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Cayo Lara critica la ley de emprendedores aprobada por el Gobierno y avisa de que incluye medidas como "poner a la venta el permiso de residencia"

Cayo Lara critica la ley de emprendedores aprobada por el Gobierno y avisa de que incluye medidas como "poner a la venta el permiso de residencia"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, hizo un repaso muy crítico de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el Consejo Político Federal de esta formación celebrado hoy en su sede federal. Entre ellas, se refirió a la nueva ley de emprendedores –una norma que el PP había prometido para sus primeros 100 días de gobierno y que hasta ayer no tuvo el visto bueno del Consejo de Ministros-, de la que dijo que “pone a la venta el permiso de residencia” para que aquellas personas extranjeras con más medios puedan permanecer en nuestro país, lo que demuestra una vez más el “clasismo” con el que los ‘populares’ afrontan sus reformas.

La citada ley de emprendedores, que debe debatirse aún en el Parlamento y está sujeta a enmiendas, plantea que se pueda conceder el permiso de residencia a los ciudadanos extranjeros que gasten más de 500.000 euros en vivienda o dos millones en deuda pública de nuestro país. “Esto, obviamente, no está hecho para la inmensa mayoría de gente que llega aquí a ganarse el pan. El clasismo del Gobierno se vuelve a ver en estos planteamientos”, insistió Lara.

El máximo responsable de IU advirtió también de futuros cambios legislativos que se están gestando. Así indicó que “nos tememos una nueva ‘vuelta de tuerca’ en las pensiones y en la reforma laboral, adornada y encubierta con alguna reforma liberalizadora de ciertas regulaciones administrativas de mercado”. Frente a ello, señaló que no ha habido realmente “ni una sola medida de inversión productiva, de apoyo a la creación de empleo, de impulso al flujo del crédito para las pequeñas y medianas empresas”.

Cayo Lara avisó de que “el Gobierno del PP renuncia a crear empleo” y señaló que a esto hay que enfrentarle “una alternativa, que la hay. Por eso, el objetivo es el empleo, no alcanzar un pacto de Estado. Ese pacto ya existe y está constituido, en lo fundamental, por ese corsé que es la reforma del artículo 135 de la Constitución”, aprobada por PSOE, PP, CiU y otras fuerzas de la derecha parlamentaria en 2011.

El coordinador federal explicó a los miembros del Consejo Político Federal el rechazo de IU a la reforma de la Administración Local que prepara y va a tratar de imponer el PP, al tiempo que defendió que la flexibilización para el cumplimiento del objetivo de déficit acordado por la Unión Europea para España se aplique a todas las comunidades autónomas. “El Gobierno –dijo- debe trasladar esa moratoria del déficit al conjunto de las comunidades”, ya que otra cosa no se entendería porque esa es la única forma de que se mantengan servicios públicos como la Educación y la Sanidad que son competencia de ellas.

Lara estableció la lucha que IU está siguiendo para garantizar el derecho a la vivienda y ha criticado el “desprecio a los ciudadanos” demostrado por el Gobierno y el PP durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sobre este tema, dijo que “hay que enmarcar” el decreto de la Junta de Andalucía y el primer caso práctico ya producido por el que se paraliza un desahucio y se expropia temporalmente una vivienda a una entidad bancaria. “Esto demuestra que es posible reconciliar a la gente con la política”, defendió.

A las críticas de Cayo Lara no escaparon tampoco la reforma educativa de la ‘ley Wert’ sobre la LOMCE (ya en fase parlamentaria) o los drásticos cambios sobre la ley del aborto que quiere imponer Alberto Ruiz-Gallardón. Sobre la Ley de Transparencia –a la que IU presentó el pasado martes en el Congreso una enmienda a la totalidad- avisó de que está plagada de “límites” para que la Casa Real no se vea plenamente afectada por ella, “mientras que tampoco sabemos nada de la Iglesia. Aquí se ve la mano de la jerarquía más retrógrada de la Iglesia católica”. Enmarcó todos estos puntos dentro de lo que calificó como “involución democrática” emprendida por el Gobierno de Rajoy.

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