El juicio por los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada), pendiente de un informe

El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha supeditado la sentencia para depurar la responsabilidad civil en los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada) a un informe del Ayuntamiento de Almuñécar, tras el que decidirá quién costea las obras para estabilizar la urbanización.

El juzgado aceptó en la última de las ocho sesiones fijadas para el juicio la admisión de un requerimiento al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) para que especifique su tramitación de licencias y permisos en la urbanización Cármenes del Mar.

Los propietarios han mantenido la petición de condena para los ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización, un complejo de La Herradura dividido en varias promociones con 425 viviendas que sufren graves desperfectos.

La urbanización se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo (Almuñécar) en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.

Durante el juicio, que se ha celebrado de manera intermitente desde el mes de febrero, los presidentes de las comunidades de vecinos aseguraron que al comprar las viviendas desconocían que el Ayuntamiento de Almuñécar no había recepcionado las obras del proyecto de urbanización general, un paso que una década después no se ha materializado.

Las defensas de los ocho demandados reiteraron durante el juicio que la urbanización ha sufrido averías y roturas, como la de un colector para los suministros de agua de todas las viviendas, que los propietarios no afrontaron en tiempo y forma para evitar filtraciones en la tierra y minimizar los daños.

Los afectados han pedido que los ocho acusados respondan de manera solidaria para costear los graves daños ocasionados en sus viviendas por el corrimiento de tierra y que paguen además el proyecto diseñado para estabilizar la ladera y evitar así nuevos desperfectos en sus casas.

Desde el inicio del proceso, los afectados se mostraron dispuestos a no percibir el total de la valoración de los daños pero sí la inversión suficiente para estabilizar la ladera.

La titular del juzgado de Primera Instancia 12 incluso paralizó temporalmente el juicio para ofrecer un plazo de negociación a las partes e instarles a firmar un acuerdo, sin que se materializara.

Un proyecto inicial con cifras ya desfasadas valoró en cerca de cuatro millones de euros la inversión necesaria para frenar el movimiento de tierras de Cerro Gordo y mejorar los daños estructurales de las viviendas, aunque sería necesario otro actualizado ya que desde el inicial se han incrementado los desperfectos.