La Consejería de Fomento (IU) ofrece alquileres por 60 euros a estudiantes en Almanjáyar
Granada Hoy
La Universidad de Granada y la Consejería de Fomento rubricaron ayer un convenio de colaboración que prevé matar dos pájaros de un tiro. Se trata de ofrecer a la comunidad universitaria alquileres a un precio muy bajo a cambio de que estos estudiantes, profesores e investigadores participen en proyectos sociales en el barrio de Almajáyar, una de las zonas más deprimidas de la capital granadina. Además, este acuerdo permitirá dar uso a un bloque del Parque Público de Viviendas que actualmente está vacío por la falta de demanda.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, firmó ayer con el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, el acuerdo, que entrará en vigor para el próximo curso. La iniciativa se trata, en palabras de Cortes, de un "compromiso social compartido" entre la Consejería y la Universidad, y en el que colabora de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Los beneficiarios podrán alojarse en uno de los 28 pisos del edificio 14 de Abril, próximo a la Facultad de la Actividad Física y del Deporte, perteneciente al Parque Público de Viviendas y que actualmente está vacío. Los criterios de selección para quienes opten a una de las 84 plazas de alquiler son tres, según enumeró Cortes: el nivel de renta -que no podrá superar 2,5 veces el IPREM-, presentar un proyecto de intervención en el barrio y el expediente académico.
Según la información facilitada por Fomento, los proyectos que se presenten pueden estar relacionados con los estudios o formación del demandante. Así, se puede proponer un taller de alfabetización, charlas a personas mayores o entrenar un equipo deportivo del barrio. El proyecto ocuparía unas 25 horas mensuales.
"Se trata de un compromiso de transformación social; la universidad pública no puede estar de espaldas a una sociedad democrática como la nuestra", señaló Cortés, quien también insistió en la importancia de "dignificar lo público". Aunque que el precio del alquiler no está cerrado aún, la Consejera promete que "será muy asequible; rondará los 60 euros" en régimen de piso compartido, sin incluir el coste del agua ni la luz.
Por su parte, González Lodeiro recordó que la UGR cuenta con un gran número de estudiantes que vienen de fuera, e insistió en que "luchar contra la pobreza y la exclusión social es el reto al que nos enfrentamos". La iniciativa constituye una "excelente vía" para que, en palabras del Rector, "el estudiante se implique y colabore en actividades conjuntas con este barrio en el que hay muchas personas en peligro de exclusión". El rector también subrayó la importancia como "recurso económico" de la presencia de estudiantes de otras ciudades en Granada. En este sentido, Lodeiro destacó que el 44% de los universitarios que estudian en la UGR granadinos, mientras que el resto proceden bien otras provincias. Así, añadir a esta necesidad de vivienda de alquiler un "valor social" supone un "avance", aseguró el rector.
El convenio suscrito ayer tiene un periodo de vigencia de cuatro años y supone una experiencia pionera en Andalucía, aunque existe una experiencia similar en un colegio mayor sevillano.
Los proyectos que se presenten -está previsto que el plazo de recepción se abra a fin de mes- serán valorados por una comisión, que elegirá a los 84 beneficiarios.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, firmó ayer con el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, el acuerdo, que entrará en vigor para el próximo curso. La iniciativa se trata, en palabras de Cortes, de un "compromiso social compartido" entre la Consejería y la Universidad, y en el que colabora de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Los beneficiarios podrán alojarse en uno de los 28 pisos del edificio 14 de Abril, próximo a la Facultad de la Actividad Física y del Deporte, perteneciente al Parque Público de Viviendas y que actualmente está vacío. Los criterios de selección para quienes opten a una de las 84 plazas de alquiler son tres, según enumeró Cortes: el nivel de renta -que no podrá superar 2,5 veces el IPREM-, presentar un proyecto de intervención en el barrio y el expediente académico.
Según la información facilitada por Fomento, los proyectos que se presenten pueden estar relacionados con los estudios o formación del demandante. Así, se puede proponer un taller de alfabetización, charlas a personas mayores o entrenar un equipo deportivo del barrio. El proyecto ocuparía unas 25 horas mensuales.
"Se trata de un compromiso de transformación social; la universidad pública no puede estar de espaldas a una sociedad democrática como la nuestra", señaló Cortés, quien también insistió en la importancia de "dignificar lo público". Aunque que el precio del alquiler no está cerrado aún, la Consejera promete que "será muy asequible; rondará los 60 euros" en régimen de piso compartido, sin incluir el coste del agua ni la luz.
Por su parte, González Lodeiro recordó que la UGR cuenta con un gran número de estudiantes que vienen de fuera, e insistió en que "luchar contra la pobreza y la exclusión social es el reto al que nos enfrentamos". La iniciativa constituye una "excelente vía" para que, en palabras del Rector, "el estudiante se implique y colabore en actividades conjuntas con este barrio en el que hay muchas personas en peligro de exclusión". El rector también subrayó la importancia como "recurso económico" de la presencia de estudiantes de otras ciudades en Granada. En este sentido, Lodeiro destacó que el 44% de los universitarios que estudian en la UGR granadinos, mientras que el resto proceden bien otras provincias. Así, añadir a esta necesidad de vivienda de alquiler un "valor social" supone un "avance", aseguró el rector.
El convenio suscrito ayer tiene un periodo de vigencia de cuatro años y supone una experiencia pionera en Andalucía, aunque existe una experiencia similar en un colegio mayor sevillano.
Los proyectos que se presenten -está previsto que el plazo de recepción se abra a fin de mes- serán valorados por una comisión, que elegirá a los 84 beneficiarios.
Según indicó el delegado territorial de Fomento, Manuel Morales, serán los estudiantes los que tengan que prever si los proyectos necesitan algún tipo de financiación y, en el caso de que sea así, buscarla. "Será el tejido social el que busque los recursos", apuntó el delegado, que confía en que la presencia de universitarios en Almanjáyar sirva para mejorar las condiciones de vida en el barrio.
0 comentarios