La bandera pirata

Ignacio Escolar (6-10-09)

Dicen en algunas tertulias que los atuneros vascos que faenan en el Índico lo hacen bajo la sospechosa ikurriña, en vez de la nacional rojigualda. El dato es tan demagógico como falso: en el mar, la ikurriña tiene tanto valor legal como la bandera del Real Madrid. Lo que sí es cierto es que de los 28 atuneros de capital español –en su mayoría vasco– que están ahora pescando en esa peligrosa zona, 15 lo hacen bajo bandera española; pero hay 11 bajo pabellón de Seychelles, uno con bandera de Mauricio y otro más con pabellón de Antillas Holandesas. No es un problema nacionalista, es un problema fiscal.

Proteger a los atuneros del Índico nos cuesta a los contribuyentes españoles, según la ministra Carme Chacón, 75 millones de euros al año; 5 millones por cada barco que paga impuestos en España. Hay algo de trampa en la cifra: la misión Atalanta también incluye otros objetivos secundarios, además de la protección de los pesqueros, como el reparto de ayuda humanitaria. Pero incluso descontando esa parte, sale casi más barato pagar una pensión vitalicia a cada marinero que defender con dinero público estos negocios privados, con beneficios privados; unas empresas que tienen en la Armada la excusa ideal para poner en riesgo la vida de sus trabajadores sin asumir su responsabilidad.

El Alakrana fue secuestrado a 800 millas del área de seguridad un día después de que Defensa avisase al pesquero de que el avión militar que patrulla el Índico había avistado piratas en esa zona. Según fuentes del sector, la flota atunera española del Índico capturará este año unas 90.000 toneladas de atún. Es mucho dinero, pero dudo que saliese rentable si la factura militar la pagasen los mismos que recogen los beneficios.

Cuatro claves más sobre el caso Alakrana.

1- La decisión de Baltasar Garzón de acusar a los dos presuntos piratas de terrorismo complica bastante el pago de un rescate. Según la legislación española, pagar a una organización terrorista, aunque sea para liberar a un secuestrado, se considera delito.

2- Dicen los armadores que ellos estarían dispuestos a pagar por la protección de sus barcos. Está bien que lo digan, pero estaría aún mejor si lo cumpliesen. Desde hace unas semanas, Interior cambio una norma para permitir la contratación de mercenarios para proteger a los barcos armados con rifles de alto alcance. A pesar de ello, casi ningún armador ha contratado seguridad privada hasta ahora. También hay dudas de que armar hasta los dientes a nuestros pesqueros sea la solución contra la piratería: se corre el riesgo de entrar en una carrera militar con los piratas que provoque secuestros mucho más violentos.

3- Dice el Gobierno que no se puede embarcar soldados españoles en los pesqueros porque lo impide la normativa. Es una excusa de mal pagador, porque las leyes no bajan del monte Sinaí y el Gobierno puede cambiarlas. Otra cosa es que ésa sea la mejor solución, que no lo es, porque, por las mismas, Repsol podría pedir ayuda al Ejército para proteger sus intereses en países peligrosos o en las plataformas marinas. Además, la factura militar no puede ser infinita y alguien debería preguntarse a cuento nos cuesta cada atún.

4- Sí, es cierto que Francia embarca soldados en sus atuneros, pero la gran diferencia es que el ejército francés tiene una base en Yibuti, lo que abarata bastante una medida de este tipo. Francia, además, no sólo se juega los intereses de pesca sino también su papel como potencia en su antigua zona colonial.