El juzgado anula un convenio de tres millones que firmó Benavides en 2004
El acuerdo es nulo. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha estimado el recurso de unos vecinos contra un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Almuñécar en 2004. El falló -todavía recurrible- anula el acto impugnado por ser contrario a derecho. La operación que se queda en el aire es de 3.208.483 euros.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.
La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.
El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.
El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.
En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores.
El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acabó archivando las diligencias, ya que que los convenios urbanísticos todavía no han pasado por el filtro definitivo de la Junta y son prácticamente papel mojado.
Pero acaba de prosperar un recurso, el de unos vecinos contra una macro operación urbanística en Río Seco. El juez anula el convenio firmado el 30 de septiembre de 2004 con una promotora, que después aprobó Juan Carlos Benavides por resolución el 11 de agosto de 2005.
La sentencia recoge que «no consta que el convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno. (...) Las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».
Sí pasó por el pleno un segundo documento pero no «contiene mención alguna a las compensaciones en metálico del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria que fija el convenio», la venta del diez por ciento que le corresponde al Ayuntamiento cuando se urbaniza un terreno nuevo. Al contrario, se dice que esas parcelas pasarían a formar parte del patrimonio municipal de suelo.
El importe del convenio superaba los 3 millones de euros. En el informe del interventor municipal consta que el Ayuntamiento ingresó 160.425 euros de la misma empresa el 31 de agosto de 2005, días después de cerrarse el acuerdo.
La ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, dijo en su día que los convenios que había venido firmando el Ayuntamiento no tenían «ningún valor» para el gobierno andaluz.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.
La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.
El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.
El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.
En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores.
El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acabó archivando las diligencias, ya que que los convenios urbanísticos todavía no han pasado por el filtro definitivo de la Junta y son prácticamente papel mojado.
Pero acaba de prosperar un recurso, el de unos vecinos contra una macro operación urbanística en Río Seco. El juez anula el convenio firmado el 30 de septiembre de 2004 con una promotora, que después aprobó Juan Carlos Benavides por resolución el 11 de agosto de 2005.
La sentencia recoge que «no consta que el convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno. (...) Las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».
Sí pasó por el pleno un segundo documento pero no «contiene mención alguna a las compensaciones en metálico del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria que fija el convenio», la venta del diez por ciento que le corresponde al Ayuntamiento cuando se urbaniza un terreno nuevo. Al contrario, se dice que esas parcelas pasarían a formar parte del patrimonio municipal de suelo.
El importe del convenio superaba los 3 millones de euros. En el informe del interventor municipal consta que el Ayuntamiento ingresó 160.425 euros de la misma empresa el 31 de agosto de 2005, días después de cerrarse el acuerdo.
La ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, dijo en su día que los convenios que había venido firmando el Ayuntamiento no tenían «ningún valor» para el gobierno andaluz.
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