Egunkaria, una historia de terror

Óscar Rodríguez Criado

Rebelión

El caso Egunkaria no es un caso más en la historia judicial de la "democracia" española. La claridad y contundencia de la sentencia pone de manifiesto que es un asunto que sobrepasa los límites de la disputa entre la derecha y la izquierda y entre los nacionalismos vasco y español. Es, desde cualquier punto de vista, un tema que pone en entredicho la existencia de un estado de derecho y democrático de mínima calidad en España. Las distintas reacciones de los principales medios de comunicación también ponen de manifiesto la hipocresía y el extremo nacionalismo españolista reinante en la mayoría de los medios de comunicación españoles entre los que Público es una rara excepción.

Nos encontramos con una sentencia que afirma que no existe ningún elemento probatorio que demuestre vinculación de ningún tipo entre Egunkaria y ETA. Sin embargo, el periódico se cerró hace siete años, sus responsables fueron encarcelados durante meses (en algunos casos durante más de un año) y denunciaron maltratos y torturas durante su cautiverio, posibilidad más que probable si tenemos en cuenta que la sentencia afirma que sus denuncias sobre malos tratos son "compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención", añadiendo que "no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de incomunicación".

España es un Estado de Derecho, cuyo ordenamiento jurídico se basa en la Constitución Española, en cuyo Capítulo II, Derechos y Libertades, Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, Artículo 15, Derecho a la Vida, podemos leer: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Si los informes médicos emitidos en los propios centros de detención coinciden con las torturas y malos tratos denunciados y no hubo elementos de control para impedir que éstos se realizaran, es inevitable concluir que existieron, salvo que creamos que cuando se tortura o se dan malos tratos a los detenidos es practica habitual de los torturadores grabar sus felonías para la posteridad. Ante esta conclusión se podría argumentar que los presos etarras siguen la consigna de la banda terrorista de autolesionarse para denunciar malos tratos y torturas. Pero esta excusa no podrá ser aplicada en este caso, puesto que la sentencia considera probado que los señores acusados ni pertenecían a ETA ni seguían en manera alguna sus consignas.

Ante un caso evidente de torturas, o incluso, ante la posibilidad abierta de que éstas se hubieran podido llevar a cabo ya que no hubo mecanismos de control judiciales para impedirlo, lo mínimo exigible sería que el Sr. Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, compareciera de urgencia en el Parlamento español para explicar porque no existieron esos mecanismos de control que abren la puerta a violar la integridad física y moral de las personas. Ni que decir tiene que en esta comparecencia debería garantizar la investigación profunda de lo sucedido, el castigo de los culpables y la reparación de las víctimas, como paso previo a su dimisión al ser el ministro el máximo responsable de que se garantice la integridad física y moral de los españoles consagrada por la citada Constitución.

También podría darse el caso de que el ministro considere que los encausados no son españoles, pero en este caso los acusados también estarían amparados por los convenios internacionales firmados por España relativos a la defensa de los derechos humanos. Si esto sucede en un caso de gran interés público, especialmente en Euskadi, no es de extrañar que Amnistía Internacional denuncie que en España no sólo hay presos políticos (que es lo que fueron los directivos de Egunkaria durante su reclusión), sino que los malos tratos, las palizas y las torturas cometidas por las fuerzas policiales son una práctica habitual en las comisarias españolas. Si esto le sucede al director de un periódico, mejor no imaginarse el trato que recibirá un yonqui que le robe el bolso a una anciana.

Si todo lo relatado es de una extrema gravedad, aún peor resultan el análisis y las conclusiones a las que llegan los principales medios de comunicación españoles. El título de la editorial que El País le dedica al caso difícilmente puede ser más demagógico "Egunkaría acaba bien". Si los Sres. Cebrián o Polanco Jr. fueran encarcelados, acusados de terroristas, torturados y su periódico fuera cerrado, despidiendo a sus empleados y privando a sus periodistas de ejercer la libertad de expresión y a sus lectores la libertad de información, dudo mucho que consideraran que este conjunto de situaciones se pueda resumir como un final feliz. En cualquier caso, se referirán al concepto de felicidad más breve jamás realizado en la historia de la humanidad.

Al inefable Pedro J. Ramírez, la sentencia le parece, según afirma en la sección El Mundo en 2' que "la absolución... es una buena prueba de que vivimos en un estado de derecho y de que incluso aquellos españoles que se creen no serlo están protegidos por las garantías constitucionales”.

En el mismo sentido se manifestaba el martes Esther Palomera, adjunta de la dirección de La Razón en Los Desayunos de TVE. A ABC el asunto ni tan siquiera le parece merecer un espacio en su portada, y publica una breve nota de la sentencia en su sección nacional.

Lo que se desprende de las informaciones de estos medios es que nunca unos pocos deberían ser tan felices por sufrir prisión, perder su empleo y ser vejados física y moralmente.

¿Se imaginan lo que habrían dicho estos medios si el caso hubiera sido en la Venezuela del Sr. Chávez? No hace falta imaginarlo. ABC anuncia en la portada de su edición digital una entrevista a Rodrigo Diamanti, conferenciante de FAES y coordinador de la organización "un mundo sin mordazas" de Venezuela. En el titular que en esta portada hace Virginia Ródenas se puede leer: "Diamanti quiere una Venezuela libre y ha decidido dar la batalla con la palabra porque sin la libertad de expresión es imposible colmar ningún otro derecho". Ojalá la Sra. Ródenas fuera tan sensible al respecto con el ejercicio libertad de expresión en su país.

La violación de los derechos fundamentales de los acusados reconocidos por la sacrosanta Constitución Española ha quedado claramente demostrada. Pero no son los únicos cuyos derechos también han sido violados. El artículo 35, apartado 1 de la Constitución establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo". También parece obvio que los 180 trabajadores de Egunkaria que perdieron su empleo por la histérica instrucción del caso por parte del juez Del Olmo y de la inquisitorial acusación popular llevada a cabo por las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo fueron gravemente perjudicados en el ejercicio del derecho y el deber al trabajo que la Constitución les otorga.

Pero la lista de afectados por esta locura es aún mayor. Me refiero de nuevo a la Constitución Española que en su artículo 3 del Titulo Preliminar, sobre El castellano y las demás lenguas españolas, apartado 3 dice: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". Pues bien, el especial respeto y protección que de hecho ha recibido el diario Egunkaria, que era el único que se editaba en euskera en el País Vasco ha consistido en su cierre gracias a una acusación de terrorismo sin elemento probatorio alguno.

Y es conveniente señalar que en este punto del respeto a las distintas lenguas oficiales del Estado es donde se encuentra el meollo de todo este triste asunto. La criminalización que de hecho ha supuesto el uso del euskera, lengua oficial, junto a la española del País Vasco, asumiendo que su simple uso significa cooperación con el terrorismo, expresa una visión de España claramente preconstitucional. No es más que el penoso reflejo de la idea nacionalcatólica de España heredada del fascismo franquista defendida por todos aquellos que, tanto en el PP como en amplios sectores del PSOE, así como en la mayoría de los medios de comunicación, no dudan en calificarse como demócratas. Es una idea de España que no respeta ni la Constitución que ellos mismos promulgaron y que tanto dicen admirar y defender. Es una España monocultural y uniforme, despreciadora de las distintas lenguas y culturas de los pueblos que la componen.

Un excelente artículo del Dr. Vicenç Navarro afirma en su título que las derechas rompen España. Su afirmación no puede ser más cierta. El trato inhumano recibido por los acusados de Egunkaria, el desprecio a los trabajadores de la empresa, a los derechos fundamentales de expresión, al derecho de los lectores a informarse en la lengua que ellos libremente decidan, siendo ésta una lengua oficial y que merece, según la Constitución un especial respeto y protección muestra que no sólo los independentistas o nacionalistas moderados no pueden sentirse cómodos dentro de esa concepción de España.

En esa España tampoco nos podemos sentir cómodos los que aún siendo abiertamente antinacionalistas, como en mi caso, consideramos que España es una realidad plural, con diferentes sensibilidades nacionales y culturales, con diferentes lenguas y costumbres, todas ellas merecedoras del mismo respeto y protección, fuente de enriquecimiento mutuo de todos sus ciudadanos.

Sin embargo, resulta difícil creer que esta España multicultural y multinacional pueda existir en el actual marco institucional, con todos los símbolos nacionales (himno y bandera) heredados del régimen franquista, con un Jefe del Estado sucesor del dictador, al que él mismo le reconocía el origen de su legitimidad salida del 18 de Julio de 1936, que nunca ha sido capaz de dirigirse a sus "súbditos" en una lengua distinta al castellano y que jamás ha expresado, ni lo hará, una sola palabra de reconocimiento hacia los miles de españoles republicanos vilmente asesinados por el fascismo que aún yacen dolorosamente enterrados en las cunetas de nuestro país, negándoles a ellos y sus familias cualquier posibilidad de reparación histórica y de justicia.

Finalmente, ofrecerle todo mi apoyo y solidaridad a los acusados,a los trabajadores de Egunkaria y a todos los vascos, nacionalistas o no, que perdieron el derecho a leer e informarse en su lengua. No habrá indemnización que pueda reparar el daño causado. Además, esta indemnización, si se produce, consistirá en una cantidad económica proveniente de las arcas del Estado, es decir, de los bolsillos de todos los trabajadores. El juez Del Olmo y especialmente las asociaciones que han promovido la acusación popular deberían pagar el sueldo de los empleados durante esos siete años, las pérdidas de los ingresos por venta y publicidad de los periódicos, las pérdidas de los distribuidores y vendedores del mismo, así como las indemnizaciones por los daños físicos y morales que los acusados han sufrido durante su injusta estancia en prisión.

Asimismo, todos los que acusaron a Egunkaria de pertenecer a ETA en los medios de comunicación deberían responder de sus calumnias ante los tribunales. Si a los que han promovido esta inquisitorial cacería fascista sus excesos les salen gratis, no duden ni un momento que estas barbaridades se repetirán en el futuro.