Historia de la inocencia. Capítulo 3

Muñoz: «Por no pasarme la vida en la cárcel, asumiría hasta lo de las Torres Gemelas»

El ex alcalde de Marbella se declara inocente del delito urbanístico y se queja de llevar 17 meses en prisión y enfermo. Roca afirma que él no tenía nada que ver con las licencias

Notablemente desmejorado, con aspecto muy cansado y con un hilo de voz, Julián Muñoz proclamó ayer su inocencia en el quinto juicio por delito urbanístico al que se enfrenta. El ex alcalde de Marbella se declaró inocente - «si hubiera sabido que la licencia no era legal no la hubiera aprobado», aseguró al tribunal- y explicó por qué en la última vista oral por otro caso urbanístico decidió conformarse con los nueve años inhabilitación que pidió el fiscal en sustitución de la pena de cárcel: «Al manifestar que estaba conforme no estaba declarándome culpable. Soy inocente.

Acepté la pena porque no quiero pasar toda mi vida en la cárcel, donde llevo 17 meses preso, enfermo, y recorriendo cada 15 días 600 kilómetros (Muñoz ha estado en la cárcel de Jaén) para venir a los juzgados de Málaga. Tengo 83 procedimientos urbanísticos y no quiero pasar 83 años en la cárcel, desde luego no viviré tanto... Por eso sería capaz de aceptar hasta lo que hizo el de las Torres Gemelas si viene al caso».

Julián Muñoz es el principal acusado en el conocido como ’caso Herrero’, en el que hay otros siete procesados, entre ellos el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro del ’caso Malaya’, Juan Antonio Roca. En este proceso, que empezó ayer en el Juzgado de lo Penal número 8, se juzga la concesión de una licencia de obra a la promotora Incopromar, ligada a la familia del fallecido periodista de la Cope Antonio Herrero, por la que se autorizó en julio de 1997 la construcción de un edificio de 10 plantas, en un suelo que en parte era público y que estaba destinado a viales y zona verde, en la avenida del Mar de Marbella.

Además de Muñoz, que presidía como alcalde accidental la comisión de gobierno en la que se aprobó la licencia, el fiscal acusa a los ex ediles del GIL Rafael González, Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe -declarado en rebeldía- y Marisa Alcalá de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación. Las acciones populares acusan también a Juan Antonio Roca, como cooperador necesario, y al abogado José Luis Sierra. El ex teniente alcalde Pedro Román quedó fuera del caso ayer al ser detectado un error procesal en el auto de apertura del juicio oral.

Julián Muñoz precisó que, en la comisión de gobierno, el secretario informaba de si, en los listados que llegaban de urbanismo, las licencias llevaban el visto bueno o no de los técnicos y que tanto él como los concejales acusados daban su asentimiento en función de ese criterio.

Por su parte, Juan Antonio Roca declaró que él no tenía ninguna intervención en las licencias que se llevaban a la comisión de gobierno y que su cometido era elaborar el documento sobre el nuevo plan urbanístico de Marbella. Exculpó también a los concejales acusados porque «ellos asentían lo que llegaba ya informado por los servicios jurídicos» y añadió que las licencias venían dadas «por decreto» del alcalde (Jesús Gil), que nunca delegó el urbanismo, pero que «como él nunca estaba en el Ayuntamiento se pasaban a la comisión de gobierno», explicó Roca.