La mayoría de los municipios congela el IBI ante la crisis

La Opinión. ROCÍO S. NOGUERAS

La actual situación económica obliga al ciudadano a hacer un auténtico ejercicio de cálculo para cuadrar las cuentas a final de mes. A los gastos mensuales de hipoteca o alquiler, agua, luz, comunidad, alimentación y gasolina, se añaden otros recibos con carácter anual o semestral que convierten la economía doméstica en un verdadero caos. Un ciudadano que tenga una vivienda en propiedad y esté pagando un vehículo deberá afrontar los gastos de la hipoteca y el coche cada mes, así como de los seguros de automóvil y hogar, la tasa de circulación y el impuesto de bienes inmuebles cada año. Si además cuenta con algún seguro de vida o un plan de pensiones (a los que muchas entidades financieras obligan a acogerse para conceder el préstamo hipotecario), las cifras se disparan.

Pero los impuestos no son iguales en todos los municipios. En el caso del la Contribución (IBI), que grava la propiedad de los bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos, y se devenga con carácter anual, las cifras varían considerablemente de un municipio a otro. La cuota tributaria se calcula a partir de una base imponible que parte del valor catastral del inmueble y un tipo de gravamen que viene establecido por cada ayuntamiento.

En Granada, los tipos impositivos más altos se dan en Almuñécar (con un diferencial del 1 para bienes de naturaleza urbana y del 0,75 para los de carácter rústico) y en Santa Fe (con un gravamen del 0,74 y el 0,9). En la misma línea se encuentra Atarfe (con un 0,73 y un 0,75 para inmuebles urbanos y rústicos, respectivamente) y Huéscar (con un 0,7 y un 0,65). En el otro lado de la balanza se sitúan Jun y Dílar, ambos con los tipos impositivos mínimos (0,4 para urbano y 0,3 para rústico), así como Alhendín, Cájar, Gójar, Ogíjares, Monachil, Pulianas o Cúllar Vega, cuyos valores oscilan entre el 0,4 y el 0,65.

El término medio lo ocupan Peligros, Albolote, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, La Zubia, Otura, Pinos Puente, Huétor Vega y Vegas del Genil.

Las previsiones para el próximo ejercicio se inclinan, fundamentalmente, por la congelación del impuesto como una medida orientada a ayudar al ciudadano a afrontar la crisis. Así lo hará el Ayuntamiento de La Zubia, según anunció su alcaldesa, Mercedes Díaz (PSOE). Aunque la propuesta aún no ha pasado por pleno, el equipo de gobierno baraja la posibilidad de congelar la Contribución e incluso plantea el fraccionamiento del pago y la introducción de nuevas bonificaciones destinadas a las familias con todos sus miembros en paro. Además, este período será el último en que se aplique la subida del valor catastral por diez años que se aprobó hace una década en el municipio.

Tampoco Jun, Santa Fe, Armilla, Dílar, Churriana, Güéjar Sierra, Maracena, Cúllar Vega, Vegas del Genil, Atarfe o Gójar tienen previsto actualizar al alza la tasa, dada la actual situación económica.

En el caso de Huétor Vega, la intención del gobierno local es incrementar el tipo impositivo a aquellos propietarios que no estén empadronados en el municipio. Ésta es la propuesta que se debatirá en el próximo pleno y con ella se pretende motivar el empadronamiento con el fin de ajustar las transferencias de capital de otras administraciones a la población real del municipio.

La misma medida se adoptará en Salobreña, donde el tipo impositivo que se aplica sobre los bienes de naturaleza urbana pasará del 0,65 al 1,10 en 2010 para gravar las segundas residencias, si bien los valores se mantendrán para los ciudadanos empadronados en la localidad costera. Pese al incremento, según señalaron fuentes municipales, "la subida tampoco será excesiva". Además, el equipo de gobierno estudia la aplicación de un aplazamiento de cinco años y sin intereses en el pago del recibo e incluso plantea eximir de este impuesto a un máximo de diez familias que mantengan decoradas sus fachadas a lo largo de todo el año.

Por su parte, el Ayuntamiento de Dílar, que en la actualidad tiene fijadas las cargas impositivas en el mínimo, pretende introducir una bonificación del 25% para familias numerosas y viudos o personas mayores que viven solas.

Al otro lado de la balanza se encuentran aquellos municipios que prevén incrementar el impuesto en 2010. Entre ellos figuran Alhendín, que actualizará al alza todas las ordenanzas, o Loja, que subirá el tipo impositivo pero ampliará a seis años la bonificación del 50% de la que se benefician los titulares de VPO. En la misma línea, Cájar, que cuenta con uno de los valores más bajos de la provincia, aumentará los índices del 0,42 al 0,44 en inmuebles urbanos y del 0,35 al 0,37 en bienes rústicos para que la subida "no sea demasiado acusada" cuando se realice la revisión catastral pendiente, según explicó el alcalde del municipio, Fidel Prieto (PP). Las tasas se mantendrán, no obstante, entre las más bajas, y el Ayuntamiento plantea aplicar bonificaciones a jubilados y pensionistas.

En el caso de Ogíjares, el Ayuntamiento establecerá una subida de seis centésimas en el gravamen de los bienes inmuebles urbanos (del 0,44 al 0,50), dentro del plan de estabilidad financiera aprobado por el municipio, "que llevaba seis años sin actualizar la tasa", según apuntó la alcaldesa, Herminia Fornieles (PSOE). Por su parte, Almuñécar, gobernada por Convergencia Andaluza (CA), actualizará los valores en función del IPC.

De otro lado, Motril y Guadix, ambas ciudades gobernadas por el PP, proyectan reducciones en el recibo de la Contribución en 2010. En el caso de la localidad costera, el descenso supondrá un 12% en el recibo, al pasar de 0,58 a 0,51, aproximadamente, el tipo de gravamen que se aplica sobre los bienes de naturaleza urbana.

En la ciudad accitana, la transición será del 0,64 actual al 0,59, lo que supondrá que el Consistorio deje de percibir en torno a 200.000 euros el próximo año por este concepto, según anunció el equipo de gobierno.

Los datos actuales del impuesto y las previsiones para el próximo ejercicio demuestran que la tasa no entiende de colores políticos y no existe una tendencia de partido a la hora de establecer los tipos impositivos que deben fijar los gobiernos locales.