El informe del Nevada revela el ´insuficiente´ control de la Junta

El detallado informe pericial aportado a la investigación judicial pone de relieve que falló el control de la Junta de Andalucía sobre el proceso urbanístico del centro comercial Nevada que promovieron los hombres fuertes del anterior gobierno de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, todos ellos imputados en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.

Pese a que los informes jurídicos y técnicos emitidos por la Delegación de Obras Públicas observaban irregularidades en la tramitación del proyecto y ponían serios reparos a las pretensiones del Ayuntamiento de Armilla, los expertos consultados por el juez Miguel Ángel del Arco consideran que "el control de un proceso administrativo de esta envergadura resultó insuficiente y las advertencias de los informes fueron desoídas".

Se refiere, en este caso, a dos informes sobre la tramitación del plan parcial B donde los técnicos de la Junta detectaron que se incumplían las normas subsidiarias en cuanto a ubicación y estructura de los espacios libres y equipamientos, no se respetaba la edificabilidad, ni existían estudios sobre el tráfico. Para dar apariencia de legalidad, el Ayuntamiento recurría a informes externos, "a instancias de parte", con el fin de "desvirtuar" los dictámenes negativos de la Junta de Andalucía. Las infracciones se producían tanto en suelo urbano como en no urbanizable.

Si bien los peritos están de acuerdo en la totalidad de las observaciones realizadas, se echa en falta la exigencia de un estudio de actividad y de informe ambiental, así como la observación sobre el incumplimiento de un instrumento de ordenación detallada. "Está claro que este expediente debió exigirse con la mayor energía, no sólo en su control sino en su orientación procedimental y de objetivos en el marco de una colaboración entre instituciones", sostienen.

Las "intervenciones y omisiones" de los gestores, al más alto nivel, ha concluido, según los peritos, con la construcción de un edificio comercial que figura entre los más grandes del mundo, en concreto es el segundo de España, pues abarca una superficie de 275.000 metros cuadrados construidos "sin cumplir la legalidad". El informe determina que se han edificado 39.564 metros cuadrados en suelo público y no urbanizable, de ahí que los peritos apuesten por la demolición parcial para restituir la legalidad. No obstante, no se descarta el derrumbe total de la obra que costaría 30 millones de euros.

Con dicho informe, la fase de investigación judicial está prácticamente acabada, por lo que se espera con interés el auto del juez, quien deberá pronunciarse sobre la demolición -total o parcial- de la mole del Nevada.