Análisis a fondo del nuevo Decreto que regula el pago a proveedores de los ayuntamientos

El recientemente aprobado Real Decreto 4/2012 que introduce los Planes de Ajuste Municipales para el pago a los proveedores de las entidades locales establece:

1. La obligación para todos los Ayuntamientos de elaborar una relación certificada de proveedores pendientes de cobro a 1 de enero de 2012. (Plazo 15 de marzo de 2012) Se deberán incluir identidad de los proveedores, fecha de factura, importe pendiente y, en su caso, reclamación existente ante los tribunales. Se excluyen las deudas con otras administraciones públicas.
2. La obligación de ofrecer esta información a los contratistas para qque cualquier proveedor pueda solicitar su inclusión o una certificación individual de los pagos pendientes que le afecten
3. La obligación de actualizar toda esta información cada mes.
4. La obligación, en caso de existir pagos pendientes de elaborar un Plan de Ajuste Municipal (Plazo 31 de marzo de 2012) En el marco de ese plan de ajuste se podrán realizar cuantas modificaciones estructurales se consideren necesarias (incremento de tasas o impuestos, reorganización municipal, cierre de servicios, etc.) Se deberán ajustar los gastos a los ingresos reales de años anteriores, incluida la financiación de la deuda.
5. La adopción de un plan de financiación pendiente de concretar por el Gobierno y que se materializará a lo largo de 2012.
6. El establecimiento de una prioridad en los pagos:
   1. Deudas reducidas en función de descuentos aceptados por los proveedores sobre la factura incial.
   2. Deudas reclamadas ante los tribunales.
   3. Antigüedad de la deuda.
7. Un mecanismo de adelanto en el cobro a través de entidades de crédito, cargando a la entidad local los intereses.
8. Una previsión de fondo de financiación mediante deuda a largo plazo en unas condiciones pendientes de fijar por el Gobierno.
   1. El Estado podrá retener la participación en los ingresos del estado de la entidad local para el pago de esta deuda.
   2. No se podrán realizar inversiones si se producen remanentes de tesorería negativos.
   3. Toda deuda sin reconocer proveniente de anteriores presupuestos se incorpora al presupuesto 2012.

Todo el mecanismo es aplicado directamente por el interventor municipal y sin que al Pleno del Ayuntamiento (ni mucho menos al alcalde) le quepa más que el derecho a ser informado (y aprobar en pleno) la propuesta del interventor municipal.

Se trata de un terremoto en el funcionamiento económico de los Ayuntamientos.

Desde Izquierda Unida, planteamos que la disciplina en los pagos y en la administración municipal era necesaria desde hace tiempo. Sin embargo, estas medidas, que pueden parecer razonables, se convierten en un atentado contra los Ayuntamientos y la ciudadanía por tratar sólo a los Ayuntamientos desde el punto de vista de sus obligaciones, pero no de sus derechos:

1. No atienden a la suficiencia financiera de los Ayuntamientos. No aparece un compromiso del Estado de incrementar la financiación municipal.
2. No da prioridad a la pequeña empresa ni a los autónomos, sino a la capacidad de renunciar a márgenes o de acudir a los tribunales, lo que, en la práctica, se traduce en un trato de favor a la gran empresa.
3. Consagra la doctrina del "Déficit Cero" a nivel local, en un momento en el que el propio Gobierno aspira a que se conceda a España un Déficit mayor del 4,4% y en el que se necesita, más que nunca, la inversión pública para reflotar la economía.
4. Al introducir la intermediación bancaria en los pagos y la financiación, encarecerá el coste de los pagos con los costes financieros, genera un negocio redondo para la gran banca y asfixia aún más a los ayuntamientos.
5. Se obliga a los ayuntamientos a que elaboren un plan de ajuste sin saber qué condiciones tendrá el plan de financiación (no es lo mismo 12 años al 2% que 5 años al 7%). No se puede hacer un plan de ajuste "a ciegas"
6. No incluye un mecanismo sancionador ni de esclarecimiento de las responsabilidades penales o al menos civiles que se deberían exigir a los presponsales políticos de las deudas injustificadas y las malas prácticas contables y administrativas que van a aflorar como resultado de la aplicación del decreto.

Las consecuencias de este decreto de Ajuste Municipal son claras:

1. Enriquecimiento de la banca intermediaria (que acaba de acceder a 100.000.000.000 € del Banco Central Europeo para tener liquidez)
2. Trato de favor a los grandes contratistas.
3. Reducción de servicios a la ciudadanía como consecuencia de la obligación legal de recortar gastos. (autobuses, basura, guarderias, bibliotecas, alumbrado, dependencia...)
4. Privatización de servicios para obtener ingresos rápidos que permitan atender pagos.
5. Subida de impuestos generalizada (IBI, agua, basuras, ocupación de vía pública...)
6. Despidos de personal eventual o laboral, EREs municipales y en servicios concesionados.
7. Un balón de oxígeno (es cierto) para los pequeños empresarios y autónomos que logren cobrar, cuando logren cobrar, y después de haber aceptado una "quita" en la factura para lograr adelantar el cobro.
8. La congelación de la inversión pública, con el consiguiente daño en la economía y la paralización de planes de desarrollo local.

Y todo esto, en la antesala de los presupuestos generales del Estado, que plantearán una magnitud en los recortes que también desconocemos la ciudadanía en general y los alcaldes en particular.