Benavides y la mitad de su equipo se enfrentan a dos años de cárcel y diez de inhabilitación

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, y seis de sus compañeros -cuatro de ellos concejales en la actual corporación- se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía solicita para el controvertido regidor sexitano y los seis ediles que participaron en la operación dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

Aunque relativamente nuevo, el delito urbanístico -como se conoce popularmente- ya ha llevado a algún político a prisión. Por ejemplo, y aunque las comparaciones en materia jurídica resulten rematadamente odiosas, la primera vez que un juez ordenó que el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz cumpliera una pena fue en septiembre de 2006, precisamente, por un delito urbanístico. La condena era de un año de cárcel y ocho de inhabilitación.

También por un delito contra la ordenación del territorio se ha sentado estos días Julián Muñoz en el banquillo por el ’caso Herrero’. En esta ocasión, el fiscal pide para el ex regidor marbellí un año y medio de cárcel.

Por la construcción del pabellón de La Herradura Benavides y sus compañeros se enfrentan a una petición fiscal de dos años. Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, paso previo e inminente al juicio oral, los concejales que participaron en la junta de gobierno de Almuñécar del 25 de enero de 2005 dieron luz verde por vía de urgencia al proyecto del polideportivo aunque eran «conscientes en todo momento de la ilegalidad».

Según el fiscal, tanto el alcalde almuñequero como sus concejales conocían que el edificio se iba a levantar en «suelo no urbanizable de protección de cultivos», sin que se hubiera tramitado previamente la declaración de utilidad pública e interés social de las instalaciones deportivas, tal y como obliga la Ley de Suelo. El Plan de Ordenación (PGOU) de Almuñécar establece además que los terrenos afectados constituyen una zona de «alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico».

En resumen, la irregularidad fue tanto autorizar un pabellón donde no se podía como hacerlo pasando por lo alto de todas las administraciones y sin seguir la tramitación adecuada. De haber cumplido los cauces oportunos, lo más probable es que el pabellón hubiera recibido licencia con todas las de la ley.

El escrito de acusación del fiscal incluye un matiz novedoso. Solicita para los siete acusados que costeen de su bolsillo -si fuese necesario- el derribo de la parte del pabellón que esté fuera de la ley.

Además de Benavides, entre los acusados figuran cuatro concejales de su actual equipo de gobierno -entre ellos los responsables de Urbanismo y Obras Públicas-, por lo que la mitad de la corporación -son diez- se sentará en el banquillo. También irán a juicio dos ediles del anterior mandato, entre los que figura Emilio González Pavesio, antiguo concejal de Urbanismo y responsable del polémico PGOU de Almuñécar que ha tumbado la Junta. González Pavesio, hombre de confianza de Benavides, renunció por sorpresa a continuar en las listas pero tras las elecciones ha sido contratado -según ha denunciado el PSOE- como alto directivo del Ayuntamiento, puesto por el que percibirá 46.600 euros anuales.

La parcela de la discordia fue cedida al Ayuntamiento en virtud de una convenio con una sociedad hotelera. El pabellón ya está construido en mitad de la Vega.