El recurso número 51 de Almuñécar

Ideal

El jueves 21 el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, firmó uno de esos escritos tan comunes en los que delega en su segundo para marcharse de viaje. Volverá el día 29.

Casualmente, ese mismo día la Audiencia Provincial estudiará el recurso por la condena en primera instancia por supuestas coacciones a la antigua televisión local. Un juez sustituto -como lo infravaloró Benavides- le condenó en el verano a 28 meses y 16 días de prisión e inhabilitación. La decisión de la Audiencia será definitiva. O se salva -como otras veces- o tendrá que dejar la Alcaldía.

Pero si en algo tiene habilidad el alcalde sexitano es en escapar de las situaciones límites. Por ahora, los tribunales -en las instancias superiores- les han sido favorables. Más en el plano personal que en las decisiones tomadas por su Ayuntamiento, sobre las que ya existe alguna sentencia firme contraria en algún pleito.

La cadena de contenciosos no para. A pesar de que el municipio tiene el PGOU bloqueado y aparentemente no hay mucho más por construir. Es como si cada licencia que se moviera se topara con la Junta en contra -y presuntamente con la legislación-.

El último que ha trascendido es del pasado 9 de diciembre. La Consejería de Vivienda ha pedido al juzgado de lo Contencioso que anule la licencia concedida por la junta de gobierno local el 5 de octubre para construir una residencia de mayores de 76 apartamentos en Marina del Este. «La licencia en la que se ampara la construcción puede ser ilegal, con la consecuencia que ello conllevaría de demolición de lo construido», advierte el recurso.

La Junta solicita además que se paralice la obra -que empezó el 5 de noviembre- mientras se resuelve el pleito, algo que puede tardar años. Esta semana se ha visto un ejemplo de lo que puede hacerse de rogar la Justicia, el del Hotel Cortijo de Almuñécar. Un contencioso que arrancó hace una década y que todavía no está resuelto al cien por cien.

En esta ocasión, el origen de la parcela afectada en este contencioso está en 1977. El PGOU de aquella época contemplaba el solar como zonas verdes y jardines a ceder al Ayuntamiento, sostiene la Junta. En el plan de 1987 se pasó a equipamiento administrativo pero manteniendo -defiende la Junta- el uso públicoo.

Según la Consejería de Vivienda, no se puede excusar la operación urbanística en la declaración de interés social para cambiar la calificación del suelo. Además, la licencia concedida excede en una planta la altura permitida, según el contencioso presentado.

Por todo esto, la Junta considera que el Ayuntamiento de Almuñécar ha incurrido en una infracción urbanística «muy grave».

El recuento

Un contencioso más y van -al menos- 51. Cuando la Junta hizo recuento en septiembre había medio centenar de pleitos interpuestos por la administración autonómica contra el Consistorio, en distintas etapas. Hay que sumar los que hayan presentado particulares.

Detrás suele haber presuntos excesos en la altura de los edificios -más plantas de la cuenta-, exceso de volúmenes o falta de previsión de espacios libres. En definitiva, macizar todo lo que haya libre.

Al margen de estos contenciosos, la Junta ha remitido 35 solicitudes de revisión de oficio al Ayuntamiento por decisiones que, a su juicio, no se ajustaban a derecho.

Para redondear estas cifras, la Consejería de Vivienda había realizado en septiembre 15 informes a petición del Ministerio Fiscal. Una muestra gráfica de la judicialización que atenaza al Ayuntamiento de Almuñécar. Ahora que Benavides tiene que jugar otra bola de partido. Será el día 29. Está acostumbrado.