La fiscalía investiga si el pleno de Ferrol delinquió al defender a Garzón

Esto no pasará en Almuñécar ya que el alcalde prohibió el debate sobre este tema y se negó a que se discutiese la moción presentada por Izquierda Unida.

La moción que el pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó a propuesta de Izquierda Unida para solidarizarse con los trabajos del juez Garzón en defensa de la recuperación de la memoria histórica se ha convertido ya en materia judicial. El Tribunal Supremo ha instado a la Fiscalía General del Estado a que investigue el acuerdo plenario que aprobó el Ayuntamiento de Ferrol, el pasado 25 de marzo, en apoyo de Garzón. La petición al ministerio público procede de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el 18 de mayo dictó una providencia firmada por cinco magistrados.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, atendió su petición y ya ha remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Galicia, a fin de "determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica de los hechos". Fuentes de la fiscalía confirmaron ayer que ese documento, fechado el 29 de junio en Madrid, ya se derivó a los juzgados de Ferrol, a los que compete iniciar las diligencias previas.

"Es una tormenta en un vaso de agua", le restó importancia ayer el alcalde socialista de Ferrol, Vicente Irisarri, muy sorprendido por el alcance de un simple acuerdo que adoptó su ayuntamiento "en el ejercicio de la autonomía local". La moción, presentada por Izquierda Unida, se debatió a finales de marzo en sesión ordinaria, en plena polémica sobre el futuro y las competencias del juez estrella de la Audiencia Nacional.

El acuerdo municipal denunciaba un campaña de desprestigio contra el juez orquestada desde "la derecha y extrema derecha" mediante "querellas criminales constantes" con el ánimo de "minar la independencia judicial". Se pedía, además, a los órganos judiciales que no amparasen "un pulso inaceptable a la democracia y a la Justicia".

La moción salió adelante con el apoyo de PSOE, IU y BNG, y la abstención del PP local. Debía remitirse al Consejo General del Poder Judicial. El 15 de abril, el alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, del PSdeG, remitió el texto íntegro de la moción a nombre del magistrado Luciano Varela Castro. Su contenido disgustó al alto tribunal.

Un mes después, el 18 de mayo, la sala segunda del Tribunal Supremo, mediante una providencia, instó a la fiscalía para que revisase el acuerdo del pleno ferrolano "a los efectos que procedan".

Irisarri aseguró ayer que al Gobierno local "no se le ha notificado formalmente nada". El regidor volvió a mostrar su total desconcierto por el revuelo que ha levantado una moción "muy similar a la que se aprobó en otros municipios de España" en las mismas fechas. "El Ayuntamiento hace su trabajo", replicó a quien "pueda estar molesto por alguna frase".

Desde las filas de Izquierda Unida en Ferrol cargaron las tintas contra el poder judicial y calificaron como "muy grave" que se "utilice a la fiscalía para atacar un acuerdo político democrático".

La coordinadora de IU-EU en Galicia, Yolanda Díaz, pidió al Gobierno central, que ordene a la fiscalía que retire de inmediato de una causa "peligrosamente antidemocrática". "Serán cómplices y protagonistas de los que ocultan los crímenes del franquismo y la rampante corrupción de la trama Gürtel", añadió Díaz.

La moción, que presentó Izquierda Unida, se debatió en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol, el pasado 25 de marzo. Era un texto extenso y articulado en cinco puntos. Se votaron de uno en uno, y se aprobó con el respaldo unánime de PSOE, IU y BNG. Los siete ediles del Partido Popular se abstuvieron en la votación. Independientes por Ferrol sólo votó en contra de algunos puntos.

El texto aprobado a propuesta de IU

Lo que sigue es el contenido íntegro del acuerdo del pleno municipal de Ferrol que investiga ahora la fiscalía y que en su día se aprobó tras la propuesta de Izquierda Unida:

"El Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Concello de Ferrol la siguiente propuesta de acuerdos:

-Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.

-Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con soluta imparcialidad en el presente asunto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón, mientras no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan.

-Exigir que las víctimas del franquismo que instaron el comienzo del procedimiento judicial abierto por los crímenes de la dictadura franquista puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo.

-Garantizar que los procedimientos por corrupción, investigados hasta el momento por el juez Garzón o por cualquier otro juez continúen y amplíen el ámbito de investigación al objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que haya lugar.

-Dar traslado de la siguiente propuesta de acuerdos a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial".