El fiscal denuncia al alcalde de Otura y a 4 ediles por prevaricación

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha denunciado al alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, y a otros cuatro concejales del Ayuntamiento otureño y miembros de la Junta de Gobierno Local por un presunto delito de prevaricación por la recepción de obras y licencias de primera ocupación para 50 viviendas de una urbanización, de la que informaron negativamente en varias ocasiones los técnicos municipales.

Según consta en la denuncia del fiscal, los miembros de la Junta de Gobierno Local, formada por el alcalde y los ediles Ignacio Francisco Pérez Cabrera, Pedro Luis Francisco Cabanillas, María Antonia López Bascuñana y María Dolores Dobaño, concedieron licencias de ocupación para medio centenar de viviendas, tras la solicitud de la mercantil Mantenimientos y Construcciones Alcuba, urbanizadora del Plan Parcial.

La empresa pidió la recepción parcial de la obra pública de urbanización, a lo que el arquitecto municipal emitió un informe desfavorable en el que se señalaba que no debía concederse porque la recepción parcial no coincidía con la fase inicial fijada en el plan parcial. Además, las obras tenía "importantes defectos y omisiones", como la falta de informes sanitario de la red de abastecimiento de agua.

A pesar de ello, agrega el Ministerio Público, la Junta de Gobierno Local acordó recepcionar las obras, condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en un plazo de 90 días. Cuando transcurrieron sólo quince, el alcalde ordenó al técnico municipal que emitiera un informe sobre la subsanación el 14 de noviembre de 2007, "sin permitirle realizar una visita de inspección a las obras".

El técnico volvió a informar desfavorablemente de la recepción de las obras, si bien el alcalde "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables", dictó una resolución en la que dio por subsanados los defectos y cumplidas las condiciones.

El 20 de noviembre de 2007 representantes de la mercantil acudieron al Ayuntamiento para firmar la recepción de la obra, aunque el técnico municipal presentó entonces la plantilla de acta de recepción, donde hizo constar el carácter parcial de las obras. Tras esto, uno de los representantes llamó por teléfono al alcalde y se lo pasó al técnico, al que el regidor ordenó que hiciera constar la recepción como total, lo que sorprendió incluso al técnico que acompañaba al representante de la empresa.

"Se aprecia una clara voluntad de anticipar la recepción de las obras de urbanización a un momento en que se carecía de los mínimos elementos necesarios en una actuación en la que la voluntad personal se impone contra todo criterio jurídico aplicable", sostiene el fiscal.