Una excusa para pasar un buen rato con buenos amigos
Elena Cortés defiende el programa de alquiler compensado y acusa al PP de "clasista"
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés ha manifestado este jueves ante el Pleno del Parlamento que la dignidad de las clases trabajadoras y populares es el motivo principal del programa de alquiler compensado que se ha puesto en marcha para que las familias del parque público de vivienda hagan frente a la deuda que acumulan.
Cortés, ha explicado que en Andalucía “hay 80.000 viviendas públicas y un 10 por ciento de las familias que viven en ellas no pueden pagar la renta y han ido acumulando una deuda, porque se tienen que dirimir entre pagar la renta o comida y la luz”. Ha destacado que los propios vecinos pedían cómo podían contribuir y comprometerse con lo público y, por lo tanto, se abordó ese programa de alquiler compensando, que tiene actualmente cuatro experiencias en sendas provincias, que busca reforzar el vínculo con lo público.
La consejera ha rechazado el "clasismo y los prejuicios del PP hacia las personas que viven en el parque público de Andalucía". Ha insistido en que el compromiso con lo público es el objetivo de este programa y ha recordado que En tanto que los desahucios del parque público de viviendas se paralizaron en junio de 2012 y son los ciudadanos los que han pedido voluntariamente colaborar con el mantenimiento de la vivienda pública.
Cortés se ha preguntado qué dignidad tienen esos banqueros a los que "les hemos perdonado 36.000 millones y no piden qué pueden hacer por la sociedad".
Gaspar Llamazares se explica a las mil maravillas... como siempre
¿Es usted el ministro de Hacienda o el ministro de los defraudadores?
IU llama a la movilización contra las nuevas imposiciones de Montoro a Andalucía
Castro pide el cese de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Pública por el "desprecio y la inquina" permanente que está demostrando hacia Andalucía
El portavoz de IULV-CA en el Parlamento, José Antonio Castro ha manifestado hoy que se hace necesaria una nueva movilización y la "rebelión" del pueblo andaluz en contra de un Gobierno que exige nuevos recortes a esta comunidad a la vez que “va a regalar” otros 30.000 millones de euros a la banca.
Así se ha pronunciado en la rueda de prensa previa al Pleno de la Cámara, en la que ha estado acompañado de la portavoz parlamentaria para asuntos de Fomento, Inmaculada Nieto y después de que se haya conocido un requerimiento del departamento que dirige Cristóbal Montoro por el que solicita a Andalucía hacer recortes para cumplir con el objetivo de déficit. En esta línea, Castro ha hecho un llamamiento a sindicatos y organizaciones sociales para que el próximo 4 de diciembre, aniversario de las manifestaciones por la autonomía, impulsen una gran movilización en contra del nuevo “chantaje" del Gobierno central a Andalucía en materia de ajustes.
A su juicio, hay que decir claro que Andalucía ya no está dispuesta a "aplicar más recortes" y se ha mostrado convencido de que las nuevas exigencias del Ejecutivo de la nación ya no tienen que ver con la austeridad ni con el ajuste de los presupuestos, sino con que se privaticen servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad. Para Castro “el Partido Popular está que trina porque en Andalucía no se han vendido ni hospitales ni colegios”. Por esta razón aboga por “decirle bien claro” al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que Andalucía "va a mantener a flote el barco de lo público".
"Pondremos todo nuestro empeño y saber para que se encuentren los resquicios presupuestarios, políticos y normativos que permitan mantener los servicios públicos y defenderlos a ultranza", ha sentenciado José Antonio Castro, quien además ha puesto como ejemplo la defensa que está haciendo IU durante el trámite parlamentario de los PJA para 2014 con una partida de casi 15 millones destinada a educación y con el que se prevé la contratación de 500 docentes.
Cese de Antonio Beteta
Por esta razón, Castro ha afirmado que Antonio Beteta "no merece más que el cese", por el "desprecio y la inquina" permanente que está demostrando hacia Andalucía.
Cabe recordar que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció el pasado lunes, antes los medios de comunicación, que impondrá un nuevo recorte a Andalucía en cumplimiento con el objetivo de déficit exigido a las Comunidades Autónomas. En este sentido, el portavoz parlamentario ha recordado que Andalucía intenta mantener los servicios públicos como eje fundamental de sus políticas, “al contrario que otras Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha”. “Andalucía se va a mantener pública sin la Troika”, ha concluido.
Marcha a Madrid
Las enmiendas de IU mejoran los Presupuestos y blindan los servicios públicos. Propone destinar 15 millones más a contratar profesorado
Proponen modificar el uso de 54 millones de euros, destinándose 15 de ellos a la contratación de profesorado.
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo ha valorado en rueda de prensa el paquete de enmiendas presentadas por IU para el debate de los Presupuestos de 2014. Maíllo considera que los cambios propuestos por IU, que sumarían un total de 54 millones de euros, contribuyen “al blindaje de los servicios públicos a pesar de los recortes impuestos desde Madrid”, especialmente los 15 millones que irían destinados a la contratación de profesorado, si sale adelante en el Parlamento.
Esta iniciativa de IU, que puede suponer alrededor de 500 nuevas contrataciones, “es una muestra más de la política diferenciada del gobierno andaluz” con las comunidades autónomas gobernadas por el PP en las que se han realizado “despidos masivos” de empleadas y empleados públicos. En el mismo sentido el coordinador andaluz destaca que haya aumentado el porcentaje de alumnado en la escuela pública en Andalucía, al contrario de lo que sucede en el resto del estado: “es garantía de la igualdad de derechos”, recalcó Maíllo.
Además Maíllo ha destacado las propuestas de destinar 6,3 millones a las actuaciones contra la infravivienda, 4,2 millones a la rehabilitación de elementos comunes de edificios residenciales y otros 400 mil para la rehabilitación arquitectónica, valorando su impacto positivo en el empleo.
Por último el coordinador andaluz ha celebrado que el Parlamento esté teniendo “su papel” en el debate de los Presupuestos y que éste “no esté siendo un mero trámite”. En el mismo sentido ha destacado que durante las últimas semanas “se ha escuchado a las organizaciones sociales”.
Cayo Lara pide cuentas sobre la contabilidad B y dice que Rajoy mintió en el Congreso
25 Noviembre en Almuñécar
IU pide municipalizar la recaudación de multas
Izquierda Unida pide que se gestione de forma directa la recaudación de las multas. Este servicio fue privatizado por el anterior equipo de gobierno y ahora, vencido el contrato, se va a adjudicar de nuevo a una empresa privada.
Este es uno de los servicios que la ley impide delegar en una empresa privada ya que la gestión recaudatoria es una función administrativa y por tanto es potestad exclusiva de la administración. De hecho, el pliego reconoce la reserva de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad a los funcionarios municipales, y por eso se destina personal funcionario para coordinar y supervisar la relación con la adjudicataria del servicio.
Esta situación implica una duplicidad de gasto: por un lado se paga a una empresa para realizar determinadas tareas y por otro se destina personal del ayuntamiento para las tareas de supervisión, coordinación, consulta y todas aquéllas que supongan ejercicio de autoridad.
Según el pliego, el ayuntamiento calcula pagar 110.000€ por la gestión en voluntaria y 132.800 por la gestión en ejecutiva. Sumando a estas cantidades 50.988 de IVA, sale un total de 293.788€, cantidad que sin duda será superada tal y como ha ocurrido en 2012 ó 2013. Ya que actualmente se emplean recursos municipales y personal funcionario para colaborar con la empresa, IU plantea que con un ligero incremento en la dotación de personal y la implicación de los departamentos de informática, rentas, y servicios económicos, la gestión quedaría garantizada a un coste muy inferior al estimado.
Otra opción sería encargar esta gestión a la Diputación. La tasa que cobra Diputación para el cobro de recibos en periodo voluntario es muy inferior a la que se estima en el pliego. Mientras Diputación cobra un 3’5%, la empresa adjudicataria cobraría un 25%. Es cierto que la gestión de cobro de las multas es más compleja que la de otro tipo de tasas o impuestos, pero sin duda alguna, sería más barato encomendar estas gestiones al Servicio Provincial Tributario de la Diputación.
También es bastante inferior el coste de la gestión en periodo ejecutivo si la asume la Diputación, con el beneficio añadido de que la Diputación reúne los requisitos para ejercer el conjunto de tareas de recaudación con garantías legales en el ejercicio de sus actuaciones. Por otro lado, dado el ámbito de actuación y los numerosos convenios que tiene suscritos la Diputación para el ejercicio de la recaudación ejecutiva, la recaudación aumentaría sin duda alguna con la consiguiente repercusión positiva en los ingresos municipales.
En conclusión, tanto con gestión directa por personal municipal como encargando este servicio a la Diputación, el coste sería mucho menor en opinión de IU, por lo que este grupo pide al equipo de gobierno que reconsidere su decisión y paralice la adjudicación del servicio de cobro de multas hasta tener informes económicos y jurídicos que respalden la conveniencia de una u otra decisión.
25 de Noviembre: contra la violencia machista
Las cuchillas no paran el hambre
Después del 23n, el 24n. Fotos de Sevilla y Granada
Un árbol que quiere irse
Costa Digital
Ahora que desde al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se anuncia el funcionamiento en las redes de una Línea Verde, sería aconsejable, y ya que desde ese mismo área medioambiental se está realizando una limpieza integral de los accesos y entornos al peñón de El Santo, que se acometiera la ubicación correcta de alguno de sus árboles.
Como ejemplo, esta foto, tomada en la cuesta de subida al mirador donde se observa que el crecimiento de las raíces del árbol excede la capacidad de la jardinera con el consiguiente deterioro de la misma.
Puesto que el ayuntamiento tiene un personal cualificado para labores de jardinería sería aconsejable que en la elección de especies se tuviese en cuenta que algunas exceden con mucho el receptáculo donde se las ubica y así corregir la visible falta de previsión y planificación con la que se han venido realizando algunos jardines públicos de Almuñécar.
Miles de personas en Granada el 23-N
Los políticos que venden lo público son gentuza
Hace falta una ley de huelga
Isaac Rosa
Una ley de huelga? Por supuesto: hace falta una, y con urgencia. Cada año que pasa es más necesaria, pues tienen razón el presidente del gobierno, la alcaldesa de Madrid o el presidente de la patronal: cada vez más ciudadanos ven afectados sus derechos esenciales por no tener una ley que los ampare, y la falta de legislación permite los abusos y las prácticas salvajes.
Hace falta una ley de huelga que garantice derechos, acabe con los abusos y ponga a cada uno en su sitio.
Sí, no me miren así, hablo en serio. En la última huelga general, por ejemplo, hubo millones de ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución: el derecho a la huelga. Ya les habría gustado tener una ley que los amparase, que garantizase su derecho, que les permitiese hacer huelga sin miedo a ser despedidos al día siguiente, sin coacción empresarial.
En cuanto a los abusos, están a la vista de todos: el piquete más activo en toda huelga siempre es el piquete patronal. Los reventadores no son los que ponen silicona en las cerraduras o bloquean la salida de autobuses en las cocheras, sino los jefes que pasan lista el día antes y preguntan a los trabajadores quién piensa hacer huelga, y toman nota.
Hace falta una ley de huelga, sí: una que proteja a quienes más dificultades tienen para ejercer su derecho, aquellos para quienes la precariedad es un servicio mínimo insalvable. Una ley para que las autoridades, policía incluida, persigan a los empresarios revientahuelgas con la misma contundencia que emplean contra los piquetes.
Y lo mismo podríamos decir de los servicios mínimos: el incumplimiento sistemático no es de los trabajadores, sino de los gobernantes que una y otra vez interpretan el vacío legan a su antojo y fijan mínimos abusivos, incluso en servicios que no tienen nada de esenciales. Mínimos que se repiten huelga tras huelga, aunque la justicia dé la razón a los trabajadores a toro pasado.
Lo de los “servicios mínimos” es un invento muy español, ajeno a otros países donde sí está regulado el derecho a la huelga, y que aquí se interpreta arbitrariamente. Encima suele servir para otros abusos habituales: la guerra de cifras, el habitual porcentaje pequeño y con decimales con que las autoridades minusvaloran el éxito de toda huelga; y la fabricación de una imagen de “normalidad”, que rompa la excepcionalidad que conlleva toda huelga.
En cuanto a prácticas salvajes, una ley de huelga debería poner coto a una cada vez más frecuente: el esquirolaje, al que tantas empresas recurren mediante subcontratación, externalización de tareas afectadas, o llevando la producción a otros centros. Una ley de huelga debería impedir que una alcaldesa chantajee a los trabajadores amenazando con recurrir a otra empresa; o que una concesionaria de un servicio como la lavandería hospitalaria de Madrid pueda llevarse el trabajo a otras instalaciones para anular la protesta de sus trabajadores, y así no les quede más remedio que aceptar salarios de miseria.
Claro que hace falta una ley de huelga contundente. Igual que necesitamos una ley de seguridad ciudadana, pero una que merezca ese nombre, que haga sentir más seguros a los ciudadanos: una ley que nos proteja en nuestro derecho de reunión y manifestación, para que no seamos acosados y golpeados, infiltrados por policías reventadores, identificados arbitrariamente, sancionados abusivamente. Para que alguien pueda ir a una manifestación sin arriesgarse a volver tuerto a casa.
Pero claro, si la ley de seguridad ciudadana se la encargan a un antidisturbios, imagino que la ley de huelga la pondrán en manos de algún jefe de recursos humanos experto en reventar huelgas, o incluso a algún dirigente patronal que ayer celebraba el anuncio de Rajoy.
IU denuncia una condena injusta por reivindicar el uso social de la tierra
IU muestra su rechazo al anuncio de condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al pago de una indemnización y a siete meses de cárcel al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero Valle, al parlamentario andaluz de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo y a los portavoces municipales de IU en los Ayuntamientos de Osuna y Lalentejuela, José Antonio Rodríguez Núñez y Juan Vega, respectivamente.
Estamos ante una sentencia profundamente injusta producto de la persecución a aquellos que reivindican un uso social de la tierra pública, como es el caso de la finca “Las Turquillas”, propiedad del Estado y cedida al Ministerio de Defensa que la mantiene infrautilizada (sólo se usan 20 de sus 1.200 hectáreas. Cabe recordar que todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, han apoyado que dicha finca pase al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social y para fomentar la creación de empleo en la comarca de la Sierra Sur sevillana.
Finalmente, desde IU queremos trasladar nuestra solidaridad con los compañeros del SAT y de IU condenados en una estrategia de represión que busca criminalizar a los movimientos sociales que defienden los derechos de los trabajadores, que son los que están soportando sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis económica.
Entrevista a uno de los pensadores más lúcidos de la izquierda: Pablo Iglesias
Izquierda Unida de Salobreña DENUNCIA
El Alcalde Sr. Gonzalo Fernández, mientras pide sacrificios a la ciudadanía con subidas de impuestos “Catastrazo” (IBI), por otro lado utiliza el dinero público de manera irresponsable, en indemnizaciones a una alumna del Taller de Empleo de Jardinería que fue despedida caprichosamente y de forma injustificada.
Hace varios meses fue despedida una alumna de la E.T. de Jardinería. I.U. denunció este despido por ser algo “inusual” en una alumna que no una trabajadora, cuyo objetivo era su formación y aprendizaje. Es decir no se le puede pedir rendimiento ni producción sino interés y atención. Y todo esto cuando llevaba menos de un mes como alumna. Solo hay precedentes ante alumnos de otras E.T., que han robado o agredido al monitor, faltado injustificadamente…etc. Los motivos del despido eran una falsa absurda.
Desde IU al igual que desde los sindicatos del Ayuntamiento, intentaron dialogar con el Alcalde para convencerle que estaba cometiendo un error y un abuso, por simple revancha personal.
La despedida interpuso demanda contra el Ayuntamiento en reclamación del Despido. Ante esta demanda solo cabían tres sentencias: Despido Nulo (defecto de tramitación) Despido Procedente (la empresa tiene razón y no hay indemnización) y Despido Improcedente (la empresa decide si readmite o indemniza, lo cual en este caso supondría menos de 200 € por el poco tiempo que llevaba contratada).
El pasado 10 de Octubre y previo a la celebración del Juicio, se celebró acto de conciliación, donde el abogado del Ayuntamiento (por delegación expresa del Alcalde, otro enchufado más) se compromete a abonar a la trabajadora la cantidad de 2.500€ netos. Evidentemente la despedida acepta, pues supone una cantidad DOCE VECES SUPERIOR a la que podría conseguir en caso de celebrarse juicio y se declarase Despido Improcedente. La Secretaria Judicial redacta el acta, cumpliendo con la exigencia del abogado del Ayuntamiento para que no aparezca de ninguna manera el término indemnización por despido sino: “Con el fin de poner fin al conflicto surgido entre las partes”…
Este Alcalde actúa por criterios personales y de revancha en función de quien se trate, cuando son afectados cercanos al PSOE, ha optado por la Readmisión (caso de la Piscina Cubierta) en el resto de los casos Indemniza con dinero público, algo totalmente rechazable desde un punto de vista ético y político y contrario a los intereses generales de la ciudadanía.
IU preguntó al Alcalde en el último Pleno, porque se hacía este uso indebido con dinero público, y no obtuvo más que una respuesta lacónica: “solo nos limitamos a cumplir una sentencia judicial”
Que no Sr. Alcalde, que deje Ud., de fingir, que no hay tal sentencia, que esto es “un arreglo”, un acuerdo entre el Ayuntamiento y la despedida, para tapar una injusticia perpetrada por Ud.