SERVICIO PUBLICO DE VIVIENDA

Javier Burón. Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco (Ezker Batua)  

Una de las categorías fundamentales del proyecto de ley de vivienda vasco del que ya he hablado varias veces es el SERVICIO PUBLICO DE VIVIENDA.

En términos no técnicos, sino en lenguaje de la calle, esta categoría jurídica (y también política) tiene que ver con los siguientes interrogantes ¿podemos conseguir que la vivienda sea un servicio público , al menos, como lo son la educación, las pensiones, el desempleo o la sanidad? ¿Podemos tener una serie de medios públicos para liberar del mercado de la vivienda a toda la población que no pueda o no quiera gastar dinero en el citado mercado libre de vivienda de compra o alquiler? ¿Podemos hacer que la vivienda sea un derecho ciudadano y no solo una mercancía para el conjunto de la ciudadanía? ¿Podemos eliminar del imaginario colectivo, o al menos atemperar, la idea de vivienda como bien de inversión, a través del concepto de la vivienda como bien de uso? Yo creo que si podemos.

Esta semana estuve hablando de todo esto en Barcelona con los profesores de derecho Juli Poncé Sole y Domenec Sibina  (unos de los padres de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda de Cataluña , aprobada por el Parlament hace poco más de un año).

Yo ya había hablado de esto antes con ellos mismos y con Miguel Angel Garcia Herrera , Julio Tejedor Bielsa , Dolors Clavell , Carme Trilla , (estas dos también madres, o las madres, de la legislación catalana de vivienda), Pilar Garrido Gutiérrez  o Iñigo Maguregui (uno de los padres de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi  y de la reciente Ley por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de Euskadi -aún sin ordinal, pues se aprobó el pasado 28 de noviembre y no ha sido publicada todavía en el BOPV-).  En otra esfera académica, de esto también he hablado en varias ocasiones con los arquitectos Josep Roca , Gerardo Roger y el difunto, maestro de todos al que tanto añoramos, Javier Garcia-Bellido . También al sociólogo Jesus Leal le he oído hablar de esto muchas veces. Y finalmente el economista y politólogo Viçens Navarro también ha escrito mucho sobre esto en sus estudios sobre políticas públicas. Todas estas personas son miembros de la doctrina española, casi todos son académicos y varios de ellos son o han sido también gestores de políticas públicas de vivienda y suelo en CCAA distintas, en nombre de partidos políticos diferentes y en épocas diversas.

De todos ellos he aprendido que un servicio público de vivienda es bueno para la sociedad (permite a mucha gente vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar la vivienda; permite crear ciudades equilibradas social, económica y urbanísticamente; permite cuidar mejor el medio ambiente; etc) y bueno para la economía (permite que las generaciones sin yugo hipotecario se arriesguen a crear, invertir y poner en marchas iniciativas profesionales y empresariales; favorece la movilidad geográfica y profesional; coloca el capital en sectores económicos de valor añadido real superior al de la construcción; pone la economía a cubierto de crisis inmobiliarias cíclicas; etc).

De todos ellos también he aprendido que para disponer de un servicio publico de vivienda en España es necesario hacer un cambio cultural importante . La economía española tiene que entender que en este sector no se van a obtener tasas de beneficio especulativas y que mejor harían en invertir su dinero en otros sectores de mayor valor añadido económico, tecnológico, innovativo, etc. Y por su parte, las Administraciones tienen que lanzar un mensaje claro a estos sectores económicos y a la ciudadania sobre la centralidad para el Estado Social de un parque público permanente de vivienda.

De todos ellos he aprendido que no estamos ante un problema técnico o jurídico, sino político . Las técnicas para lograr que la vivienda sea un derecho y no solo una mercancía ya existen: el propio concepto de servicio público, el concepto de dotación pública, los servicios de interés general, las reservas de suelo para vivienda protegida, la cesión de plusvalías urbanísticas a favor de la comunidad, las valoraciones del suelo sin incorporar expectativas urbanísticas, el derecho de superficie, el alquiler, la calificación permanente de la vivienda protegida, los planes de vivienda, los métodos de adjudicación de vivienda protegida públicos y garantistas, el tanteo y retracto, la inspección, la potestad sancionadora, la expropiación, la imposición fiscal sobre comportamientos socialmente nocivos, los registros públicos de demandantes de vivienda y los registros de viviendas protegidad, los mecanismos legales de limitación del sobre-endeudamiento hipotecario, la fiscalidad en favor del alquiler, la vivienda protegida y la movilización de vivienda vacía, las obligaciones jurídicas de conservación de los inmuebles por parte de sus propietarios, etc. Solo hace falta voluntad política para aplicarlas.

Obviamente todo no está inventado. Hay cosas todavía por desarrollar, por idear y por implementar. Y cito entre las que me parecen más importantes el conjunto de técnicas jurídicas necesarias para crear obligaciones legales de las Administraciones Públicas de promover y gestionar un parque público permanente de alquiler social (¿vinculación de parte de las reservas de suelo para vivienda protegida a la producción de vivienda protegida en alquiler, conexión entre una Ley de Vivienda autonómica, los planes municipales de vivienda y el PGOU de cada municipio, todo ello al servicio de la vivienda protegida de alquiler, etc?).

De todos ellos he aprendido que tener un servicio público de vivienda será difícil en España, pero no es, en absoluto, imposible .

Obviamente, a todos ellos doy gracias por su magisterio y por todo lo que me han ayudado.

Pues bien, esta semana hablando con los profesores Ponce y Sibina coincidí con ellos en que España está a punto de perder una oportunidad histórica de crear un servicio público de vivienda.

El sector del ladrillo en España debe unos 480.000 millones de euros al sector financiero español (más o menos el equivalente a una tercera parte del PIB español). Además tienen más de un millón de viviendas sin vender . Esas viviendas no las van a vender en mucho tiempo y además habrá rebajas sustanciales del precio. Mientras tanto, muchas empresas inmobiliarias entran en quiebras y los bancos y cajas de ahorros tienen pavor a esos posibles 480.000 millones de euros de fallidos. Pues bien, el Estado (la ciudadanía) deberíamos de comprar una parte importante de esas viviendas, con rebajas de precios significativas (por lo menos un 30% de su inflado y artificial precio actual), calificarlas como vivienda protegida de por vida (insisto, de por vida), usarlas para el servicio público español de vivienda, obligar al sector de ladrillo a invertir el dinero que cobren del estado por esas viviendas rescatadas en negocios más interesantes que el ladrillo y dejar de dar ayudas públicas a los bancos y cajas españolas (recuerdo que les hemos garantizado 150.000 millones de euros de ayudas extraordinarias) cuyo principal problema hoy es su mala cabeza en el pasado con las operaciones en ladrillo nacional. De todo esto, casi de forma idéntica, ya les había hablado en un post anterior (opción alternativa nº 2 ).

Permítanme la zafiedad: el sector público lo tiene "a huevo". El mercado privado de vivienda ha fracasado. El sector financiero privado también ha fracasado. Lo público tiene que acudir al rescate. Usemos pues el dinero público para reorientar la econonomía española hacia la innovación, la tecnología, las energías renovables, el empleo de calidad, etc  ( abandonando la economía ladrillil por un modelo económico más sofisticado, próspero, estable y sostenible ecológica y socialmente) y, a la vez, dotar con cientos de miles de viviendas protegidas al servicio público español de vivienda.

La oportunidad es clara. La doctrina la ve con claridad. Parte de la izquierda tambié. Pero me temo que el tandem Zapatero-Solbes están a otras cosas. Supongo que entienden que la vivienda es una cosa del mercado y que no es necesario tener un Servicio Público de Vivienda.

Se equivocan.

Lo pagaremos.