El Comité de Aguas y Servicios se reúne con IU

El 7 de julio se ha mantenido una reunión entre el Comité de Empresa de Aguas y Servicios y responsables de IU. Por parte del Comité estuvieron presentes Mari Carmen Ruiz, presidenta; Salvador Morón, secretario, y Pablo José Moraga, vocal. En representación de IU asistieron a la reunión Fermín Tejero, como representante de IU en la Mancomunidad, Antonio Leyva, coordinador local de Almuñécar, y Antonio Aragón, responsable de movimiento obrero del Consejo Local de Almuñécar.

 

La representación del Comité explicó los numerosos conflictos que mantienen los trabajadores con el gerente de la empresa por su falta de respeto a la legislación laboral. La actitud de la empresa ha llevado a la Inspección de Trabajo a multarla con 300.000 €. En lugar de sentarse a negociar, la empresa ha despedido a dos trabajadores con el único objetivo de presionar a la plantilla.

 

El Comité de Aguas y Servicios mostró sus quejas por la pasividad de los responsables de la Mancomunidad. Ni Carlos Rojas, ni Pedro Álvarez han hecho nada por solucionar los problemas de los trabajadores a pesar de que en el pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio se establece con claridad que la Mancomunidad tiene el derecho y el deber de supervisar la actuación de la empresa en todos los ámbitos, incluido el laboral.

 

La representación del Comité y los responsables de IU coincidieron en la necesidad de exigir al PP y al PSOE que se impliquen directamente en este problema que no es el asunto interno de una empresa privada sino algo que afecta directamente a la gestión de la Mancomunidad. Asimismo, pidieron a Benavides, vicepresidente de la Mancomunidad, que no se esconda y asuma sus responsabilidades como máximo representante de este organismo tras la dimisión del presidente.

 

Tanto IU como el Comité critican la forma en que se está llevando a cabo la implantación de contadores electrónicos. Estos nuevos aparatos van a costar a la Mancomunidad un millón de euros, mientras que todos los beneficios van a ser para la empresa, que va a mejorar sensiblemente sus ingresos. El gasto es público pero el beneficio es privado. Igualmente, se criticó el hecho de que se estén sustituyendo contadores que tienen menos de un año y están en perfectas condiciones, lo que supone un derroche importante que luego recaerá sobre el bolsillo de los consumidores. También sobre el bolsillo de los consumidores está repercutiendo toda la política antilaboral de la empresa ya que los gastos de abogados e indemnizaciones se cargan en la partida de gastos generales y ese dato luego interviene en la fijación de las tarifas.

 

Los representantes de IU expusieron al Comité que es inadmisible que se esté haciendo con el agua un negocio tan descarado para aumentar las arcas de FCC y Acciona, que son quienes se están forrando con el agua de la costa. El poder de estas empresas a nivel estatal condiciona, sin duda alguna, las decisiones de los distintos gobiernos de la Mancomunidad.

 

En opinión de IU, la única solución estable a este conflicto pasa por recuperar la gestión pública del agua, rescatando la concesión, pero que ello sólo será posible si otros grupos políticos apoyan la idea, cosa que hasta ahora no ha ocurrido pues las mociones que IU ha presentado en diversos ayuntamientos de la comarca han contado con el voto en contra del PSOE y del PP.

 

Como solución intermedia, ambas partes convinieron en trasladar al conjunto de los ayuntamientos la posibilidad de aprobar un rescate temporal de la concesión, algo que está previsto en el pliego de condiciones por una mala gestión de la empresa.