Construyen diez viviendas donde se podían construir dos

El Pleno del 3 de julio ha acordado anular una licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno el 12 de julio de 2005. Esta anulación se produce a petición de la Junta de Andalucía, que considera la licencia contraria al PGOU de Almuñécar, y sólo ha tenido los votos a favor de Convergencia Andaluza.

 

La historia se remonta a julio de 2005 en que se concede una licencia para construir viviendas en Cerro Gordo a la promotora Estel-Sud. Un año después, el 25 de julio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba la modificación del proyecto dándose permiso para construir diez viviendas en una parcela, que según la Junta de Andalucía, sólo permite construir dos.

 

Fermín Tejero explica que la intervención de la Junta se produce un año después y sólo porque una vecina denuncia las obras el 20 de marzo de 2007. Esta vecina denuncia que, además, las obras no cumplen la ordenanza residencial extensiva XIII porque, frente a los 6 metros de altura máxima se está levantando ‘un mamotreto de 15 m’. Es lamentable que tengan que ser vecinos afectados los que denuncien irregularidades urbanísticas mientras que los concejales de la oposición, aun teniendo conocimiento de situaciones ilegales, han optado en numerosas ocasiones por el silencio.

 

A raíz de esta denuncia, la Junta se dirige al ayuntamiento el 16 de abril pidiendo copia de la licencia, de los informes y del proyecto. Dado que el ayuntamiento no contesta al escrito de la Junta, esta se vuelve a dirigir al alcalde el 10 de octubre de 2007. Por fin, el 22 de octubre, el señor alcalde se digna contestar a la Junta con una respuesta sorprendente: ‘este ayuntamiento no dispone de medios técnicos suficientes para la copia de proyectos, siendo este el motivo del retraso en el envío de la documentación…en aras de la colaboración entre administraciones públicas, se remite copia de la licencia urbanística así como de los informes técnicos y jurídicos previos al otorgamiento de la misma, y el original del proyecto técnico…’.

 

Fermín Tejero denuncia esta dilación injustificada del ayuntamiento ya que esa misma respuesta y esa misma documentación se podían haber enviado siete meses antes.

 

El caso es que ahora nos encontramos con las diez viviendas ya construidas. Dado que el promotor actuó conforme a la ley y la construcción se hizo con una licencia perfectamente legal, hay dos grupos de perjudicados: de un lado, los ciudadanos que han comprado las viviendas pensando que eran legales; de otro lado, los contribuyentes, dado que si el acuerdo del Pleno sigue sus pasos legales, las viviendas tendrían que ser derribadas y los propietarios indemnizados con cargo a nuestros impuestos, no con cargo a quienes han dado lugar a este nuevo desaguisado.

 

Para el concejal de IU, es inadmisible esta forma de actuar porque no es lógico que siempre paguen los ciudadanos. Si el mismo alcalde que dio la licencia propone anularla es porque entiende que los informes de los técnicos municipales no eran correctos y esa licencia no se debio dar, en cuyo caso habría que exigir responsabilidades a los autores de esos informes. Si, por el contrario, el alcalde entiende que esos informes son correctos y que allí se podían construir diez viviendas en vez de dos, el alcalde no debería haber propuesto anular la licencia.