A.A.: "A toda la ciudadanía"
El conflicto desencadenado en Seseña entre el empresario inmobiliario conocido como El Pocero y el Ayuntamiento simboliza una lucha mucho más importante que nos afecta a todas y todos los ciudadanos de este país, una lucha en la que está en juego la dignidad y la propia democracia. Y no creemos exagerar.
En Seseña se desarrolla, ante el estupor y de momento la pasividad generalizada, una campaña de presión absolutamente intolerable e insidiosa de un empresario privado contra representantes de los ciudadanos que desempeñan decentemente la función para la que fueron elegidos –cosa, por desgracia, no demasiado frecuente en los tiempos que corren-, un empresario dispuesto a arrasar sin escrúpulos la riqueza pública, el territorio, a las mismas personas y pisotear cualquier atisbo de justicia con el único fin de acrecentar de forma insultante y desorbitada su lucro particular. No se trata de defender al alcalde de esta población como tal, sino de salvaguardar los bienes que son de todos y todas de la voracidad de esta espiral de locura en que el “enladrillamiento” de España nos ha venido enfangando.
En esta semana, El Pocero ha llegado a la indecencia de lanzar a sus trabajadores y trabajadoras a un enfrentamiento con la Corporación para exigir más negocios para su patrono, más beneficios para su jefe, más pelotazos inmobiliarios para quien con toda seguridad no titubearía en dejarlos a todos en la calle a cambio del más insignificante incremento de sus ganancias. Y los trabajadores, por manipulación, por miedo o por lo que quiera que sea, nos han brindado un espectáculo que, en catadura moral y estética, es equiparable al legendario “¡Vivan las cadenas!” que se dice que gritó una parte del pueblo español para celebrar el regreso del rey Fernando VII, el aplastamiento de la modesta libertad conquistada en las Cortes de Cádiz y la reinstauración del Absolutismo.
Pero, como todos y todas sabemos, el caso de Seseña no es único; ya son públicos más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante, Telde, etc. Con implicaciones de políticos de distintos partidos y connivencia de diferentes administraciones públicas. Ésta es, ya lo sabemos todos también, una enfermedad terrible y generalizada.
Las recientes declaraciones de representantes de los promotores inmobiliarios, justificando la corrupción como una vía para salvar las –según ellos- excesivas trabas burocráticas a la iniciativa empresarial y –de nuevo, según ellos- enriquecedora del país, aparte de alcanzar cimas de hipocresía, desvergüenza y desfachatez difícilmente superables, nos indican muy bien de qué estamos hablando. No son “papelitos” lo que eluden las mastodónticas operaciones urbanísticas ni trabas administrativas más o menos quisquillosas, sino el control ciudadano y democrático de la gestión de la economía y los bienes que a todos nos pertenecen, el entorno natural, el equilibrio territorial, el suelo público y derechos fundamentales proclamados en la mismísima Constitución.
De entre estos últimos, el que de forma más trágica e infame destruyen las recalificaciones desaforadas y las urbanizaciones caóticas es el elemental derecho de todas y todos los ciudadanos a una vivienda digna, teóricamente garantizado por el artículo 47 de la Carta Magna. Mientras centenares de miles de personas no pueden acceder a algo tan básico como un hogar en el que desarrollar su vida en plena libertad, promotores, constructores y banqueros, con la impagable aquiescencia cuando no descarada colaboración de los poderes públicos, obtienen beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo público y truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda. Construyen más y más viviendas a precios inalcanzables para millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, condenándoles a una existencia azarosa o a la servidumbre de interminables hipotecas. Y ello en un país en el que, no sólo hay cerca de tres millones de viviendas vacías, como con frecuencia se ha dicho, sino que un porcentaje elevadísimo de ellas son de protección oficial, un nido incomprensible de estafa de dinero público, sin que los poderes públicos acometan la elemental acción de expropiarlas.
Hay que decirlo alto y claro. El urbanismo desatado de España ni es motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo contrario. Los inmensos beneficios de los especuladores se asientan inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población trabajadora, porque obtienen su foco primordial de generación de dinero a manos llenas del suelo que debiera ser público y emplearse en garantizar los derechos de todas y todos.
Es preciso proclamarlo. No asistimos a un repentino y reciente mal. España viene siendo objeto de un monumental saqueo de la riqueza nacional a manos de constructores, promotores y bancos con la complicidad de un amplísimo ejército de gestores públicos tan venales como mediocres desde hace décadas. Convirtiendo además nuestra economía en una maquinaria desquiciada y enferma que en cualquier momento puede estallar y dejar una estela de desempleo, pobreza y desesperación de miles de personas sin que haya habido oportunidad de exigir responsabilidad a los artífices del destrozo.
Por todo lo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos firmantes de este escrito hacemos un llamamiento a la rebelión del conjunto de la población contra este estado de cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos.
No confiamos en ningún pacto de Estado de las cúpulas de los principales partidos políticos que carezca del control y participación ciudadana. No podemos confiar en partidos políticos que en uno u otro grado se han beneficiado del expolio y lo han tolerado durante más de treinta años. Partidos políticos que ahora sólo se preocupan de la corrupción para emplearla como arma arrojadiza contra el adversario.
Sólo confiamos en la movilización amplia y decidida de los millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, que carecen del elemental derecho a un hogar, están ahogados por las hipotecas o sencillamente no tienen ningún interés bastardo en los negocios del ladrillo. Somos la inmensa, la abrumadora mayoría, independientemente de nuestra filiación partidaria. Somos nosotros quienes, con nuestra presión democrática, podemos y debemos obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas radicales que se precisan para atajar el gran saqueo.
Miles de jóvenes nos vienen enseñando con sus movilizaciones por una vivienda digna, en Madrid, Barcelona y otras ciudades, desde antes del verano, cuál es el camino. Hay que reforzarlo y persistir hasta que no puedan eludirnos de ninguna forma.
No nos basta ningún código ético de ésos que los partidos políticos mayoritarios aprueban con tanto entusiasmo como incumplen, ni siquiera con el endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de cargos públicos y funcionarios.
Exigimos que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo de España. Mientras esta trama subsista habrá políticos dispuestos a venderse y dinero de sobra para poder comprarlos, y los expulsados del sistema continuarán siendo precisamente los que no se venden. Y seguirá siendo así aunque se aprueben un millón de bienintencionados códigos éticos.
Exigimos que se acabe con la insensatez de que el beneficio de las recalificaciones sea para los propietarios privados y no un beneficio social y público. Exigimos la gestión íntegramente pública del urbanismo, único camino posible para matar la gallina de los huevos de oro de los especuladores.
Gestión pública del urbanismo con el control y participación ciudadana, suprimiendo nefastas figuras como los “agentes urbanizadores” y los “convenios urbanísticos”, que dejan en manos de gestores públicos al margen del control democrático y especuladores privados la negociación de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar social como la ordenación del territorio.
Exigimos que los Ayuntamiento se garanticen suelo público (Patrimonio Municipal de Suelo) y destinen este suelo y los rendimientos de sus operaciones urbanísticas por completo a vivienda social pública, a hacer efectivos los derechos fundamentales de todas y todos y no al lucro de unos pocos.
Exigimos que, cuando menos, se cumplan las leyes que se aprueban y, junto al procesamiento de todos los corruptos, se adopten las medidas básicas de demolición de viviendas ilegales o expropiación de viviendas de protección oficial con las que se especula, viviendas que pueden perfectamente ser la base inicial de un amplio parque de vivienda pública en alquiler a precios limitados para atender la necesidad esencial de acceso a un techo de miles y miles de personas.
Empecemos con Seseña, porque allí nos jugamos un futuro de dignidad, o bien de empobrecimiento de la mayoría y destrucción del país. Si toleramos que El Pocero cumpla sus fines de lucro particular habrán ganado todos los Poceros que menudean por el territorio nacional a golpe de pelotazo, comisión y recalificación. Si perdemos la dignidad en Seseña, la habremos perdido en todas las Seseñas de España.
Empecemos por Seseña y continuemos por el resto hasta que no les quede más remedio que escucharnos.
Si estás convencido como nosotros de que esta monstruosidad hay que detenerla, suscribe y difunde este manifiesto. No se exige más que ser ciudadano y decente para hacerlo. |
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