Urbanismo, corrupción, pasividad e hipocresía

Félix Soria. Periodista 

El informe de la ONG Transparencia Internacional referido al año 2006 advierte de que el funcionamiento, los criterios y las actitudes de los responsables políticos, técnicos y funcionariales constituyen el problema fundamental del Estado español en el ámbito de la corrupción. El texto precisa que "el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno", y añade que la costa y las inmediaciones de las ciudades son las zonas donde más abunda la corrupción.

España es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que más se ha encarecido el precio de la vivienda durante los últimos años.

Transparencia Internacional, que ha remitido su informe al Defensor del Pueblo, apunta nueve aspectos que caracterizan la proliferación de los episodios de corrupción:

1. La mayoría de los gobiernos municipales están a favor de utilizar los convenios urbanísticos para ingresar dinero.
2. La modificación de los planes urbanísticos es demasiado frecuente. En los últimos cuatro  años, sólo en la isla de Mallorca los municipios los han modificado 227 veces.

3. El control oficial sobre las construcciones y los proyectos aprobados es irrelevante.
4. Las obras ilegales rara vez son demolidas y las sanciones consisten en poner multas que son de cuantía inferior a los beneficios obtenidos por los corruptos.
5. La elevada cantidad de dinero negro que circula en el país se refugia fundamentalmente en el sector inmobiliario. Por término medio, entre un 20 y un 35% del precio de la vivienda se paga con dinero negro o no declarado a Hacienda.
6. El Estado -y conste que el Estado es todo, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y el poder judicial- ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas, lo que ha provocado una aparente escasez y, a su vez, el encarecimiento de la vivienda.
7. El Estado consiente o cierra los ojos ante las expropiaciones a particulares para ejecutar teóricos proyectos con fines sociales o de interés público para, posteriormente, vender los solares.
8. Hay empresas del sector inmobiliario (incluidos constructores) que crean partidos políticos para presentarse a elecciones locales –generalmente con la vitola de independientes- para, si ganan por mayoría o sus concejales son necesarios para gobernar, controlar la concejalía de urbanismo. En otras ocasiones los mafiosos se infiltran en los partidos ya existentes para conseguir el mismo objetivo.
9. La corrupción urbanística se ha expandido a todo tipo instituciones, incluida la Administración de justicia.
¿Recuerdan ustedes cuando Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat, dijo aquello de que son normales las comisiones del 3% en las obras públicas?, ¿recuerdan que casi todos los dirigentes políticos -y acreditados columnistas- se llevaron las manos a la cabeza por el grave peligro que según ellos supone decir semejantes cosas? Pues bien, Maragall no dijo ninguna mentira.
¿Será que en las Españas es más importante respetar los formalismos que las leyes?
Otra pregunta: ¿Cuántos medios de comunicación han informado con la relevancia que merece del dictamen de Transparencia Internacional, en cuyas actividades intervienen profesionales de la Economía, del Derecho -incluidos jueces- y de otras disciplinas y saberes?