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Almuñécar contra la corrupción

La Junta sancionará las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias. La Consejería de Fomento ultima un decreto para sacar al mercado los pisos sin ocupar de entidades jurídicas e incentivará a los particulares

La Junta sancionará las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias. La Consejería de Fomento ultima un decreto para sacar al mercado los pisos sin ocupar de entidades jurídicas e incentivará a los particulares

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará previsiblemente el próximo martes un decreto social sobre la función social de la vivienda con el que el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU quiere dinamizar la iniciativa política tras un primer año pobre en iniciativas.

La principal novedad de este decreto, que se guarda entre algodones hasta el martes y del que poco ha transcendido, será la inclusión de un apartado sancionador para las entidades jurídicas que dispongan de viviendas vacías y no las hagan accesibles al mercado. Tras meses de tira y afloja entre los socios de Gobierno, no se contempla multar a particulares.

El decreto de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), contará con un procedimiento sancionador para entidades financieras e inmobiliarias con stock de viviendas, aunque el detalle no se conocerá hasta el martes. Para los particulares, IU era la más interesada en aprobar algún tipo de medida, pero el PSOE puso muy alto (más de cinco) el número de viviendas por el que se podría empezar a sancionar. Finalmente IU ha desistido en la intención de gravar a los particulares con patrimonio inmobiliario. Para éstos se dispondrán incentivos para fomentar que pongan en carga las viviendas desocupadas, preferiblemente en alquiler. Estos incentivos serían generales y también podrán acogerse las entidades jurídicas.

Además, en una disposición adicional, el decreto declarará el carácter inembargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas, informó ayer la cadena Ser. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.

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