La sentencia del Supremo sobre el referéndum es papel mojado

En opinión de IU, la sentencia del Tribunal Supremo autorizando la consulta sobre el documento de aprobación inicial del PGOU es la respuesta a una pregunta mal planteada

Los referendos y las consultas se diferencian en el carácter decisorio o no, y se parecen en que ambos métodos de participación pretenden conocer la opinión del pueblo respecto a un documento. En todas las consultas y referendos habidos en este país siempre se le ha pedido a la gente su opinión acerca de un texto concreto y cerrado.

Cuando se preguntó a los españoles si les parecía bien la constitución, no se les preguntó sobre el primer o el segundo borrador que habían manejado los diputados sino sobre un texto definitivo que había que aprobar o rechazar.

Cuando se preguntó hace poco a los andaluces si queríamos el Estatuto, no se nos preguntó por un proyecto de los muchos que estuvieron discutiendo en el Parlamento andaluz. Cuando fuimos a votar lo hicimos sabiendo que ese texto al que debíamos dar un sí o un no era un documento definitivo que saldría en el Boletin Oficial de la Junta en caso de ser aprobado, sin ponerle ni quitarle una coma.

Nada tendríamos que objetar si, una vez perfilado el texto definitivo, se nos pregunta a los almuñequeros si nos gusta o desagrada el PGOU definitivo. Es más, nos parecería un sano ejercicio democrático.

Pero nos parece una pérdida de tiempo y un gasto inútil el que se nos pregunte a los ciudadanos por un proyecto que tendrá que ser modificado del principio al final.

¿De qué sirve que digamos sí a un documento que habla de cuatro campos de golf si a lo mejor el definitivo tiene tres, o dos, o ninguno? ¿De qué sirve que se nos pregunte si nos gusta un PGOU que pretende construir una marina seca en la Sandovala si a lo mejor el documento final ya no incluye esa propuesta?

Preguntar a los ciudadanos por el documento de aprobación inicial del PGOU sabiendo que después viene el documento provisional, y luego el definitivo, es ganas de perder el tiempo y el dinero, salvo que lo único que se quiera es hacer política de la mala y propaganda barata a favor de propuestas que luego no se van a concretar.

De hecho, el documento de aprobación inicial que Benavides quería llevar a consulta no se parece en casi nada al que presentó hace unos meses como documento provisional, y se parecerá aún menos, de eso no hay duda ninguna, al que se presente como documento final.

La pregunta que Benavides hizo al Tribunal Supremo es si el ayuntamiento podía hacer una consulta sobre el documento de aprobación inicial. Y le han dicho que sí porque es verdad que la aprobación inicial es cosa exclusiva del pleno del ayuntamiento. Pero ese sí del Tribunal Supremo no tiene ninguna trascendencia práctica porque el mismo equipo de gobierno ya ha tirado a la basura el documento sobre el que nos quería preguntar.

Si ahora pretendiese consultarnos sobre el documento de aprobación provisional que ha enviado a la Junta, estaríamos en las mismas. Esa consulta sería un brindis al sol porque ese documento tampoco va a llegar a ninguna parte. Hay que seguir corrigiendo irregularidades, rectificando errores, añadiendo omisiones, incorporando información que aún falta. No hace ni dos semanas que la Junta de Gobierno acaba de encargar un estudio sobre población que el PGOU tenía que llevar pero que no lleva.

Insistimos: preguntar está bien cuando se pregunta por un documento definitivo, no cuando se pregunta por un borrador. El Tribunal Supremo le ha dicho al ayuntamiento que puede consultarnos sobre el borrador del PGOU. Pero lo que está claro, en nuestra opinión, es que esa consulta no tiene ningún efecto práctico y sólo puede contribuir a confundir.

También el alcalde Granada podría preguntar a sus vecinos si están de acuerdo con un proyecto de PGOU que pretenda construir dos mil VPO en el Generalife, cuatro hoteles en La Alhambra y un segundo embalse en el río Genil. Claro que podría preguntarlo, pero de nada serviría la consulta porque ese proyecto sería echado abajo por la Comisión Provincial de Urbanismo, por la Agencia Andaluza del Agua, por la Comisión de Cultura y por seis o siete organismos que tienen entre sus funciones la de velar porque la planificación urbanística se adapte a la legalidad.

Lo que tiene que hacer el alcalde de Almuñécar es adaptar el proyecto de Plan de Urbanismo a la legalidad y cuando tengamos un documento con los informes positivos de quien tiene la capacidad de darlos, entonces, que se nos pregunte a los vecinos si ese texto, que ya es legal, cuenta con nuestro apoyo.

Lo demás es propaganda y perder el tiempo. Pero si quiere consultar a los vecinos porque de verdad le interesa su opinión, le sugerimos que haga cuanto antes una consulta sobre la tasa de basura y otra sobre la zona azul. Quizá ahí no tenga que llegar hasta el Supremo porque nadie le va a protestar ni a impugnar ya que los dos temas son de estricta competencia municipal. Cuente con nuestro apoyo si se decide a realizar esas dos consultas.