CGT critica la inhibición de la Diputación y del PSOE en el tema de la Apat

Sección sindical de CGT en la Apat

El Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha tenido que dar la razón al sindicato CGT por las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del pliego de condiciones para privatizar el servicio de recaudación, quedando de manifiesto que se incumplía flagrantemente lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

El pliego contemplaba que se adjudicaría la gestión por "15 años", cuando la Ley permite un máximo de cuatro años prorrogables por dos si no se denuncia por las partes.

CGT, a pesar de contar con medios modestos, ha dado un vuelco a la intención del Ayuntamiento de Almuñécar de privatizar ilegalmente un servicio público por un periodo superior al permitido por la Ley

Otras alegaciones incluidas en el recurso de CGT han sido rechazadas por el Pleno del Ayuntamiento por los votos de los concejales del partido gobernante (dirigido por el polémico Juan  Carlos Benavides) y los concejales del Partido Popular. Es bochornoso que la aprobación inicial, a pesar de ser ilegal, fue votada igualmente por esos mismos concejales, lo que nos induce a pensar que tienen gran interés para que a toda costa se privatice la recaudación de Almuñécar.

CGT está estudiando continuar con sus gestiones para impedir la privatización encubierta de un servicio que "por su naturaleza es público, debe ser prestado por la administración y que conlleva poner datos de carácter económico y personal en manos de una empresa privada", amén de ser costosa para los vecinos de Almuñécar y sin que cuente siquiera con informes concluyentes de la interventora, de la secretaria y tesorería del Ayuntamiento que den el visto bueno a esta operación.

De igual manera, examinado el pliego de condiciones se han advertido una serie de irregularidades y aspectos que quedan en el aire: en efecto el pliego de condiciones es ambiguo, no concreta las funciones precisas que deberá realizar la empresa adjudicataria ni qué repercusión tendrá en el cumplimiento de los objetivos marcados si el ayuntamiento no ejerce las tareas de ejercicio de autoridad que están encomendadas por Ley a funcionarios. Todas estas imprecisiones, en caso de culminar la privatización, colocarían al Ayuntamiento de Almuñécar en una situación muy delicada.

CGT no entiende que otros sindicatos, partidos políticos o la propia Diputación de Granada no hayan hecho alegación alguna al respecto, es más, les parece contradictorio el mensaje de quienes se postulan en contra de las privatizaciones y, sin embargo, en este asunto se han mantenido pasivos. En esta línea está el Partido Socialista PSOE, que se manifiesta y vota en contra de la privatización pero no ha formulado alegaciones para evitarla.

La actuación de la Diputación es cuanto menos pusilánime. Se da la circunstancia de que el servicio de recaudación de Almuñécar está encomendado la Diputación Provincial de Granada desde el año 1992. Sin embargo, tras una reciente e importantísima inversión en herramientas informáticas que han permitido alcanzar los mejores resultados económicos para el municipio, los responsables del ente provincial y los de la Agencia Provincial de Recaudación no han hecho las gestiones suficientes para que el Ayuntamiento de Almuñécar no abandone el Servicio y a la vez cometa una ilegalidad, tal y como la califican técnicos de la Diputación y los propios asesores del sindicato, con el consiguiente perjuicio tanto para el Ayuntamiento como para la propia Diputación.

Es sorprendente que se plantee un litigio con los trabajadores de la Agencia Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial para negarles 30 € de complemento por el manejo de ordenador y, sin embargo, no se hayan ejercido las acciones legales para evitar la privatización de la recaudación de Almuñécar.

Por otro lado, el sindicato CGT critica duramente la actuación de la Subdelegación del Gobierno, que ni siquiera ha recurrido los plazos de adjudicación de 15 años, cuando es de su competencia velar porque los acuerdos de los ayuntamientos sean legales.

El sindicato CGT tiene un desafío: defender lo público. En CGT apostamos por la calidad en el empleo, el respeto de la legalidad y en contra de las privatizaciones que al fin y al cabo suponen la precariedad de los puestos de trabajo y el beneficio de unos pocos en detrimento de la sociedad. Por todo ello CGT está y seguirá trabajando por el empleo público y la calidad en los servicios de la administración pública.