Alhaurín: Serón cobraba 6.000 euros por cada casa de más que dejaba construir

Este es el alcalde que hace poco montó una mani a la puerta de la cárcel para apoyar a los empresarios. Estos son los empresarios que hace unos meses montaron una mani a la puerta de la cárcel para apoyar al alcalde. Hoy por ti, mañan por mí. 

La instrucción judicial de la operación Troya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha sacado a la luz "el precio del soborno" presuntamente exigido por el alcalde, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil (PP), a cambio de la concesión de licencias de obras: 6.000 euros por cada vivienda extra -fuera de planeamiento- y 80 euros por cada metro de exceso de edificabilidad. Así consta en un amplio informe que la Policía Nacional remitió al juez del caso, Carlos Peinado, el pasado 6 de junio, incluido en el sumario de la causa.

Las detenciones de ambos políticos el pasado 18 de enero fueron las primeras de las 22 practicadas en el marco de la operación Troya, por la que actualmente hay 24 personas imputadas. La mayoría son pequeños empresarios de la construcción que habrían abonado de 6.000 a 168.000 euros a cambio de licencias urbanísticas que vulnerarían el planeamiento urbanístico.

El informe policial recoge doce casos de presuntos sobornos, relativos a permisos otorgados en su mayor parte entre los meses de diciembre de 2005 y abril de 2006. Los agentes se han basado en la documentación que guardaba Guerra y en la que figuran los nombres de los promotores y junto a ellos, una cantidad en concepto de "comisión" que "responde al incremento de edificabilidad/número de viviendas sobre el máximo establecido en el PGOU correspondiente".

La suma de las cantidades que el alcalde y el edil presuntamente exigieron a esos doce promotores o constructores asciende a casi 750.000 euros. Y la concesión de las respectivas licencias habría dado vía libre a la construcción de 200 viviendas, de las que sólo la mitad estarían amparadas por el planeamiento en vigor.

El caso más llamativo, en cuanto al volumen de la comisión supuestamente exigida, es el de un solar propiedad de Los Rosales de Churriana donde sólo se podían construir 21,95 viviendas. Según consta en el sumario, el pago de más de 168.000 euros habría permitido a esta empresa edificar hasta 47 casas.

El expediente policial de la entidad Malcoreva, participada por cuatro socios también imputados, refleja que los empresarios supuestamente abonaron al Ayuntamiento 100.000 euros para poder edificar 21 viviendas en la calle Blas Infante donde estaban proyectadas cinco, en base a la normativa urbanística. La entrega del dinero quedó recogida en los soportes intervenidos.

La valoración policial es contundente. A juicio de los investigadores, la información "acredita la metodología seguida por el alcalde/concejal en la instrumentalización del cobro de cantidades perfectamente tasadas a cambio de licencias urbanísticas. Cantidades que no parecen repercutir en las arcas del Ayuntamiento y en el bien público de la localidad".

Según el sumario, los constructores pagaban a través de la sociedad de "movimientos de tierra" Conextran SL. La relación con el Ayuntamiento es que "la mujer del dueño de la misma trabaja con la esposa del alcalde, que tiene una gestoría".