La protesta que unos 3.000 guardias civiles uniformados realizaron el 21 de enero pasado en Madrid se está convirtiendo en un nuevo foco de debate político. El diputado de IU en el Parlamento de Andalucía Antonio Romero consideró "vergonzoso" que los ministerios de Defensa y de Interior hayan "cedido a las presiones" de la cúpula militar para mantener las sanciones contra los directivos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Joan Miquel Perpinyá y Juan Antonio Delgado.
En declaraciones a Europa Press, Romero advirtió de que esa actitud "sienta un precedente muy grave". El que fuera durante años portavoz de Defensa de IU en el Congreso de los Diputados pidió al Gobierno que se "sacuda el miedo a las presiones" y conceda a la Guardia Civil sus "derechos", entre ellos el de asociación. Asimismo reclamó la retirada de todos los expedientes disciplinarios derivados de la protesta --los dos ya citados y otros 30 que estarían en curso--, porque "no va a haber ningún contagio en el Ejército".
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