Benavides, el resto de los acusados y sus testigos se niegan a declarar ante el juez

Granada Hoy

El ex alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados imputado esta vez de un delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias, por el que la Fiscalía pedía dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 1997, cuando el colegio International School adquirió al Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente. La ampliación de las instalaciones, según la Fiscalía, se inició sin contar con licencia municipal, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal". En 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la connivencia de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras y luego Ecologistas en Acción también denunciaron estos hechos.

Con puntualidad británica llegó Juan Carlos Benavides al Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, acompañado por su abogado Revelles. En la causa, además del ex alcalde sexitano, están imputados dos arquitectos municipales y el secretario del Consejo de Administración del Internacional School, por distintas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras para la ampliación del citado centro escolar.

El juicio comenzó con algo de retraso (tras tener que cambiar de sala de vistas a las once de la mañana), con una cuestión previa, ya que había pendiente un recurso por la defensa de Benavides, no obstante, el letrado comunicó su intención de desistir, por lo que se pasó a realizar la fase práctica de la prueba.

Contra todo pronóstico, esta fase del proceso duró menos de lo que en principio se esperaba ya que todos los encausados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Uno tras otro fueron llamados por el juez y cada uno de los cuatro acusados renunció al derecho recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se dio por practicada la declaración interrogatoria de los imputados.

Para mayor sorpresa, la práctica de la prueba a los testigos aportados por los distintos abogados de la parte acusada concluyó sin la comparecencia de cuatro de los cinco testigos solicitados. Sólo asistió el ex concejal de Benavides, Emilio González Pavesio, quien también se acogió al derecho a no declarar, lo que causó una gran extrañeza y ante lo que el magistrado señaló que parecía "mucha casualidad que no se presentaran", por lo que advirtió que si ello obedecía a alguna razón oculta abriría diligencias previas.

Así, veinte minutos más tarde, concluyó la prueba testifical aportada por la defensa y se dejó para el martes que viene la de la Fiscalía y la prueba pericial.

Es la segunda vez en esta semana que el que fuera líder de CA se sienta en el banquillo. Ya lo hizo el pasado lunes acusado por un caso de alzamiento de bienes derivado de la causa Tropical Fruits, y por el que la fiscalía pedía dos años y seis meses de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes, una multa de 27.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.