El juez confirma la trama corrupta de Alhendín con quince imputados

En este caso están imputados Luis, Rafael y Mariano Alonso Polo. Estos hermanos son los dueños de la empresa que lleva la recaudación en Almuñécar. En su momento, IU repartió un dossier demostrando que estos hermanos han sido denunciados y condenados en varios sitios por los pufos que han ido dejando allá donde se quedaban con la recaudación. El caso más sonoro fue el de Burgos, pero no es el único. Esos argumentos, lógicamente, no fueron tenidos en cuenta por el PP ni por la secta de Benavides. Y es lógico. Posiblemente, todo lo que IU denunciaba, ya lo sabían ellos más que de sobra.

Según se desprende del auto, hay delitos evidentes que el juez instructor ha pasado por alto porque no los considera relevantes. Por desgracia, es algo a lo que estamos acostumbrados. Aún así, son tantos los delitos cometidos que puede ser que paguen por alguno de ellos. Y tal y como está el patio judicial, parece que con eso ya tendremos que darnos por satisfechos.

La Opinión

P.MARISCAL / A. CALLEJA Dádivas en especie, contratos ficticios, ilegalidades urbanísticas y administrativas, pasividad dolosa de cargos públicos, prevaricaciones, favoritismos, dejaciones maliciosas de funciones y mucho lucro. Estas son algunas de las consideraciones que realiza el juez del ´caso Marchelo´ acerca de la actuación de los 15 imputados sobre los que considera que hay indicios más que suficientes como para sentarlos en el banquillo.

En un auto de fecha 21 de octubre, el juez Miguel Ángel Gómez Torres acuerda convertir en procedimiento abreviado la investigación que durante tres años ha intentado destapar una trama continuada de corrupción urbanística en el municipio de Alhendín consolidada por el gobierno del PP y un buen número de empresarios.

El ex alcalde José Guerrero, tres ex concejales –Manuel Fernández, Salvador Nogueras y María José Garrido–, nueve empresarios –Juan Leocadio y Fernando Muñoz Tamara, Fernando Muñoz Nogueras, Luis, Rafael y Mariano Alonso Polo, Alejandro Alonso Ramírez, Manuel Melguizo, Fernando Rodríguez-Acosta y Rafael Tallón– y el arquitecto municipal José Manuel Zambrano deberán responder por los cinco episodios de supuesta corrupción que el juez ha estimado con relevancia penal: La urbanización Novosur, la servidumbre de vuelo de la Base Aérea, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde, el parque municipal y Marchalhendín. Cuatro de estos cinco casos fueron desvelados por La Opinión.

Novosur y el 'pisico'. El juez considera que el ex edil de Urbanismo y el dueño de FRAi, Fernando Rodríguez-Acosta, se aliaron para sacar la máxima tajada el uno del otro. El auto califica como "dádiva en especie" el piso de la urbanización Altos de Vista Nevada donde fue detenido Fernández en marzo de 2007. Esta propiedad – un "pisico" valorado en 340.000 euros– era de Fernando Rodríguez-Acosta y acabó, según el auto, siendo una "entrega espuria" por parte de éste al concejal a modo de "dádiva" para sacar adelante las mil doscientas viviendas de Novosur que el juez califica como "una ilegalidad del ordenamiento administrativo evidente, patente, flagrante y clamorosa".

El instructor ve indicios de delito en la entrega del piso y en la "modificación del planeamiento para que el promotor pudiera construir en Novosur edificios de seis plantas más ático" cuando en la propuesta de convenio se habían estipulado cuatro plantas más ático.

También considera una "pasividad dolosa del concejal de Urbanismo" no haber frenado las obras de encauzamiento y desvío del barranco la Calera realizadas por FRAi sin licencia de la CHG. La intención de Manuel Fernández era "favorecer" a Rodríguez-Acosta "haciendo una dejación manifiesta y maliciosa de sus funciones de inspección urbanística".

El juez no ve relevancia penal en asuntos como la merma en la cesión de los aprovechamientos urbanísticos, la bonificación del 30% en las licencias de obras para los bloques de Novosur o la aprobación por parte de la junta de gobierno del convenio urbanístico de planeamiento.

Servidumbre aérea. El instructor considera que el exceso de altura en los bloques de FRAi es una cuestión administrativa que "carece de trascendencia penal". Sin embargo decide continuar adelante tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial en la que "no descartaba la relevancia penal de los hechos investigados" tras un recurso presentado por el Ayuntamiento de Alhendín. "A tal criterio debe someterse el proveyente", concluye el juez. Los encausados aquí son Manuel Fernández y Fernando Rodríguez-Acosta.

La gasolinera. El auto recuerda que José Guerrero compró en 1989 junto con sus hermanos una finca rústica por 9.000 euros. Diez años después, siendo ya alcalde, "revisó las NNSS y reclasificó la zona pasando a suelo urbano directo con la calificación de agrupación intensiva de vivienda unifamiliar". En 2002 vendió la finca. En ese momento recibió 60.000 euros y el resto quedó "condicionado a la concesión de la correspondiente licencia de apertura para una estación de servicio". El juez cree que Guerrero "pudo prevalerse de su condición de alcalde" para obtener del arquitecto municipal "un informe favorable a la concesión de la licencia", como finalmente ocurrió en 2003. Todo a pesar de que esa concesión "contravenía injustamente las NNSS del municipio en cuanto a los usos permitidos en esa clase de suelo". El precio final que logró el entonces alcalde y sus hermanos fue de 180.303 euros.

Los ex concejales Manuel Fernández, Salvador Nogueras y María José Garrido "votaron injustamente a favor de la concesión de la licencia " o, lo que es lo mismo, cometieron una presunta prevaricación "influidos por el alcalde y con la finalidad de favorecerle". El juez recuerda que José Guerrero no se abstuvo en esta comisión de gobierno, junto con los ediles del PP, "a pesar de ser conscientes también de la ilegalidad urbanística manifiesta que entrañaba la concesión de la licencia de obras". En el auto se añade que en las obras de construcción de la gasolinera se podría haber "invadido un camino público".

El parque municipal. Los pinchazos telefónicos demuestran, según el juez, que el ex concejal y los hermanos Muñoz Tamara adecuaron las condiciones del concurso público de la obra de urbanización del parque público de la Plaza de España por 1,8 millones de euros para adjudicársela a Tarje, la empresa de los empresarios sevillanos. Según el instructor, existen indicios de que se quebrantó el principio de libre concurrencia y el de igualdad. Además, el ex edil recortó el presupuesto de la obra con la finalidad de hacerlo "menos apetecible y desincentivar" a otras empresas.