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Attac España reclama al gobierno y a los grupos parlamentarios la nacionalización de las cajas de ahorro

Attac España reclama al gobierno y a los grupos parlamentarios la nacionalización de las cajas de ahorro

Rebelión

Ayer, 24 de junio, Carlos Martínez, Presidente de ATTAC España, Susan George, Presidenta de honor de ATTAC Francia, y Juan Torres López, en representación del Consejo Cientifico de ATTAC España, presentaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa para reclamar del Gobierno y los grupos parlamentarios que den los pasos necesarios para nacionalizar las cajas de ahorros españolas. Una medida que según los promotores es "absolutamente imprescindible para salir de la crisis, no sólo como forma de paliar la falta de financiación procedente de la banca privada y que está llevando al cierre y al paro a miles de empresas y personas, sino para garantizar que a medio y largo plazo la economía española pueda cambiar de modelo productivo y orientarse hacia un tipo de actividad que genere más y mejor empleo, más equidad y equilibrio natural y mayor bienestar social".


Texto de la propuesta

A la vista de la situación en la que permanece la economía española, del efecto nuevamente recesivo que con toda seguridad van a tener las medidas de ajuste impuestas al Gobierno por los poderes financieros, y de la manifiesta incapacidad de la banca privada para garantizar la financiación de la actividad económica ATTAC España, a propuesta de su Comité Científico, ha decidido dirigirse a la totalidad de los grupos parlamentarios españoles para exponerles y reclamar de ellos lo siguiente:

Primero, que la causa principal de la caída de la actividad económica y del empleo y de su prácticamente nula recuperación es la falta de crédito y financiación; que no se puede permanecer más tiempo sin proporcionarla y que ante la evidente incapacidad de la banca privada para proporcionarlos es urgente e imprescindible que el Estado asuma esa función.

Segundo, que el Banco de España debe cumplir sin demora con su labor de supervisión y control poniendo en claro de manera transparente y sin subterfugios contables la situación patrimonial y de solvencia efectiva de la banca privada, obligando a que haga frente a sus responsabilidades y a que se lleven a cabo las operaciones de saneamiento y reestructuración o intervención convenientes sin que en ningún caso se generen costes adicionales para el erario público en beneficio del interés privado.

Tercero, que es imposible que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asuma por sí solo la financiación de la economía española, como se ha pretendido, porque no dispone de capital ni de medios materiales suficientes para ello.

Cuarto, que a pesar de la situación de dificultad en la que puedan estar algunas de ellas como consecuencia de haber copiado indebidamente el modo de funcionamiento y los objetivos de la banca privada, las cajas de ahorros pueden desempeñar perfectamente la función de financiar la actividad económica y mejorar el papel que han venido desempeñando siempre que se proceda a sanearlas convenientemente, que se reajuste su escala, se definan nuevas sinergias y se establezca un nuevo tipo organización y modo de funcionamiento que no las haga esclavas de poderes ajenos al interés público como en gran medida ha venido ocurriendo en los últimos años, cuando prácticamente se han limitado a clonar el modo de actuar de la banca privada.

Quinto, que son completamente inaceptables las propuestas de Fondo Monetario Internacional y de otros organismos tendentes a la progresiva privatización de las cajas por cuanto ello significará renunciar a las únicas entidades financieras que hoy día persiguen fines de interés social y, además, un grave quebranto para el erario público y para todos sus impositores y clientes. Y que tampoco se puede admitir que la reestructuración de las cajas se limite a reducir su cuota de mercado para que los bancos privados aumenten la suya y resuelvan así la descapitalización que han sufrido como consecuencia de sus estrategias irresponsables para aumentar beneficios.

En consecuencia de todo ello, ATTAC ESPAÑA reclama de los grupos parlamentarios que procedan a poner en marcha las iniciativas parlamentarias que sean precisas para que el gobierno que proceda con carácter de urgencia a la NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS .

Sin perjuicio del desarrollo más detallado que de esta propuesta se haga en sede parlamentaria oyendo al conjunto de los intereses sociales y no solo a las voces que representan a los intereses de los grupos financieros más poderosos, ATTAC España propone que esta medida se base en los siguientes principios:

a) Constitución de una Confederación Estatal de Bancos Públicos a partir de las cajas de ahorros actualmente existentes, con carácter de servicio público esencial con la misión de garantizar en todo caso el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica; y de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público.

b) Conferir a esta Confederación bancaria pública el carácter y los principios de funcionamiento e inversión de la Banca Ética. Y particularmente la renuncia al afán de lucro, el mantenimiento de obra y responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres.

c) Esta Confederación Bancaria asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creacion de dinero por esa vía del que goza la banca privada.

d) En todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.

e) El gobierno de esta Confederación de bancos públicos deberá establecerse de modo que se garantice siempre que la imprescindible presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control se dé en todo caso de conformidad con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, garantizando que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.

f) Dicha Confederación se conformará con entidades que en cada autonomía o nacionalidad mantendrán identidad, personalidad propia y autogobierno y que estarán dedicadas específicamente a la financiación de su economía, aunque permanecerán vinculadas para favorecerse de las sinergias de la confederación y comprometidas con las políticas de financiación estatales que se determinaran para cada territorio en su seno.

g) Sin perjuicio de que pudiera llevar a cabo cualquier otra actividad de financiación bancaria, la confederación de bancos públicos así constituida estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.

h) En el desarrollo de estas funciones la banca pública procurará no competir, ni tendrá por qué hacerlo, con la banca privada, toda vez que comporta un tipo de financiación de servicio público dedicada a cubrir precisamente las demandas de crédito que la banca privada está dejando de resolver.

i) Para fortalecer la estructura de esta confederación bancaria pública se dispondrá que se sume a ella (mediante los cambios legales necesarios) la estructura material y de personal del actual servicio de Correos que se encuentra prestando servicios en entidades bancarias privadas.

Para suscribir la campaña: attac.es

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