Javier Alcázar: “Es indecente plantear el incremento del recibo eléctrico en un marco de insuficiente inversión por parte de las empresas del sector y sin una racionalizacion de las necesidades y los recursos”

El Coordinador Ejecutivo de Economía y Trabajo de IU, Javier Alcázar, “se muestra contrario a los incrementos indiscriminados de tarifas eléctricas planteadas por el Gobierno y avaladas por la Comisión Nacional de la Energía, en un entorno de profunda desaceleración económica, altos niveles de inflación y crecimiento del desempleo”.

Para Alcázar “la carga de la factura eléctrica es soportada especialmente por los consumidores domésticos y pequeñas empresas al margen de su condición social y su nivel de necesidad. Consideramos necesario un Plan Eléctrico dirigido a los hogares más modestos para favorecer la renovación integral de electrodomésticos básicos en el marco de un plan “Renove” integral y realista, así como la adopción del IVA superreducido para el consumo eléctrico”

Ante esta situación, Alcázar afirmó, que “entiende demagógico el planteamiento de la Comisión Nacional de la Energía, cuando obvia la utilización recurrente y creciente en los sistemas de interrumpibilidad que favorece específicamente a las grandes empresas consumidoras de alta tensión, las cuales pagan de promedio por Kw/h un tercio menos de lo que pagan en su factura las pequeñas y medianas empresas y las familias”.

En opinión de Alcázar “el principal problema que tiene nuestro sistema eléctrico, desde su desmedida liberalización es la creciente abstención inversora de las empresas del sector que sitúan sus objetivos más en la maximización de los beneficios a través de las vías especulativas y rentas en bolsa y mucho menos en el de creciente nivel de nivel de cobertura el cual se ha situado en niveles por debajo del 10% en los últimos 5 años, lo que a su vez constata el triste papel que juega la Comisión Nacional de la Energía”.

Por último Alcázar afirmó que “el anuncio del gobierno de incrementar el recibo de la luz junto con la intención declarada de continuar bajando los impuestos directos y de sociedades determina una política fiscal del Gobierno que además de regresiva e injusta es errática sin visión de futuro y especialmente perjudicial para los intereses más elementales de la inmensa mayoría de los ciudadanos”.