Cayo Lara dice que no hay un estallido social porque la gente sobrevive y se apaña en la economía sumergida
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, aseguró que "no hay un estallido social porque la gente sobrevive y se apaña en la economía sumergida" y se preguntó cómo puede ser que, aunque la Constitución reconozca el derecho al trabajo, haya 4,6 millones de parados. "¿De qué sirven los derechos si los gobernantes no son capaces de cumplirlos?", preguntó.
Durante una conferencia en la Universidad Carlos III titulada 'La calidad de la democracia en España', Lara animó a los estudiantes a "mover el patio", y subrayó que "los derechos humanos están íntimamente ligados a la calidad de la democracia".
"Los poderosos son los que se cargaron la democracia en Grecia. Ahora Grecia tiene problemas importantes y la cuna de la democracia está siendo atacada por los mercados, que en España son por ejemplo esas 1.400 personas que controlan el 80 por ciento del PIB del país. Hoy el poder financiero internacional está atacando a los Estados y a la democracia. Es algo muy profundo y muy serio y los países pierden soberanía nacional", planteó.
En esta línea, destacó que para que haya un país con calidad democrática tiene que hablarse de los derechos humanos, entre los que citó "derecho a trabajo, protección por desempleo, vivienda, servicios sociales y educación gratuita, derechos elementales que deberían estar cumplidos en el conjunto de los Estados y en España".
Sobre corrupción, Lara propuso que los diputados y senadores "en caso de flagrante delito no deberían estar aforados, sino que deberían estar sujetos a la ley como el resto de los ciudadanos". Abogó por eliminar las pensiones vitalicias de los diputados y senadores y consideró una "indecencia incomprensible que haya supuestos corruptos a los que los ciudadanos dicen que les van a votar aún más".
Lara volvió a criticar la Ley Electoral, y explicó que "en 1978 se puso el artículo 68 de la Constitución, la circunscripción provincial, para evitar que la fuerza del PCE se pudiera llevar al Parlamento y para que se pudiera consolidar en el futuro el bipartidismo actual".
"Nos cuesta siete veces más votos tener un diputado, casi medio millón de votos, y eso no es igualdad ante la ley, sino una injusticia importante. No se gobierna en función de lo que quiera la soberanía popular, sino en función de las mayorías parlamentarias que se puedan conformar", afirmó.
Añadió que la base social de IU y la del PSOE son casi la misma, y planteó que "si se le preguntara a los del PSOE si prefieren pactar con IU o con PNV y CiU la respuesta sería apabullante". Así, recalcó que el PSOE "prefiere perder las elecciones, que las pueda ganar el PP con más votos que sumando con IU, antes que reformar la Ley Electoral, debido a que los mercados y el poder financiero no quieren más giros a la izquierda en el Parlamento".
En este punto, el encargado de presentar la charla, el rector de la Universidad Carlos III y uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, defendió que "hay que dar a IU la representatividad que tiene", pues la situación a la que le lleva la Ley Electoral es "escandalosa". Por eso criticó la actitud de los socialistas por no querer reformar dicha Ley y planteó que habría que "regenerar" al PSOE.
Por otro lado, Lara reclamó que los referéndums sean vinculantes para los poderes públicos, y criticó que "son excesivas 500.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, mientras hay diputados en el Parlamento con 60.000 votos que sí pueden presentar proposiciones de ley".
También propuso fijar un salario máximo interprofesional, en función de lo que la sociedad considere "suficiente para vivir, tanto en la administración pública como la privada". "Pero hay un 63 por ciento de mileuristas o menos, mientras los grandes ejecutivos de las empresas del Ibex tiene una media salarial de 52.000 euros al mes", remarcó.
Finalmente, defendió lo público en general y afirmó que en la crisis el "problema de fondo es que ha habido un ataque bestial a lo público, y hay que tener Estados, pues son los garantes de los derechos". "El poder financiero internacional no puede poner de rodillas a los Estados, porque si eso pasa, hemos quebrado la democracia. Este es un ataque a todo el estado del bienestar que se creó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial", sentenció.
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