Los flecos del ´caso Marchelo´

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

Pese a los cinco asuntos de investigación con "suficientes" indicios de criminalidad en los que se centra el auto de procesamiento del ´caso Marchelo´ –el polígono industrial, las viviendas de FRAi, la gasolinera, la adjudicación del parque público y la violación de la servidumbre de la base aérea de Armilla–, el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, deja fuera algunos asuntos que en su día resultaron controvertidos.

1. Patrimonio. El Ayuntamiento de Alhendín, que ejerce la acusación popular tras cambiar de signo político en las últimas elecciones municipales, ha fracasado, por el momento, en su intento de que se rastree el patrimonio de los imputados. Su reclamación ha caído en saco roto pese a la existencia de un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que desvelaba el número de cuentas bancarias de los principales políticos implicados –el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y el entonces alcalde José Guerrero, ambos del PP–, un total de 50 entre los dos pero sin precisar las cantidades; así como numerosos pagos de promotoras (FRAi entre ellas), cancelaciones de préstamos y participaciones en sociedades.

Dicho informe también aludía a las trece empresas creadas por los familiares del alcalde y otras por Fernández; la mayoría de ellas dedicadas a la promoción inmobiliaria, construcción de viviendas, compraventas de terreno y gestión medioambiental, cuya actividad creció en época del gobierno del PP.

Los reveses sufridos por el Ayuntamiento de Alhendín para tratar de que se investigue el patrimonio de los principales imputados no le han hecho desistir de su propósito pero el juez ha estimado conveniente no demorar más la instrucción con independencia de la resolución que adopte la Audiencia Provincial sobre los recursos de apelación presentados por el municipio. En concreto, el alcalde Miguel Ángel Gamarra (PSOE) quiere que se indague en la contratación de obras y pagos realizados por el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, a las empresas García Delgado y Ocovi; y en todos aquellos datos de índole económico, fiscal y bancarios de Manuel Fernández y su esposa.

El actual gobierno está convencido de que hubo enriquecimiento ilícito y los principales responsables políticos obtuvieron dádivas por favorecer a los empresarios. Las conversaciones intervenidas por la Policía revelan detalles que podrían constituir un delito de cohecho pues se habla de dinero en B, entrega de pisos y otros regalos.

El ex concejal, a través de su letrado, ha solicitado que se desestime la petición del Ayuntamiento bajo el argumento de que ya se aportó un informe patrimonial de los imputados, al tiempo que acusa al actual gobierno de "perjudicarle a ultranza" para obtener "réditos políticos". "Propugna una investigación universal", arguye la defensa del ex concejal, "para seguir atacando la imagen personal y profesional de nuestro representado".

Fuentes judiciales señalaron a este periódico la posibilidad de que si la Audiencia estima el recurso presentado por el Ayuntamiento el auto judicial de procesamiento podría quedar en papel mojado, obligando a profundizar en la investigación patrimonial. Sin embargo, el juez considera que su admisión a trámite no suspende el curso del procedimiento. En tal caso, podría investigarse en una pieza separada.

2. Planta asfáltica. Tampoco se menciona en el auto nada acerca de la decisión del entonces gobierno municipal de declarar de interés público la instalación de una planta de asfalto en terrenos protegidos que eran propiedad de los hermanos Guerrero. La instalación que promovía Pérez Jiménez Construcciones, del grupo UCOP, se situaba en suelo urbanizable de especial protección. Aunque el ex regidor se ausentó de la votación por razones obvias, un concejal, sobrino del regidor, incumplió la ley al votar el proyecto.

Con frecuencia, los asuntos urbanísticos que tramitaba el gobierno municipal del PP estaban vinculados a propiedades o sociedades del alcalde y de otros de sus familiares. Un ejemplo más es la polémica en torno a los terrenos de la gasolinera que, en este caso, sí está siendo materia de investigación judicial. En lo concerniente a la planta de asfaltos, la declaración de interés social de los terrenos propiedad de Guerrero levantaba suspicacias al existir una frontera difusa entre los intereses públicos y los privados.

3. Oposiciones. El hijo del secretario accedió a la plaza de funcionario cuando el alcalde accidental era ya el sobrino del alcalde, Francisco Rodríguez, que asumió las riendas del gobierno tras la dimisión de su tío José Guerrero. El joven logró en el primer ejercicio prácticamente la misma nota que vaticinó el ex edil de Urbanismo en una conversación mantenida con una empleada municipal un día antes del primer ejercicio.

Lo que se deduce del diálogo intervenido por la Policía, en ocasiones soez por el uso de insultos y descalificaciones, es que Fernández ideó una "estrategia" y para ello habló con algunas de las personas que formaban parte del tribunal de las oposiciones, del que él mismo iba a ser el presidente.

El entonces concejal de Urbanismo pretendía en aquella época acelerar los trámites de un segundo plan parcial para la construcción de más viviendas a cargo de la empresa FRAi. Sin embargo, el secretario municipal se mostraba por aquel entonces remiso. Fernández decidió presuntamente favorecer en las oposiciones al hijo como herramienta de presión al objeto de que suavizara su actitud.

4. Colegio. Otra polémica urbanística en época del PP fue el intento de trasladar el colegio público de Enseñanza Primaria ´Sagrado Corazón de Jesús´ para construir viviendas en dicho solar. Para lograr ese propósito, el equipo de gobierno aprobó inicialmente la revisión parcial del plan de urbanismo con la idea de cambiar el uso de la parcela, de equipamiento docente a residencial. La recalificación contaba con el informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y de un técnico municipal.