La Justicia expulsa de la función pública al aparejador de Almuñécar por delinquir

Atentó contra la ordenación del territorio al autorizar irregularidades en el chalé de la esposa de Rodríguez Passolas, el arquitecto municipal El acusado alegó en su defensa que su «interpretación de la normativa urbanística» es la que se aplica en la ciudad desde hace dos décadas

Carlos Morán y Quico Chirino

Se supone que una de las prioridades de un aparejador que cobra una nómina municipal es velar a por una buena ordenación del territorio. Pues bien, el técnico que ejerce esa función en el Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado por hacer justamente lo contrario, esto es, atentar contra la ordenación del territorio.

La sentencia dictada por un juzgado de Motril -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial- es clara al respecto: Gerardo García Villén, que así se llama el ahora condenado, consintió diversas irregularidades en la construcción de un chalé -casi una mansión- que es propiedad de la esposa de José Luis Rodríguez Passolas, a la sazón, arquitecto municipal de Almuñécar, un detalle que está recogido en el apartado de hechos probados de la resolución judicial y que, por razones obvias, resulta muy llamativo.

La pena prácticamente coincide con la que solicitó la Fiscalía de Granada: inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, multa de 4.320 euros -en caso de impago, debería ingresar en prisión- y, además, debe pagar las costas del proceso -el Ministerio Público había reclamado un año más de inhabilitación para el encausado y una sanción económica algo más elevada-.

Uno de los argumentos defensivos del aparejador, seguramente el principal, fue el siguiente: su «interpretación de la normativa urbanística» -la que se tradujo en las infracciones que dieron origen al pleito- es la que se ha venido aplicando en la ciudad sexitana durante las dos últimas décadas. Y ya se sabe que veinte años no son nada...

La sentencia recalca, por contra, que la actuación del aparejador no era el fruto «de una interpretación de la normativa, sino una creación de la misma por parte del acusado que cumple los requisitos del tipo penal».

De esta forma rebate el juzgado la sorprendente alegación de que en Almuñécar se venían haciendo las cosas como las hizo el aparejador desde hace «más de veinte años»... O quizá no sea tan sorprendente. No constituye un secreto para nadie que el urbanismo de Almuñécar está bajo sospecha desde hace bastante tiempo. Incluso hay quien piensa que demasiado.

La gestión en este ámbito del 'ladrillo' de Juan Carlos Benavides -el alcalde que durante más años ha gobernado la urbe costera- ha cosechado un sinfín de denuncias contencioso-administrativas, pero también penales. De hecho, hay juicios pendientes de celebración y con petición de cárcel por parte de la Fiscalía. Entre ellos, está la causa abierta por la construcción del pabellón de La Herradura, construido -según la denuncia elaborada por la Fiscalía- sobre terreno protegido.

En su escrito, la Fiscalía solicita para el controvertido regidor sexitano y cada uno de los seis ediles que participaron en la operación, dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.

Mientras llegan esas citas, el urbanismo sexitano ya tiene su primera condena penal. El 'núcleo' duro del departamento municipal encargado de esa materia ha resultado tocado. El actor protagonista ha sido el aparejador, pero los de reparto también tienen su relevancia, caso del arquitecto del Ayuntamiento Rodríguez Passolas, un hombre al que siempre se ha considerado muy cercano al propio Benavides.