Fructifica una denuncia de IU contra el alcalde de Atarfe

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

El juez de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha iniciado el trámite de procedimiento abreviado contra Víctor Sánchez, alcalde de Atarfe, y el empresario Francisco Espartero, por su presunta participación en un delito de estafa contra los consumidores e infracción a la Hacienda pública.

El caso, cuya instrucción está a punto de cerrarse, guarda relación con la operación urbanística que permitió a la promotora Espartero adquirir unos terrenos de dominio público a bajo precio que no fueron desafectados y donde se construyó el residencial de mayores La Estrella, con 116 apartamentos.

El asunto tiene su origen en una denuncia presentada por IU y otros colectivos sociales que cuestionan que el consejo de administración de Proyecto Atarfe, una sociedad instrumental con participación del cien por cien del Ayuntamiento, aprobara en febrero de 1998 la venta de los terrenos dedicados a equipamientos a 1.500 pesetas (9 euros) el metro cuadrado.

La concatenación de irregularidades, según los denunciantes, no se limitó sólo a la tramitación administrativa sino al posterior proceso de construcción puesto que, en opinión de los peritos que han intervenido en la instrucción, hubo un exceso de edificabilidad y no se respetó el compromiso para la instalación de servicios comunes dirigidos a los mayores. Es más, muchas de las viviendas se vendieron a vecinos con diferentes edades, incluso jóvenes.

Los denunciantes han presentado un recurso de reforma al auto dictado por el juez instructor para que se incluyan también como imputados al arquitecto y al secretario municipales, a los que atribuye los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En contra de la actuación del gobierno municipal de Atarfe se ha pronunciado también el jefe del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo que entiende que en ningún caso debió producirse la venta de la parcela por ser un bien de dominio público; en todo caso, debió otorgarse una concesión administrativa.

Un informe pericial aportado también a la causa consideraba asimismo "abusiva" la edificabilidad del residencial. En concreto, sostenía que el exceso equivalía a la superficie de 44 viviendas de 60 metros cuadrados.

El arquitecto se permite incluso hacer observaciones al margen del objeto pericial donde refleja que los patios no cumplen con las normas subsidiarias; existen variaciones en el proyecto como los centros de transformación y la clínica; se ha deteriorado la edificación por las humedades y no existen zonas ajardinadas proyectadas. Incluso le resulta "inquietante" que se denomine residencial de mayores cuando "no dispone de ningún tipo de instalación de apoyo orientada a la tercera edad, ni terapéutica, ni social ni vigilancia".