100 medidas para salir de la crisis

Izquierda Unida considera inadecuadas las propuestas que está haciendo hasta ahora el gobierno. Tenemos que salir de la crisis, pero con medidas opuestas a las que se están lanzando desde el gobierno y el PP. Las propuestas de IU son concretas, asumibles y viables.

 

El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan actualmente un capital equivalente al 80% del PIB de España.

 

Con un enfoque democrático cualquier salida social de la crisis debe atender prioritariamente a los intereses del resto de la población, no de los más ricos.

 

Con un enfoque de justicia social, los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y los inmigrantes ya han arrimado el hombro. Toca ahora el compromiso de los poderosos.

 

Con un enfoque de rigor técnico sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda. Por tanto, hay que elevar el consumo privado, el gasto y la inversión pública.

 

Izquierda Unida propone al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas parlamentarias un conjunto de medidas basadas en los anteriores criterios. Las medidas están constituidas por: 

• Un Programa por importe de 10.000 millones de euros más 1.800 millones de las CC.AA. para crear empleo
• Una propuesta para la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal como elemento determinante para la financiación del gasto público y la mejora del déficit
• Una propuesta de apoyo a las pequeñas empresas y autónomos para superar sus problemas de liquidez y crédito y facilitar su actividad, que permitirá la creación de empleo

 

I.- MEDIDAS TRANSVERSALES URGENTES

  

Primera:

 

PROGRAMA 10.000 MILLONES PARA CREAR EMPLEO DURANTE 2010 (+1.800 millones desde las CC.AA.)

 

1.1.- Medidas

1.- Transformar las actuales ayudas a los trabajadores sin ningún tipo de prestación en 300.000 empleos en un Programa de Formación/Empleo en colaboración con los Ayuntamientos.

 

2.- Subvención del 25% de las obras de rehabilitación y eficiencia energética, modernización de las instalaciones eléctricas y de fontanería, mejora de la accesibilidad de las primeras viviendas residenciales hasta un límite de 5.000 millones de euros. Esta ayuda sería acumulable a otras con la misma finalidad actualmente vigentes. Movilizaría 20.000 millones de euros.

 

3.- Programa de reforzamiento del empleo público, por un importe de 500 millones de euros,  en los servicios sociales y en actividades vinculadas a la mejora del modelo productivo dependientes de la Administración General del Estado.

 

4.- Transferencia extraordinaria de 1.500 millones de euros a las CC.AA. para financiar con carácter finalista la creación de empleo en el marco de las competencias autonómicas. El volumen de transferencias sería proporcional al número de parados existentes en cada Comunidad Autónoma según los datos de la EPA

 

5.- Programa de reforzamiento de empleo público en los servicios sociales gestionados por las CC.AA., que permita la contratación de trabajadores por importe global en el conjunto del Estado de 1.800 millones de euros, financiados por la Recuperación del Impuesto sobre Patrimonio.

 

 

1.2.-Desarrollo, cuantificación y valoración de estas propuestas

 

a) Programa de Formación /Empleo

 

Características:

5 horas de trabajo y 2 de formación

 

Naturaleza del trabajo:

Tareas complementarias a las actividades municipales, ayuda de proximidad a personas y colectivos. En ningún caso podrían sustituir puestos de trabajo estructurales

Cuota de género: 50% para hombres y 50% para mujeres

Salario bruto: 700 euros mensuales

 

Costes:

Coste anual del Programa propuesto: 4.500 (incluye el gasto en formación)

            Coste actual de la ayuda de 420 euros: 1.500 millones de euros

           

 

            Coste adicional: 3.000 millones de euros

            Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 1.755 millones de euros

 

            Coste real en déficit (sin contar retornos por IVA): 1.245 millones de euros

 

 

b) Subvención a la rehabilitación de viviendas

 

            Previsión de puestos de trabajo: 700.000

            Coste: 5.000 millones de euros

Retorno en IVA (sin la reforma contenida  en el punto 77 de este documento): 3.200 millones de euros

            Retorno en IVA (con la reforma del punto 77 ): 2.300 millones de euros

 

            Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 4.000 millones de euros

 

            Hay un retorno adicional difícil de calcular por la disparidad de las Ordenanzas Municipales al respecto, pero significativo en tasas por licencia de obras, que beneficia las Haciendas Municipales

  

c) Empleo público estatal

 

Estimación de puestos de trabajo: 10.000

           

Agencia Tributaria

            Inspección de Trabajo

            Servicio Público de Empleo

            ICO y desarrollo de la Banca Pública

            Otros servicios sociales y de interés económico

           

d) Fomento del empleo por las CC.AA., subvencionado por el Estado

            Empleo estimado: 40.000

 

e) Empleo público de las CC.AA. (financiado por la reposición del Impuesto de Patrimonio)

            Estimación: 45.000 puestos de trabajo

 

Personal educativo para mejorar la escolaridad de 0 a 3 años.

Personal asistencial para asegurar la aplicación de la Ley de Dependencia

Personal sanitario (especialmente enfermeras y pediatras) para mejorar la calidad de los servicios de salud pública.

Personal para mejorar la calidad de otros servicios sociales, competencia de las CC.AA.

 

 

1.3.-Detalle Global del Programa

 

Coste adicional total: 10.000 millones de euros financiados por el Estado y 1.800 por las CC.AA.

Estimación de puestos de trabajo: 1.105.000

Retorno en impuestos y Cotizaciones a la Seguridad Social: al menos 8.630 millones de euros.

 

La financiación del Programa está asegurada por las medidas propuestas en el apartado dedicado a las Propuestas fiscales.

 

Conviene tener muy en cuenta a la hora de valorar este Programa los retornos en impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social, así como el impacto sobre los ingresos municipales.

 

 

Segunda:

 

COMBATIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL

 

El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva  los recursos de nuestro sistema  financiero.

Limitan la  financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país.

Producen desigualdad en las aportaciones de los distintos colectivos de contribuyentes, rompiendo los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema, fomentando la desvinculación de los contribuyentes con sus deberes fiscales y generando agravios y desvertebración social.

El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su importante potencial. Diversos estudios solventes fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país entre el 23 y el 25% del PIB. Las consecuencias positivas para la recaudación fiscal de medidas enérgicas y eficaces son evidentes. Una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB

La oferta del Gobierno de comenzar a resolver este tema nos parece positiva, a condición de que las medidas sean eficaces y el Plan se dote de medidas serias:

Estas medidas, desde nuestro punto de vista, son:

 

6.- Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

 

7.- Aumentar el personal de la AEAT hasta converger con la media europea

 

8.- Cambiar los procedimientos de trabajo de la AEAT, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad. Reformar la metodología, la organización y la distribución del trabajo y las competencias internas.

 

9.- Cumplimiento efectivo y urgente de las medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 28 de octubre de 2008, así como de las Resoluciones 3.9 y 19.1, apartado 5 de las aprobadas también por el Pleno en su sesión del día 19 de mayo de 2009, con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación

 

Tercera:

APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

10.- Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO-liquidez, que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.

 

11.- Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con 1.500 millones de € para los gastos de estudio y coste de avales de operaciones de crédito y avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden de 100.000 millones de € en inversión productiva.

 

12.- Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas por las SGR

 

13.-Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.

a) Proponemos reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.

b) Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.

 

 

II.- MEDIDAS AGRUPADAS EN FUNCIÓN DE LOS TEMAS DE NEGOCIACIÓN PROPUESTOS POR EL GOBIERNO

 

 

A.- MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DESVENTAJAS COMPARATIVAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA E INICIAR LA REFORMA DEL MODELO PRODUCTIVO 

 

Art. 128 de la Constitución Española

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

 Introducción

 

Izquierda Unida no considera el concepto de “competitividad” como un término funcional para constituir un eje positivo de salida de la crisis. Es una idea con un contenido principalmente ideológico que finalmente tiende a materializarse exclusivamente en la competencia vía precios.

 

Desde nuestro punto de vista, el concepto de competitividad oculta el enfrentamiento salarial y de condiciones laborales a la baja de trabajadores de distintas regiones del mundo y la prioridad del beneficio empresarial. La variable determinante en cualquier análisis de competitividad es la optimización del beneficio empresarial. Y esto no tiene por qué traducirse en más empleo.

 

Desde Izquierda Unida preferimos utilizar el concepto de rentabilidad social, que si tiene que ver directamente con la cantidad y calidad del empleo y trabajar en el análisis diferenciado de las distintas ventajas comparativas.

 

El modelo productivo perverso que ha determinado la gravedad de la crisis en España ha originado un modelo de relaciones laborales igualmente perverso. Y ese modelo ha fundamentado el patrón productivo en una relación reciproca de causa/efecto.

 

Por tanto, si se quiere cambiar seriamente el modelo productivo es imprescindible modificar el esquema de las relaciones laborales en el país y hacerlo en un sentido radicalmente diferente al que propone la gran patronal española. Conviene subrayar que además de las especulación urbanística y el desarrollo de sectores de escasa productividad y poco valor añadido, el modelo productivo español se caracteriza, en comparación con los principales socios europeos, por los bajos salarios, la escasa protección social, la temporalidad de la contratación, el alto índice de siniestralidad y el escaso cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios colectivos.

 

Izquierda Unida fundamenta sus propuestas en estos planteamientos básicos.

 

MEDIDAS PROPUESTAS:

 

a) Contratación

 

14.- Recuperar el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida. En consecuencia planteamos los siguientes tipos de contrato:

a)     Contrato de trabajo indefinido

b)    Contrato de trabajo con duración establecida. Deberá obedecer a una causa concreta y ser autorizado por la Inspección de Trabajo en su adecuación al principio de causalidad, a la Legislación laboral general y al Convenio Colectivo aplicable.

c)     Las becas serán transformadas en contratos de trabajo con plenos derechos a todos los efectos.

 

15.- Penalizar la cotización por desempleo a la Seguridad Social en los contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.

 

16.- Mantener la protección judicial en los casos de despido y la indemnización por despido improcedente en 45 días en todos los contratos.

 

17.- Supresión de las ETT

 

18.- Eliminación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 52, c. del Estatuto de los Trabajadores; reforma introducida por el PP en el 2002).

 

b) Medidas de distribución del trabajo

 

19.- Reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para las personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores dependientes.

 

20.- Control eficaz de las horas extraordinarias y de sus límites.

 

21.- Reducción progresiva de la edad de jubilación con plenos derechos hasta los 60 años.

 

22.- Racionalización de los horarios de trabajo. Aproximación al sistema de horarios europeos.

 

c) Medidas salariales

 

23.- Elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio (aproximadamente 1.100€) antes de que termine la legislatura.

 

24.- Estudio de la conveniencia de fijar salarios mínimos superiores en determinados sectores o ramas de la producción, sobre la base del 60% del salario medio del sector o rama.

 

25.- Priorizar en la negociación colectiva la elevación de los salarios más bajos, estableciendo cláusulas diferenciadas para los salarios inferiores a 2 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

 

 

d) Reforma salarial en el sector público:

 

26.- Establecimiento de un salario mínimo en el sector público equivalente al 60% del salario medio

 

27.- Convergencia de las retribuciones entre las diferentes Administraciones hasta alcanzar un rango máximo de diferenciación de +/- 5% en 2012.

 

28.- Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración, de acuerdo con lo desarrollado en el punto 84 de estas propuestas.

 

29.- Eliminación de las limitaciones de reposición de empleo público en los servicios sociales (especialmente dependencia, salud y educación) y en los servicios tributarios, justicia, aplicación y vigilancia de la legislación laboral, políticas de empleo y apoyo a la economía real.

 

30.- Desarrollo mediante la negociación colectiva del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y consolidación de la carrera profesional en la Administración. Eliminación de la contratación precaria en las Administraciones Públicas.

 

e) Reforzamiento del sistema público de pensiones

 

Izquierda Unida parte en este punto de la necesidad de garantizar que la edad exigida para cobrar una pensión con derechos plenos no podrá ser superior a 65 años, que el cómputo para fijar la cuantía de la pensión no podrá ser superior a 15 años y que las pensiones se actualizarán al menos en el porcentaje que indique el IPC publicado por el INE, con un porcentaje suplementario en el caso de las pensiones más bajas. Entendemos que la pensión es un derecho sustancial en el marco de un Estado social.

 

Para mejorar el actual sistema, proponemos:

 

31.- Suprimir el tope máximo a las cotizaciones, establecido en 2010 en 3.198 euros brutos de salario en cómputo mensual para acercarlas en proporcionalidad a las retribuciones realmente percibidas. Con un criterio de solidaridad no debería elevarse el límite de las pensiones máximas, aunque si hacer valer el total realmente cotizado para fijar la pensión hasta el límite de la pensión máxima.

 

32.-Transformar todas las becas de empresas y Administraciones Públicas en contratos en prácticas con las correspondientes cotizaciones y derechos.

 

33.- Separar definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social y cerrar las deudas del Gobierno con ella.

 

34.- Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, en los casos en los que el trabajador no tenga cubierto el período de cotizaciones de 35 años e incentivando la pensión.

 

35.- Reconocer la pensión que corresponda a su cotización a las personas que hayan cotizado menos de 15 años y reducir en dos puntos por año cotizado que exceda los 35 la penalización en caso de jubilación anticipada.

 

36.- Presentar una Ley de Igualdad en el Trabajo Remunerado que facilite la incorporación de la mujer al trabajo remunerado.

 

f) Garantía del acceso a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Constitución

 

37.- Desarrollar mediante Ley Orgánica el derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución y la exigencia de su cumplimiento efectivo ante las Administraciones Públicas.

 

38.- Invertir en la adquisición de 100.000 viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler moderado. El alquiler no deberá ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos.

 

39.- Suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas  en el caso de trabajadores parados. Acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, para que el embargado continúe en el uso de la vivienda (el derecho de uso no es embargable según la Ley Hipotecaria) a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo.

 

40.- Modificación de la legislación hipotecaria y el Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.

 

g) Propuestas sobre otros derechos laborales

 

41.- Garantizar los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y externalización, estableciendo el cumplimiento conjunto y solidario de las obligaciones salariales y del conjunto de las derivadas de la negociación colectiva, de cotización a la Seguridad Social y fiscales.

 

42.- Cumplimiento de lo establecido en el art. 8 del Estatuto de los Trabajadores en relación al contrato verbal y el contrato de hecho a los efectos de obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social.

 

43.- Reforzamiento de la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la media europea de un inspector cada 7.000 trabajadores. (En España la relación es de un inspector por cada 27.000).

 

44.- Condicionamiento de la aplicación del llamado modelo alemán como medida provisional sustitutiva de los ERE temporales en los siguientes términos.

a)     reducción máxima limitada al 50% de la jornada real

b)     prohibición estricta de realizar horas extraordinarias salvo en caso de fuerza mayor

c)     mantenimiento del 100% de la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa

d)     Mantenimiento del derecho al desempleo derivado de los nuevos períodos de cotización.

e)     Asociación de programas de formación a la disminución de la jornada ordinaria.

 

h) Medidas para asegurar la participación democrática de los trabajadores en la gestión de las empresas y en la planificación de la economía reconocida en la Constitución Española.

 

45.- Reconocimiento del derecho de los trabajadores a participar en la gestión de las empresas y en la distribución del excedente empresarial mediante la promulgación de una Ley de Participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión de las empresas.

 

46.-Creación de un Consejo consultivo del Banco de España con la participación de los interlocutores sociales (en coherencia con lo que plantea la Confederación Europea de Sindicatos con relación al Banco Central Europeo).

 

47.-Creación de un Consejo de Gestión Democrática de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Española.

 

48.- Modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en lo que respecta a la representación sindical en la empresa, reforzando el papel de los sindicatos, sus secciones sindicales y los delegados sindicales.

 

49.- Creación de un Consejo de Planificación para la Aplicación de las Estrategias de Desarrollo Sostenible (en aplicación de lo planteado en el artículo 131 de la Constitución).

 

50.- Promulgación de una Ley que garantice expresamente la primacía de la negociación colectiva sobre los acuerdos individuales.

 

51.- Establecimiento, en el marco de esa Ley, de Comisiones Paritarias de ámbito de sector y/o geográfico para interpretar y seguir el cumplimiento de los resultados de la negociación colectiva en las empresas que no cuenten con representación sindical.

 

i) Medidas de apoyo a la pequeña empresa y autónomos.

 

52.- Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido efectivamente cobrada.

 

53.- Asegurar el límite de 30 días en el pago por las Administraciones Públicas de las deudas a los proveedores de bienes y servicios. Actualmente, las Administraciones Públicas (contando sus empresas y entes vinculados o dependientes) deben más de 30.000 millones de euros a sus proveedores. Una medida eficaz y urgente para solucionar el problema es habilitar un procedimiento por el que las empresas y autónomos puedan compensar estas deudas en el pago del IVA, de Sociedades o de IRPF.

 

54.- Aprobación de una línea especial de crédito del ICO, sin intermediación, para hacer frente a la ejecución del pago de estas obligaciones con interés igual al precio oficial del dinero fijado por el BCE.

 

55.- Promulgación de una Ley sobre morosidad, que obligue al pago a proveedores en un máximo de 90 días en todos los contratos privados.

 

56.- Apoyo público a la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de la oferta frente a las grandes superficies y la venta directa a los consumidores.

 

j) Racionalización y mejora de la gestión empresarial

 

57.- Revisión curricular por parte de las Universidades  de las Formaciones de Administración de Empresa. Establecimiento de formación post grado especializada en Gestión y Administración de Empresas  e Instituciones Públicas.

 

58.- Creación de una Fundación tripartita para la Formación en Gestión de Empresas y Recursos Humanos.

 

59.- Apoyo económico a Programas de Calidad de producto y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como instrumento de apoyo técnico en esos Programas

           

60.- Reforzamiento de las líneas financieras del ICO destinadas a investigación sobre calidad e innovación en la gestión, sostenibilidad y eficiencia energética. Estas líneas de financiación deben ser gestionadas directamente por el ICO.

 

 

B) MEDIDAS SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

 

Nuestras propuestas de cambio del modelo productivo no se quedan en la enumeración de sectores siguiendo criterios técnico-económicos basados en los mismos paradigmas de organización social, espacial y laboral que se han ido configurando en el neoliberalismo. Dichas propuestas tienen que partir de una visión global del cambio que al mismo tiempo sea coherente. Tienen que incluir argumentos viables que apunten hacia la construcción de una sociedad más justa, sostenible y que genere mayor calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos.

  

a. Los sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.

b. Los sectores emergentes: Energías renovables, Agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde  el impulso público.

c. Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles. Estos sectores están escasamente implantados.

 

Propuestas:

 

61.- Construcción: Rehabilitación y reforma de los cascos históricos, Aislamiento térmico. Doble ventana, redefinición de viviendas. Ahorro de agua a través del cambio de cañerías e instalación de la doble tubería para agua reciclada. Reconstrucción de infraviviendas, viviendas viejas o viviendas construidas con materiales de mala calidad.

62.- Automoción: desarrollar una política integrada que tenga en cuenta la dimensión territorial, la movilidad y la geografía productiva y no sólo los aspectos tecnológicos (coche eléctrico, reciclabilidad, reducción del número de materiales distintos etc.).

 

63.- Turismo: Recuperación de entornos y costas, implantación de la ecotasa, inversión en turismo cultural y de interior, Desarrollo del turismo social. Deconstrucción de infraestructuras turísticas obsoletas, agresivas con el medio ambiente o insostenibles.

 

64.- Energías renovables: Impulsar un nuevo patrón energético, cuya palanca de cambio sea el sector público. Avanzar en la reducción de la dependencia de la generación centralizada de energías basadas en combustibles fósiles  y sustituirlo por un modelo descentralizado de generación, preferentemente  basado en el aprovechamiento de la energía solar y, aunque en menor medida, de sistemas intercomunicados de energía eólica. Edificios, grupos de edificios y casas aisladas deben y pueden convertirse en centros generadores de energía tendencialmente autosuficientes e interconectados entre sí. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, y sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta. Nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos. Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.

 

65.- Planificación energética pensada desde un enfoque de demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos energéticos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables.

 

66.- Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública y con presencia de los trabajadores y los agentes sociales  para impulsar las políticas de ahorro y uso eficiente de la energía.

67.-Reforzar y promover los Servicios Públicos hasta alcanzar en plazo de la legislatura el gasto medio de la Unión Europea. La educación, el cuidado de la infancia y la adolescencia, la atención a la tercera edad y a las personas dependientes, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de aguas residuales y otros vertidos, el suministro energético, el transporte público, el servicio de correos, el deporte y la cultura no son mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio, sino a criterios de eficiencia social.

 

68.- Reforma de la PAC. El impacto de la PAC en España no ha sido positivo, y esto se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones específicas en el caso español. La población activa en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos.

El diferencial de precios entre lo pagado al agricultor y lo que paga el consumidor se sitúa entre el 400 y el 500%.

 

La dependencia de nuestra agricultura  de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC de que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios,  y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma.

 

69.- Desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía Alimentaria que tome como principio el derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación. Debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos.

 

70.- Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento de las ayudas de la PAC con relación a la producción, es necesario reorientar la distribución de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores, las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas.

 

71.- Fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica con un objetivo multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de agricultores a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.

  

C.- MEDIDAS FISCALES Y DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

 

Medidas de aumento de los ingresos tributarios

 

a) Medidas urgentes

 

72.- Presentación del Gobierno en función de su ejercicio de la Presidencia Europea de un plan de convergencia y armonización fiscal para los países de la UE con calendario de aplicación.

 

73.- Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.)

 

74.- Imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, entendido este fin como situar el índice de paro por debajo del existente el 1 de enero de 2008, de los bonos, primas y cualquier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones financieras.

 

75.- Recuperación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros, destinados al Programa de Empleo de las CCAA)

 

76.- Reorientación de la reforma del IVA, eliminando la subida general de tipos que entrará en vigor el 1 de junio y estableciendo un IVA especial al 25% (o en caso necesario un Impuesto especial o su incremento en 7 puntos) para bienes de consumo de lujo, animales vivos no destinados a consumo humano, joyas, abrigos y prendas de piel, aeronaves y embarcaciones de vela y motor cuyo uso no se destine al comercio marítimo o a la pesca profesional, etc.

 

77.- Reducción del IVA al tipo reducido en las compras de materiales y productos necesarios para la rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en la factura figure como comprador el dueño o inquilino de la vivienda.

 

78.-Adopción de la propuesta de la Comisión de Finanzas de las Asamblea Nacional Francesa (septiembre de 2009) en el marco de Presidencia semestral española de la UE para suprimir los billetes de 500 euros y reducir a 3.000 euros las cantidades que se pueden pagar en efectivo sin comunicación a la administración tributaria de los datos del pagador a partir de 1 de enero de 2011.

           

 

b) Medidas a medio plazo

 

79.- Reforma de la fiscalidad de las SICAV, que deben tributar como cualquier otra sociedad

 

80.- Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.

 

81.- Elevación del tipo impositivo marginal en el último tramo del IRPF del 43 al 50%.

 

82.-Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables, de acuerdo con la proposición de Ley de Fiscalidad Medioambiental presentada por IU-ICV el pasado 21 de julio de 2009.

 

93.- Consideración en el marco de la UE de La Tasa Tobin como una herramienta para financiar iniciativas industriales innovadoras en los sectores estratégicos para un desarrollo justo y sostenible. Proposición de las Directivas correspondientes.

 

           

c) Medidas de racionalización del gasto público

 

Izquierda Unida considera que cualquier reducción del gasto público es contradictoria con los objetivos de estimulo de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis económica como la actual.

 

La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida, en estas condiciones, por la vía del recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos como los propuestos en este documento.

 

Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que reoriente el mismo hacía la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales públicos y la actividad productiva.

 

En consecuencia, proponemos:

 

84.- Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas  o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los partidos políticos se comprometen a aplicar esta medida en los órganos autonómicos con competencias para fijar las retribuciones de sus cargos públicos, cargos de confianza y directivos de empresas, entes y organismos públicos. Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.

 

85.- Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.

 

86.- Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de las Administraciones Públicas a 35 horas semanales. Racionalización de los horarios y revisión de los métodos de trabajo para que las actividades se incluyan en la jornada ordinaria.

 

87.- Modificación de la Ley de Contratos del Estado para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos. Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.

 

88.- Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.

 

89.- Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas,

 

90.- Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.

 

91.- Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).

 

92.- Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado como al Tribunal de Cuentas correspondiente.

 

93.- Reforma de la Intervención General del Estado y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. para asegurar no solamente el control de la legalidad del gasto, sino también el de calidad del mismo. Reversión de los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes de la Intervención.

 

94.- Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal.

 

95.- Responsabilidad civil y penal de los gestores y de los organismos de control

 

96.- Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria.

 

 

D.-  REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

 

97.- Todas las aportaciones con cargo al FROB de capital público deberán ser acompañadas de los derechos políticos correspondientes y por tanto el Estado debe intervenir y controlar, en su caso, la gestión del Banco o Caja.

 

98.-Desarrollar con carácter de urgencia una norma básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y regule el papel y representación de las participaciones públicas en instituciones financieras privadas.

 

99.- Potenciar con un marco legislativo adecuado la implantación y desarrollo de la Banca Ética en España.

 

100.- Reforma de la Ley de Cajas, de acuerdo con los siguientes criterios:

 

a) Mantenimiento y reforzamiento de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro. Ninguna caja podrá ser propiedad de ninguna institución o empresa privada.

b) Desvinculación de cualquier derecho político sobre las cuotas participativas en el caso de las Cajas de Ahorro.

c) Fortalecimiento de la supervisión del Banco de España sobre las Cajas de Ahorro, extendiéndola al requisito de informe previo favorable a toda operación que supere el millón de euros.

d) Prohibición legal de realizar operaciones desde o hacía paraísos fiscales.

e) Fijación de responsabilidad administrativa, civil y penal para los miembros de los Consejos de Administración y de las Comisiones de Control de las Cajas.

f) Definición de objetivos, contenidos y actividades de la Obra Social, que no podrán sustituir las políticas sociales encomendadas a los poderes públicos.

g) Creación de un Consejo Social del Sistema de Cajas de Ahorro, con participación de las fuerzas políticas, sindicales y organizaciones sociales presentes en el conjunto de las Asambleas de Cajas de Ahorro con funciones consultivas ante el Banco de España en su función de supervisión.