PP y PSOE denuncian en la Fiscalía al alcalde de Agrón por actuar en contra del Pleno

¿Y por qué en Almuñécar no se atreven a hacer lo mismo siendo que el caso nuestro es el mismo multiplicado por mil?

Cuatro concejales del Ayuntamiento de Agrón (dos del PP y otros dos del PSOE) han denunciado en la Fiscalía al alcalde del municipio, el independiente Guillermo López Romero. Los ediles que se han aliado para destapar las presuntas irregularidades aseguran en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que Guillermo López incumple sistemáticamente los acuerdos adoptados en el pleno (en el que tienen mayoría: 4 frente a los 3 del grupo independiente).

En la denuncia, además, acusan al regidor de prevaricación, amenazas y robo de documentación entre otros delitos que supuestamente habría cometido. La querella inicial fue presentada el 4 de diciembre y después ha sido ampliada con otros escritos en los que se han ido añadiendo nuevas conductas presuntamente irregulares. Los ediles del PP y del PSOE consideran que la situación política y administrativa del municipio “es muy grave” y por eso piden al fiscal que adopte medidas “urgentes y de carácter extraordinario” mientras se instruyen las diligencias de investigación penal.

En la denuncia se informa de seis incumplimientos de acuerdos plenarios, la ejecución de una obra “ilegal” pese a contar con informes de los técnicos en contra y la firma de talones bancarios con menos firmas de las requeridas. El pleno de Agrón acordó dejar sin teléfono móvil oficial al alcalde y, pese a ello, denuncian que Guillermo López sigue usándolo con cargo a las arcas municipales. Otra de las irregularidades denunciadas está relacionada con la contratación de un “empleado de confianza” del alcalde, sobre la que el pleno se opuso.

Según los ediles del PP y del PSOE, el regidor “sigue contratando” a esta persona, situación que obligó al tesorero a negarse a firmar los cheques de las nóminas de este trabajador. “A continuación, el alcalde se negó a firmar los pagos de todas las personas empleadas directa o indirectamente por el ayuntamiento”, afirman en la querella. Las facturas y las deudas “se amontonan” en el consistorio, entre ellas una de “trabajos no realizados en el municipio de un empresario y amigo personal del alcalde”.

La paralización llega hasta tal punto, según los ediles, que una familia a la que se acordó conceder una ayuda “de primera y urgente necesidad” no ha podido cobrarla por estas disputas. El tercer acuerdo plenario presuntamente ignorado está relacionado con la redacción de una ordenanza municipal para impedir que algunos cortijos del municipio rieguen con agua de la red pública.

La decisión se adoptó antes del seco verano de 2007 “y hasta hoy no se ha llevado a cabo”. A ello se le suma que el ayuntamiento “ha soportado unos gastos excesivos” de “50.000 euros” en reparar los pozos públicos. Los concejales denuncian además que no se ha ejecutado la decisión plenaria de nombrar una comisión de selección para contratar a un técnico municipal y que “no se ha cursado la solicitud” a la Diputación para que informe acerca de la instalación de unas farolas sobre la que pesa un expediente sancionador de la Junta.

Los reproches también salpican el urbanismo de esta población de apenas 400 habitantes. Según los ediles, el alcalde ratificó la legalidad de una casa cuyas obras quedaron después cuestionadas por un informe técnico. El secretario de la corporación redactó la orden de paralización pero el alcalde “no la firmó”. La construcción acabó ejecutándose pese a las advertencias y el informe “muy duro” del secretario, donde advertía que esa “irresponsabilidad” podría acarrear “nefastas consecuencias” al ayuntamiento.

El alcalde responde con los mismos argumentos fascistas que utiliza Benavides en los plenos, pero aquí nadie se atreve a toserle a pesar de nuestras propuestas en ese sentido. Mucho miedo y poca seriedad es lo que abunda en Almuñécar. Lean las excusas del alcalde para no ejecutar lo que aprueba el Pleno:

Guillermo López lleva 14 años al frente del Ayuntamiento de Agrón. Su mujer fue alcaldesa durante cuatro años y después le dio el relevo, tras unas elecciones en las que todos forman parte de la lista de Independientes por Agrón. El regidor se mostró ayer “muy sorprendido” por la denuncia presentada en la Fiscalía por la totalidad de los concejales de la oposición y los reta a que “presenten una moción de censura” en su contra ya que tienen mayoría. Guillermo López negó en declaraciones a este periódico cualquier actuación irregular.

Lo que no esconde es su oposición a ejecutar algunos acuerdos del pleno municipal. Es más, admite que no los pone en marcha “porque no puedo permitir que se tomen decisiones perjudiciales para el municipio”. El alcalde advierte de que no tolerará que “los concejales de la oposición impongan su ley en este ayuntamiento mediante los acuerdos que adoptan en los plenos”. Sobre la no contratación de un empleado, López asegura que “el acuerdo adoptado en un pleno no da derecho a nadie a que tenga que ejecutarse por narices el acuerdo, máxime cuando se entiende que la labor de la persona contratada es positiva”.

“Los acuerdos del pleno son vinculantes hasta cierto punto y no creo que haya una obligación legal de cumplirlos”, añade. Guillermo López asegura que el móvil “es el 50% de mi trabajo” y por eso no lo entregará. Sobre el gasto excesivo en pozos de agua, afirma que sólo han invertido ocho mil euros y no los cincuenta mil que se reflejan en la querella. Del asunto urbanístico prefiere no decir nada por respeto al fiscal y al secreto del sumario” ya que es una causa que se investiga aparte. El alcalde tiene claro que quienes bloquean el desarrollo del pueblo “son ellos”, en alusión a los concejales de la oposición, y anuncia que interpondrá una querella por lo que considera que son “todo mentiras”.