Un Juzgado de Almuñécar admite a trámite un presunto delito de prevaricación contra Benavides

Costa Digital

La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar (Granada) considera que existen "motivos suficientes" para atribuir un delito de prevaricación al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del Centro de Educación Ambiental 'Karanda S.L'. y el camping Carambolo, de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero.

   En el auto, que transforma las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, la juez ve los mismos indicios de delito en la actuación del ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almuñécar, Emilio González Pavesio, y en la de un administrativo de la entidad local, F.O., aceptando así la denuncia del edil de la formación de izquierdas que motivó la apertura de la investigación.

   Así, de las diligencias practicadas se desprende, según consta en la resolución judicial, facilitada a Europa Press, que las citadas resoluciones se promovieron y ejecutaron "a sabiendas de su injusticia", por lo que puede considerarse "a prima facie" que existen indicios de prevaricación por parte de los imputados, que se sitúan a un paso de la apertura de juicio oral.

Según se informa desde Izquierda Unida, “este es el primer resultado de la querella interpuesta por la sociedad propietaria del Camping Carambolo tras cuatro años de acoso sistemático por parte del equipo de gobierno”.

El concejal de IU informa de que el Juzgado ha encontrado indicios más que fundados de la existencia de múltiples irregularidades de todo tipo por parte del alcalde, el concejal de urbanismo y un funcionario del servicio de Urbanismo y por ello han sido imputados de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal.

Según declaraciones de Fermín Tejero, portavoz de IU en el Ayuntamiento,  “espera que el funcionario imputado explique en el juicio quiénes le han dado las órdenes en cada momento para actuar de la manera tan ilegal en que se ha actuado en este tema y espera que no asuma el papel de víctima tapando a los verdaderos responsables de un proceso kafkiano plagado de irregularidades”.

Según Fermín Tejero, el proceso de acoso se inició contra el centro de Educación Ambiental de Karanda S.L. y el camping Carambolo, como represalia contra su persona por el simple hecho de haberse enfrentado abiertamente a la destrucción de las vegas agrícolas del municipio.

El concejal de IU acusa al alcalde de haber iniciado una persecución política sin precedentes después de conocer una nota de prensa de CGT, sindicato en el que milita Fermín Tejero, criticando el campo de golf de la vega de Río Verde. Fermín Tejero afirma que las palabras del alcalde fueron textualmente, que había que “enviarle a los perros”.

El concejal de IU lamenta que esta campaña de acoso contra su persona haya perjudicado directamente a una empresa, a un proyecto de turismo sostenible y a unos puestos de trabajo que están perdidos desde hace varios años. Fermín Tejero explica que tanto el Centro de Educación Medioambiental como el camping están totalmente legalizados y con los permisos y licencias pertinentes desde 1995, y que, además, desde 2005, el territorio del Rancho California está catalogado por resolución de la Junta de Andalucía como Reserva Ecológica.

Tejero sostiene que desde 2005 no han dejado de sufrir visitas masivas de inspección, informes sin base alguna y propuestas de sanción descabelladas en base a documentos incorrectos plagados de errores de todo tipo, así como cierres arbitrarios que han obligado a la empresa propietaria de las instalaciones a interponer seis contenciosos y una querella criminal. Mientras la empresa tiene que asumir el coste tremendo de estos procesos.

Fermín Tejero da a conocer que esta arbitrariedad con que ha actuado la Junta de Gobierno en todo momento ya dio lugar a que el Juzgado les diera la razón en una sentencia dictada el 8 de enero de 2008. Esta sentencia declaraba nulo todo el expediente urbanístico desde el principio. Sin embargo, año y medio después, se queja Fermín Tejero, la sentencia sigue sin cumplirse, en un desprecio de la Justicia que ya resulta habitual en este municipio.
Durante este largo proceso de casi cuatro años, el expediente se perdió del ayuntamiento durante mas de un año, acusa Fermín Tejero, sin que se pudiera consultar el mismo, lo que constituye una clara ilegalidad porque los expedientes no pueden salir del ayuntamiento y porque los afectados tienen el derecho de conocer todas las incidencias del proceso.

Para aumentar nuestra indefensión, explica Tejero, cada vez que hemos solicitado algo, el ayuntamiento ha utilizado, y sigue utilizando, la estrategia dilatoria de pedir un informe jurídico a un servicio externo en lugar de recurrir a los informes de los técnicos municipales. Esta forma de proceder permite dilatar los plazos de respuesta de manera injustificable y, además, con un servicio externo es más fácil tener informes a la carta, asegura el portavoz del camping Carambolo y concejal de IU.

Así pues, año y medio después de haber ganado la sentencia que consideraba nulo el expediente, el Centro de Educación Ambiental y el Camping Carambolo siguen cerrados. Cuatro años después de comenzar el acoso, el Ayuntamiento de Almuñécar no ha resuelto aun los expedientes.

"Aunque tarde", Fermín Tejero espera que "la Justicia ponga las cosas en su sitio y castigue a todos los que hacen de la administración local un uso mafioso y represivo para coaccionar la libertad de expresión y de opinión de los ciudadanos".