Archivada la denuncia de IU contra el alcalde de Cájar

Si esto no es delito, qué habrá que hacer para que se considere delito

La Fiscalía de Granada ha archivado la denuncia presentada por IU contra el alcalde de Cájar, Fidel Prieto (PP), y el teniente de alcalde Raúl Montoya, ya que considera que no existe delito de prevaricación en la concesión de una licencia para construir una vivienda en la localidad.

En la resolución de la Fiscalía, se señala que es "evidente" que se han producido infracciones, ya que el Ayuntamiento concede una licencia de obras a pesar de que el informe técnico manifiesta que no se cumplen los requisitos.

Posteriormente se vuelve a conceder licencia de primera ocupación con los informes desfavorables de la secretaria y del arquitecto técnico, en los que se manifiesta que las obras todavía no están terminadas y no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento, aunque están a punto de finalizar.

La Fiscalía ha considerado por tanto que se trata de infracciones que "no alcanzan la relevancia exigida para la formulación del tipo penal", puesto que no son resoluciones irracionales o notoriamente contradictorias que recojan una ilegalidad clara con especial perjuicio a la comunidad o la causa pública.

El concejal de IU Miguel Esteban ha asegurado que, aunque se archive penalmente, "cabe todavía la denuncia vía juzgado de guardia" por un delito contra la ordenación del territorio, que es lo que se presentará próximamente.

Esteban ha mostrado su decepción por la decisión y ha señalado que con ese tipo de resoluciones se consigue "que muchos cargos públicos no lleguemos a denunciar casos similares".

En la denuncia de IU se relataba que la Junta de Gobierno Local concedió en junio de 2006 una licencia de obra mayor al edil, pese a que un informe emitido por el técnico municipal indicaba que el terreno donde se iba a hacer no contaba con las dotaciones de servicios e infraestructuras necesarias.

Según IU, se trató entonces de una concesión de una licencia de obras "totalmente irregular", condicionada además sobre una parcela que no tenía la condición de solar, prohibida legalmente y en la que los servicios de inspección de obras del Ayuntamiento tampoco vigilaron el cumplimiento de lo establecido en el PGOU.

El partido ha indicado que Montoya hizo "caso omiso" a lo preceptuado por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al Plan General y a lo que estableció el acuerdo de concesión de licencia, a pesar de que era conocedor -por su condición de edil- de los procedimientos que debía seguir.

En julio de 2009, el teniente de alcalde presentó solicitud de ocupación de edificios, contra la que se alzaron dos informes de la secretaria municipal, que la denegaba, y que también fue desestimada parcialmente por el arquitecto técnico municipal.

A pesar de ello, indica la denuncia, se otorgó licencia de primera utilización mediante Decreto del alcalde sin contar con un solo informe favorable.