendemos que las infraestructuras para el transporte internalicen estos costes ambientales (evitando así las “externalidades negativas”) y que contribuyan al mantenimiento, recuperación y mejora de bosques y masas forestales por los indudables efectos beneficiosos que tienen sobre el medio ambiente y la actividad socioeconómico de la zona.

A título de ejemplo, el PEIT contempla una inversión de casi 250.000 millones de euros en 20 años; con un porcentaje del 1% estaríamos hablando de 2.500 millones de euros, es decir, una media de 125 millones de euros anuales (casi 21.000 millones de las antiguas pesetas, al año). Es decir, hablamos de cantidades que pueden tener ya un efecto significativo sobre la calidad de nuestros montes, y eso quiere decir sobre la calidad de vida, sobre el equilibrio territorial del Estado, y especialmente sobre nuestras zonas rurales.

Es evidente, también, que esta propuesta supone una apuesta clara por la creación de empleo en el medio rural y contribuye a generar dinamismo económico sobre lugares que tienen en su territorio y en sus recursos endógenos una clara alternativa de salida en positivo de la crisis económica que vive nuestro país.

Nuestra propuesta, por otra parte, es claramente complementaria y adicional, y en ningún caso sustitutiva de los limitados fondos públicos dedicados en este momento a la gestión forestal, ni tampoco sustitutiva de otras vías de fiscalidad ecológica que deben ser igualmente analizadas y puestas en práctica, así como otras fórmulas de potenciación económica de los recursos del bosque.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a establecer que un importe equivalente al 1 % de la inversión pública anual en infraestructuras de transporte y comunicación sea destinado a la mejora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bosques y masas forestales públicas del país, de manera territorializada”.

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, a 30 de julio de 2009

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