IU pide el cese inmediato de Passolas al que considera responsable último del delito juzgado

Esta sentencia sólo será útil si los empleados del ayuntamiento toman nota de ella y hacen frente a las coacciones diarias que sufren en su trabajo

Tras la sentencia que inhabilita al aparejador municipal, IU pide el cese inmediato del Jefe de Urbanismo, el arquitecto municipal, señor Passolas, al que considera responsable último de la situación. La casa del señor Passolas es completamente ilegal, esto es algo que la sentencia deja claramente fijado. La condena del aparejador se basa en que emitió un informe ocultando las múltiples irregularidades de la mansión. No se puede perder de vista que el aparejador era y sigue siendo un subordinado de Passolas, un empleado a sus órdenes.

IU culpa a Passolas de haber dejado en la estacada a la persona que permitió, con su informe, la construcción de su magnífico e ilegal chalet. Passolas usó al aparejador municipal y luego lo ha dejado tirado para que se coma el marrón él solito.

La sentencia da por probado que el chalet construido por Passolas excede del número de plantas permitidas, incumple el máximo permitido de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad. Es decir, lo incumple todo. Es inadmisible que la persona que decide si nuestros proyectos de obras se ajustan a la legalidad sea el propietario de un chalet ilegal desde la primera hasta la última piedra.

El alcalde no puede mantener por más tiempo al frente del urbanismo en Almuñécar a un arquitecto que se ha construido una casa totalmente al margen de las normas urbanísticas municipales. Los ciudadanos y los promotores tienen derecho a que sea un técnico libre de sospecha el que les revise los proyectos y les diga si la obra prevista cumple o no cumple con la legalidad urbanística.

Llueve sobre mojado porque el señor Passolas, además de haberse construido una casa ilegal, está siendo juzgado por la comisión de otros delitos urbanísticos y por abuso de poder al utilizar su cargo de manera torticera en contra de otros ciudadanos.

Además, el arquitecto municipal ya ha sido juzgado y condenado por sus propios compañeros de profesión. El Colegio de Arquitectos de Granada, tras un largo proceso de investigación, acordó inhabilitar al arquitecto de Almuñécar por un periodo de cuatro años. Tras el recurso de Passolas ante el Colegio Andaluz de Arquitectos, la condena se mantuvo aunque se rebajó a dos años. Es una vergüenza que el alcalde mantenga en su puesto a una persona que ya ha sido condenada por sus compañeros y que se ha construido una vivienda ilegal.

Igualmente IU pedirá al alcalde la apertura de expediente urbanístico y sancionador a esta construcción así como la revisión de la licencia, para que se cumpla con la legalidad,  cosa que no se hizo en su día a pesar de los requerimientos de la Junta.

IU considera una huída adelante la nota de Convergencia señalando que el alcalde que dio la licencia era Antonio Rebollo. Se le olvida al portavoz de Convergencia señalar que en aquella comisión de gobierno que dio la licencia también había otros concejales populares que hoy son compañeros de viaje de Benavides. Lo cierto es que, con el informe del aparejador, el equipo de gobierno de entonces no podía hacer otra cosa que dar la licencia pues el informe amparaba la legalidad de esa obra. Negar la licencia con el informe favorable habría sido una temeridad.

Otra cuestión es analizar hasta qué punto hay responsabilidades compartidas por acción y por omisión en una forma salvaje de entender el urbanismo que se ha practicado en Almuñécar porque ningún alcalde ha sido capaz de coger el toro por los cuernos. Los mamotretos de los Pinos, el hotel de la Avenida Juan Carlos, o la llamada Vivienda Joven son unos cuantos ejemplos de urbanismo al servicio de los poderosos en el que no es posible distinguir entre unos y otros de los partidos que han gobernado el municipio.

Es significativo que el argumento más repetido por la defensa del aparejador sea el de que así se ha hecho en Almuñécar durante veinte años. Curiosamente, los criterios urbanísticos en Almuñécar han cambiado desde septiembre de 2007 a raíz de un informe propuesta elaborado por el aparejador hoy condenado. Quizá este proceso judicial que ahora ha conocido la sentencia tenga que ver con ese informe y ese cambio de criterio producidos en septiembre de 2007. Muchos le han empezado a ver las orejas al lobo hace unos años, pero quizá ya ha sido demasiado tarde y ahora nos espera un rosario de decisiones judiciales que vendrán a sancionar las ilegalidades cometidas en los últimos quince años.

Este cambio de rumbo acordado por el ayuntamiento en septiembre de 2007 pone de manifiesto dos cosas: la primera, que en el ayuntamiento hay plena conciencia de haber estado amparando ilegalidades durante veinte años, desde el mismo día que se aprobó el PGOU de 1987; la segunda, que Gerardo Villén, como otros funcionarios, se ha visto involucrado, con más o menos presiones, en la toma de decisiones que eran manifiestamente ilegales, por muy habituales que fuesen en este ayuntamiento.  

La sentencia que condena al aparejador municipal no debe servir para cebarse en este empleado, sino para llevar a todos y cada uno de los funcionarios la convicción de que su trabajo ha de ser respetuoso con la ley elaborando los informes de acuerdo a la legalidad y no de acuerdo a las presiones y las amenazas.

No es normal que los empleados del ayuntamiento tengan miedo, auténtico pánico, a entregar un expediente, que debía ser público, para que los concejales lo examinen. No es normal que los expedientes salgan del ayuntamiento y se tiren varios meses fuera del mismo o se pierdan y nadie sepa dónde están. No es normal que un empleado tenga que hacer cinco informes distintos y contradictorios en una semana para justificar una decisión política, como ha ocurrido recientemente en el caso de la tasa de basura.

Esta situación debe cambiar y esperamos que la sentencia ayude en este sentido. Al final, Passolas se queda con su chalet ilegal y el marrón se lo come el subordinado que elaboró el informe. Quizá se pueda pensar que pagan justos por pecadores. Y quizá se pueda extraer alguna conclusión en positivo: los funcionarios municipales no tienen entre sus obligaciones la de callar, amparar y ser cómplices de las ilegalidades que se cometen por acción y por omisión.