Fusión entre cajas o privatización encubierta

El responsable federal de Economía de Izquierda Unida (IU), José Antonio García Rubio, ha afirmado que hay "datos sorprendentes", pues mientras que desde el Banco de España y los principales medios de comunicación se apunta a que se están fusionando Cajastur y Caja Castilla La-Mancha, en la realidad "no se ha fusionado Cajastur con CCM, sino que los activos, los pasivos y las sucursales de CCM los ha adquirido un banco privado que se llama Banco Liberta". Actualmente, la mayoría de las acciones del Banco Liberta está en manos de Cajastur, pero sigue siendo un banco privado y nada podría impedir que Cajastur venda en cualquier momento su participación en el Banco Liberta.

En realidad, el proceso tal y como se ha anunciado no otorga ningún margen de duda, estamos ante la privatización de la Caja Castilla La Mancha que es adquirida por un banco cuyo estatus jurídico es el de sociedad anónima, es decir un banco privado.

Pedirán la comparecencia en el parlamento de Fernández Ordóñez

Por ello, la organización de izquierdas pedirá la comparecencia en el parlamento de Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España elegido por el gobierno de Zapatero, para que de explicaciones sobre "qué papel juega el Banco Liberta en este proceso, cual es la finalidad de que eso se haya hecho así, y qué tipo de ingeniería privatizadora ha puesto en marcha el Banca de España para llegar a este resultado".

Responsabilidades políticas en el agujero de CCM

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, también presente en la rueda de prensa, criticó que ahora se "absorba" a CCM, una entidad "a la que se le hizo un agujero de 2.500 millones de euros por un

"Exigimos a los armadores y gobiernos la inmediata retirada de barcos que estén faenando en esas aguas hasta que definitivamente se den las condiciones necesarias para que conflictos como el del ‘Alakrana’ no se vuelvan a repetir", reclama LAB.

El sindicato ha dado a conocer un comunicado ante "la alarmante situación" en la que "incluso peligran vidas de trabajadores-arrantzales por la fatal gestión " por parte de "los gobiernos de turno con la ayuda y complicidad de las empresas armadoras".

Se dirige a los trabajadores-arrantzales que se encuentran en la zona para que reclamen el regreso a puerto seguro de los barcos en solidaridad con la tripulación del "Alakrana" y demanden a los ejecutivos de Madrid y Lakua, así como a los armadores, "una vía eficaz de negociación inmediata" y descarten "la vía armada del intervencionismo militar puro y duro".

LAB considera necesario realizar una "profunda reflexión sobre las causas del conflicto si queremos que no se vuelvan a producir situaciones" como la actual.

"Comprendemos que son momentos de tensión y de angustia para quienes necesitan buenas noticias, pero los auténticos responsables de esta situación deben adquirir compromisos en ese sentido".

Antonio Álvarez Solís (12-10-2009)

La frase revela un profundo desprecio hacia el ser humano, sobre todo si quien la pronuncia alardea de socialista y la emite acerca de unos pescadores. Esta vez corresponde el exabrupto a la vicepresidenta del Gobierno de Madrid, Sra. Fernández de la Vega. Inconveniencia, además, que añade a su desdén la incoherencia más elemental por contraste con otras realidades. Pero leamos la frase. Se refiere la vicepresidenta a los familiares de los secuestrados en el «Alakrana»: «Entendemos la preocupación que puedan tener, ya con carácter general, en cuanto a los riesgos que se asumen pescando en una zona de esa naturaleza, pero esto también forma parte de su trabajo».

¿Se puede decir algo más hiriente, más desdeñoso, más desatinado? ¿Acaso cabe objetar sobre el oficio del pescador algún riesgo como propio que no sea el riesgo mismo de la mar o los daños profesionales en el trato de los aparejos? ¿Es que el pirata es inevitable?

Por lo visto, la vicepresidenta carga sobre las espaldas de los pescadores la falta de reflexión política sobre la pesca que hacen en aguas infestadas por la piratería. Los pescadores no sólo han de saber pescar sino que han de afrontar su tarea con un maduro razonamiento diplomático. Incluso no tiene en cuenta la frase el carácter de trabajo subordinado de esos trabajadores.

La vicepresidenta -en la que se adivina siempre un talante despectivo y acre- no muestra el más leve pesar por la ausencia de protección oficial en aguas hábiles para la explotación pesquera. No siente el rubor de abandonar a su suerte a los que parten para aquel mar. Los peligros, subraya, «forman parte de su trabajo». ¡Qué distinta consideración a la que guardan desde el Gobierno a los soldados que mueren en guerras absurdas o a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se enfrentan con la lucha armada que se produce en el ámbito de la nación!

Francisco Larrauri. Oficial de la Marina Mercante

Aun compartiendo la preocupación por los arrantzales cautivos en las costas de Somalia, el autor considera que es necesaria una reflexión más amplia sobre las medidas a tomar para garantizar la seguridad de los pesqueros. Basándose en informes de diferentes organismos internacionales, Larrauri defiende que las guardias armadas a bordo no son la solución al problema y que además pueden empeorar gravemente la seguridad de la tripulación.

Después del apresamiento del <> en abril 2008 la actividad de los piratas en las costas de Somalia no se ha detenido. Han sido varios los buques mercantes y de pesca que han padecido el hambre de dólares de los piratas somalíes, sin merecer ningún comentario por parte de la prensa. De hecho, ya estamos acostumbrados a su hermetismo según su interés en favorecer, o no, ciertas políticas de seguridad.

El apresamiento de los atuneros vascos está siendo utilizado por los medios de comunicación y por los partidos políticos que simbolizan, del mismo modo que se utilizan las violaciones y los abusos a menores. Los ataques a los componentes de un comunidad son el arma predilecta para erosionar una determinada política de seguridad. Y ya sabemos qué sucede cuando una menor ha sido agredida o violada: una ola de indignación recorre el país avivada por quienes se apuntan a una modificación del código penal, mediante la recogida de firmas o mediante la exaltación tipográfica diaria del acontecimiento, aun sabiendo que legislar en caliente es un síntoma de debilidad.

Poco importa si la víctima pertenece a un colectivo ignorado o simplemente arrinconado por estos medios en cuestión, el dolor se generaliza a todo color y adquiere el valor de categoría

Ignacio Escolar (6-10-09)

Dicen en algunas tertulias que los atuneros vascos que faenan en el Índico lo hacen bajo la sospechosa ikurriña, en vez de la nacional rojigualda. El dato es tan demagógico como falso: en el mar, la ikurriña tiene tanto valor legal como la bandera del Real Madrid. Lo que sí es cierto es que de los 28 atuneros de capital español &ndash;en su mayoría vasco&ndash; que están ahora pescando en esa peligrosa zona, 15 lo hacen bajo bandera española; pero hay 11 bajo pabellón de Seychelles, uno con bandera de Mauricio y otro más con pabellón de Antillas Holandesas. No es un problema nacionalista, es un problema fiscal.

Proteger a los atuneros del Índico nos cuesta a los contribuyentes españoles, según la ministra Carme Chacón, 75 millones de euros al año; 5 millones por cada barco que paga impuestos en España. Hay algo de trampa en la cifra: la misión Atalanta también incluye otros objetivos secundarios, además de la protección de los pesqueros, como el reparto de ayuda humanitaria. Pero incluso descontando esa parte, sale casi más barato pagar una pensión vitalicia a cada marinero que defender con dinero público estos negocios privados, con beneficios privados; unas empresas que tienen en la Armada la excusa ideal para poner en riesgo la vida de sus trabajadores sin asumir su responsabilidad.

El Alakrana fue secuestrado a 800 millas del área de seguridad un día después de que Defensa avisase al pesquero de que el avión militar que patrulla el Índico había avistado piratas en esa zona. Según fuentes del sector, la flota atunera española del Índico capturará este año unas 90.000 toneladas de a

Joaquim Sempere (Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona)

PUBLICO

En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radiactivos.

El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.

Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales.

En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendían a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.

Un reportaje de Al Jazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenom

El Alcalde de Almuñécar ha acordado hacer una burda ejecución de la Sentencia Nº 235/06 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Granada, confirmada por Sentencia Núm. 481 de 2008 del TSJ de Andalucía.

En dicha sentencia se acuerda &lsquo;Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Manuel Fernández Ledesma' y &lsquo;Anular la resolución del ayuntamiento de Almuñécar de 2 de Junio de 2005, por ser contraria a Derecho.' La resolución de la que se habla es el cese caprichoso de este empleado como sub-inspector de la policía local.

Para no ejecutar la sentencia, el equipo de gobierno argumenta que esa plaza ya no existe y que no hay presupuesto, por lo que no lo reintegran a su puesto de sub-inspector, dándole una limosna de 5.892,43 euros en base a los complementos no cobrados en los meses transcurridos desde que este hombre ganó el juicio.

Los argumentos son absolutamente torpes y serían irrisorios, si no fuera por la gravedad que tiene esta serie infinita de burlas a la ley. La plaza no existe porque la han suprimido y su obligación es volverla a crear. Igual que han creado una plaza nueva de notificador y dos de inspectores para que pueda funcionar la recaudación, pueden y deben crear la plaza para este hombre que la ha ganado en los tribunales.  Y si no hay presupuesto para esa plaza, se saca del presupuesto genérico de personal o se modifica el presupuesto, que es lo procedente y lo que el alcalde hace continuamente para dar cobertura a sus caprichos.

El argumento utilizado por el equipo de gobierno es inadmisible, si tenemos en cuenta que cuando el señor alcalde convocó el inútil referéndum del PGOU, el presupuesto para actos de este tipo era de 6.000 euros, lo que no le impidió gastarse, según sus propios datos, 79.659,69&euro;.

La actuación de la Junta de Gobierno en este asunto no puede ser calificada más que como  burla al Tribunal Superior de Justicia de Andalu

Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid recaudará fondos de sus asambleas y grupos institucionales para apoyar al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, que ha sido condenado a pagar una multa de 3.600 euros por "oponerse -según una nota de esta organización- a las prácticas caciquiles" de Francisco Hernando.

Esta semana el juez de lo penal número 1 de Toledo, Eduardo Luis González del Campillo, ha condenado a Fuentes y a los cuatro concejales de IU en la anterior Corporación por un delito de calumnias por su condición de editores del boletín de IU en el que se publicó el artículo 'El Mago del ladrillo'.

La sentencia fija una multa de 3.600 euros a cada uno y una indemnización conjunta de 15.000 euros en concepto de responsabilidad solidaria de esta organización.

En la Comunidad de Madrid, la Presidencia de IU ha aprobado una resolución para trasladar al alcalde, a los cuatro concejales condenados y al grupo municipal su "más completa solidaridad" tanto personal como política, así como su apoyo a todas las iniciativas que se tomen, incluidas las judiciales, en relación a la actuación del conocido como 'El Pocero'.

La resolución se difundirá en todas las asambleas para recabar el máximo apoyo para Manuel Fuentes, tanto dentro como fuera de IU porque "estamos seguros", concluye el escrito, "de que esta iniciativa representa el sentir más generalizado de toda nuestra militancia".

Izquierda Unida ha pedido hoy a la Consejería de Empleo que "mire con lupa" el proceso de cierre del periódico 'La Opinión de Granada', que hoy ha publicado su último número, para garantizar los derechos de los 45 trabajadores afectados.

Tanto la formación de izquierdas como el Sindicato de Periodistas de Andalucía o la Asociación de Periodistas de la Costa y Alpujarras han mostrado hoy su solidaridad con la plantilla, que se concentrará a las 17.00 horas a las puertas del diario, del grupo editorial Prensa Ibérica, en protesta por su cierre tras seis años de andadura.

El coordinador provincial de IU , Manuel Morales, ha calificado de "injustificada" la decisión empresarial del cierre, ya que Prensa Ibérica ha obtenido "abultados beneficios", y ha dicho que supone "un retroceso en la pluralidad informativa de Granada y una pésima noticia para la vida publica y cultural de la provincia".

"Este cierre supone un fracaso colectivo de la sociedad granadina, pero también de sus instituciones democráticas que han optado por no apoyar a un medio con marcado carácter independiente", ha manifestado a través de un comunicado.

La coordinadora local de IU, Maite Molina, ha denunciado el "auténtico atropello" cometido hacia los trabajadores, a quienes "se ha puesto en la calle sin opción al dialogo y la búsqueda de posibles soluciones".

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Andalucía ha condenado que se aleguen razones económicas para cerrar el rotativo cuando el grupo empresarial "obtiene beneficios", y ha lamentado la pérdida de puestos de trabajo y la "merma del derecho de la sociedad andaluza a estar bien informada".

Para esta organización, Prensa Ibérica debería haber estudiado otras medidas "menos drásticas" y cree que es "un sarcasmo" que se mande al paro a estos profesionales precisamente el día en que los sindicatos de periodistas se movilizaron en toda Europa en contra de la precariedad laboral y profesional.

Además, la Asociaci&oac