La secretaria de Almuñécar obliga a Benavides a colaborar con la Justicia
Era un secreto a voces que ahora ya es una evidencia: el Ayuntamiento de Almuñécar, que preside Juan Carlos Benavides, no pone demasiado entusiasmo a la hora de colaborar con la Fiscalía de Motril y los juzgados sexitanos. De hecho, la secretaria del Consistorio almuñequero -la funcionaria sobre la que recae la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legalidad- expresó recientemente su «malestar» por ese estado de cosas.
Lo cierto es que, finalmente, el gobierno municipal de Almuñécar se ha dado por aludido y, en una comisión que celebraron el pasado 26 de mayo, tomó «conocimiento del malestar de la secretaria» porque no se cumplían los plazos dados por tribunales y fiscales para aportar documentación sobre operaciones urbanísticas del propio Ayuntamiento que están bajo sospecha.
El «malestar» de la funcionaria debía ser elevado porque el gobierno de Benavides se autoimpuso un ultimátum, improrrogable, de un 24 horas para ponerse al día. Las fotocopiadoras echaron humo y más de uno tuvo que ir a trabajar por las tardes para localizar los papeles y ponerlos a disposición de la Justicia.
Entre la documentación requerida por la Fiscalía y los juzgados, y que no acababa de ser entregada, había expedientes referidos a la Urbanización Citalsol, un complejo hotelero situado en el paseo de Cotobro, la concesión de las gradas para el estadio municipal, la construcción de los aparcamiento del Altillo y la Avenida Rey Juan Carlos, la licencia concedida al hotel Bahía de Almuñécar o sobre la infinidad de modificaciones 'puntuales' del Plan General acordadas por Benavides y su equipo.
Lo cierto es que, finalmente, el gobierno municipal de Almuñécar se ha dado por aludido y, en una comisión que celebraron el pasado 26 de mayo, tomó «conocimiento del malestar de la secretaria» porque no se cumplían los plazos dados por tribunales y fiscales para aportar documentación sobre operaciones urbanísticas del propio Ayuntamiento que están bajo sospecha.
El «malestar» de la funcionaria debía ser elevado porque el gobierno de Benavides se autoimpuso un ultimátum, improrrogable, de un 24 horas para ponerse al día. Las fotocopiadoras echaron humo y más de uno tuvo que ir a trabajar por las tardes para localizar los papeles y ponerlos a disposición de la Justicia.
Entre la documentación requerida por la Fiscalía y los juzgados, y que no acababa de ser entregada, había expedientes referidos a la Urbanización Citalsol, un complejo hotelero situado en el paseo de Cotobro, la concesión de las gradas para el estadio municipal, la construcción de los aparcamiento del Altillo y la Avenida Rey Juan Carlos, la licencia concedida al hotel Bahía de Almuñécar o sobre la infinidad de modificaciones 'puntuales' del Plan General acordadas por Benavides y su equipo.
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