Piden 10 años de inhabilitación para Benavides por el caso del camping

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El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, se enfrenta a un nuevo procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación por promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del Centro de Educación Ambiental 'Karanda S.L'. y el camping Carambolo, de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero, toma de decisiones por la que la acusación particular, que ejerce el propio concejal, le solicita diez años de inhabilitación.

Asimismo, Tejero solicita la misma pena para el ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almuñécar, Emilio González Pavesio, y, para un administrativo de la entidad local, F.O., pide siete años de inhabilitación, según consta en el escrito de acusación. Asimismo, y porque el camping ha permanecido cerrado desde 2005, el concejal solicita 60.000 euros por cada año de perjuicio y 10.000 euros más en concepto de daño moral, con el Ayuntamiento de Almuñécar como responsable civil subsidiario.

Según informaron fuentes del caso, la Fiscalía, sin embargo, no ha visto relevancia penal en los hechos, que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar sí consideró que eran «motivos suficientes» para atribuir un delito de prevaricación al alcalde. En su auto, que transformaba las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, la juez vio además los mismos indicios de delito en la actuación de González Pavesio, y en la del administrativo de la entidad local, aceptando así la denuncia del edil de la formación de izquierdas que motivó la apertura de la investigación.

Así, de las diligencias practicadas se desprende, según consta en la resolución judicial, facilitada a Europa Press, que las citadas resoluciones se promovieron y ejecutaron «a sabiendas de su injusticia», por lo que puede considerarse «a prima facie» que existen indicios de prevaricación por parte de los imputados, que se sitúan a un paso de la apertura de juicio oral, que aún no tiene fecha.

Al respecto, el edil Fermín Tejero ya señaló el pasado mes de que abril que Benavides «le ha acosado y presionado institucionalmente» desde 2005 por mostrarse contrario al planeamiento urbanístico que proyecta para la ciudad y, concretamente, por negarse a que se otorgara la máxima edificabilidad a los terrenos donde se encuentra el centro 'Karanda S.L.', que son de su propiedad.

Relató entonces que el centro fue objeto de hasta cuatro inspecciones en un sólo día, un procedimiento que además consideró «infrecuente», al ser efectuado por «auxiliares administrativos y no por técnicos cualificados». Estas inspecciones, según explicó, finalizaron con un acuerdo de la Junta de Gobierno Local para del cese de la actividad del centro y el corte de suministros, asunto que Tejero denunció.

Fue en el momento en que Tejero se negó a la destrucción de vegas agrícolas en el municipio y en el que dio a conocer una nota de la CGT criticando el campo de golf de la vega Río Verde cuando, según dijo, comenzó la situación que ha sido llevada ahora a los tribunales. Cuenta Tejero que al día siguiente de mandar esa nota de prensa, se presentaron cuatro inspecciones en el camping. «Eso fue un sábado, el martes ya me habían precintado las instalaciones que llevaban diez años abiertas». «No me podía defender porque no pude ver las actas hasta pasado un mes».

Los motivos por los que cerraron el camping, según Tejero son que a los extintores les faltaba un letrero, por unas cabañas «que tenían licencia de turismo que era la que antes se pedía» y por tres actuaciones de una escuela taller «gestionada por el Ayuntamiento y el Inem».

Un «castigo»

«Todo esto ha sido un castigo. El camping sigue cerrado. Es un acoso descarado, les he dicho por activa y por pasiva que me digan lo que tengo que hacer para que el camping pueda volver a abrirse, que si hay que demolerlo entero que me lo digan, porque siento indefensión y las instalaciones se van deteriorando», explica el concejal de IU.

El edil también puso de manifiesto que durante este largo proceso de casi cuatro años, el expediente se perdió del Ayuntamiento durante mas de un año sin que pudieran consultarlo, lo que constituye, a su juicio, «una clara ilegalidad», ya que los expedientes «no pueden salir del Ayuntamiento y porque los afectados tienen el derecho de conocer todas las incidencias del proceso». «Ante todas estas decisiones del gobierno local, tenemos que defendernos y ante el silencio del Ayuntamiento hemos tenido que iniciar seis contenciosos administrativos, la mayor parte de ellos tramitándose, así como una querella criminal», dice Tejero.