Benavides es acusado de malversación de fondos y ya suma cuatro citas con el banquillo
La Fiscalía de Granada ha acusado formalmente a Juan Carlos Benavides, alcalde de Almuñécar, de un delito de malversación, cometido, presuntamente, al querellarse con dinero público. El Ministerio Público solicita dos años de inhabilitación y una multa para el político sexitano. Será un jurado popular el que deberá determinar si Benavides quebrantó la ley o no.
El origen del pleito es esperpéntico. Benavides se llegó hasta un juzgado para denunciar al PP por un presunto delito electoral, pero el juez no sólo desestimó los cargos, sino que imputó al alcalde por la supuesta comisión de un delito de malversación de dinero público. Según la acusación, Benavides pagó los gastos que implica la interposición de una querella con fondos municipales. Inaudito.
Con ésta, ya son cuatro las citas que tiene el regidor de Almuñécar con el banquillo de los acusados.
Uno de los asuntos más serios, si se tiene en cuenta la petición de condena de la Fiscalía, es el que vincula a Benavides con la construcción de un polideportivo en terreno protegido de La Herradura.
En su escrito, la Fiscalía solicita para el controvertido regidor sexitano y los seis ediles que participaron en la operación, dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Según el fiscal, tanto el alcalde almuñequero como sus concejales conocían que el edificio se iba a levantar en «suelo no urbanizable de protección de cultivos», sin que se hubiera tramitado previamente la declaración de utilidad pública e interés social de las instalaciones deportivas, tal y como obliga la Ley de Suelo. El Plan de Ordenación (PGOU) de Almuñécar establece además que los terrenos afectados constituyen una zona de «alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico». Sin son condenados, los acusados podrían ser obligados a costear de su bolsillo el derribo de la parte del pabellón que fuera declarada ilegal.
Más. Benavides también va a ser juzgado por supuestas coacciones a los gestores de la televisión municipal de la localidad costera. El Ministerio Público, pide que el alcalde sea condenado a dos años y medio de prisión por un delito de coacciones con la agravante de abuso de cargo público, además de a pagar una multa de 36.500 euros.
La cuarta acusación formal -y conocida- que pesa sobre Benavides es de exacciones ilegales, según informó recientemente el diario 'Granada Hoy'. La Audiencia Provincial ha estimado que el alcalde pudo reclamar a unos vecinos de Almuñécar una cantidad superior a la que establecen las normas por la realización de unas obras de saneamiento.
El enjuiciamiento de este delito corresponde a un tribunal del jurado.
El origen del pleito es esperpéntico. Benavides se llegó hasta un juzgado para denunciar al PP por un presunto delito electoral, pero el juez no sólo desestimó los cargos, sino que imputó al alcalde por la supuesta comisión de un delito de malversación de dinero público. Según la acusación, Benavides pagó los gastos que implica la interposición de una querella con fondos municipales. Inaudito.
Con ésta, ya son cuatro las citas que tiene el regidor de Almuñécar con el banquillo de los acusados.
Uno de los asuntos más serios, si se tiene en cuenta la petición de condena de la Fiscalía, es el que vincula a Benavides con la construcción de un polideportivo en terreno protegido de La Herradura.
En su escrito, la Fiscalía solicita para el controvertido regidor sexitano y los seis ediles que participaron en la operación, dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Según el fiscal, tanto el alcalde almuñequero como sus concejales conocían que el edificio se iba a levantar en «suelo no urbanizable de protección de cultivos», sin que se hubiera tramitado previamente la declaración de utilidad pública e interés social de las instalaciones deportivas, tal y como obliga la Ley de Suelo. El Plan de Ordenación (PGOU) de Almuñécar establece además que los terrenos afectados constituyen una zona de «alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico». Sin son condenados, los acusados podrían ser obligados a costear de su bolsillo el derribo de la parte del pabellón que fuera declarada ilegal.
Más. Benavides también va a ser juzgado por supuestas coacciones a los gestores de la televisión municipal de la localidad costera. El Ministerio Público, pide que el alcalde sea condenado a dos años y medio de prisión por un delito de coacciones con la agravante de abuso de cargo público, además de a pagar una multa de 36.500 euros.
La cuarta acusación formal -y conocida- que pesa sobre Benavides es de exacciones ilegales, según informó recientemente el diario 'Granada Hoy'. La Audiencia Provincial ha estimado que el alcalde pudo reclamar a unos vecinos de Almuñécar una cantidad superior a la que establecen las normas por la realización de unas obras de saneamiento.
El enjuiciamiento de este delito corresponde a un tribunal del jurado.
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