Condenan al ayuntamiento por hacer contratos en fraude de ley

El Juzgado de lo social número 1 de Motril ha condenado al ayuntamiento de Almuñécar a readmitir o indemnizar a dos trabajadores a los que había despedido a mediados de año. La sentencia dictada el 11 de octubre declara improcedente el cese de estos trabajadores y condena al ayuntamiento a que en el plazo de cinco días opte entre la readmisión o el abono de la indemnización de 45 días por año de trabajo, con abono de los salarios de tramitación.

Para el juez queda claro que ‘A través de los sucesivos contratos se ha tratado de cubrir de modo temporal una actividad permanente’.

La sentencia es especialmente dura con el ayuntamiento y sus peculiares sistemas de contratación. En uno de sus párrafos se puede leer que ‘Resulta insólito que todavía se utilicen estos métodos para la contratación, pero aún más que ello se lleve a cabo por una entidad pública, deduciéndose de la prueba documental, especialmente las nóminas de los actores, que todos los contratos se iniciaban inmediatamente después de la terminación del anterior, con una diferencia, en algunos casos, de tres días.’

El cese de estos trabajadores se produjo a raíz de una visita de la Inspección de Trabajo. El acta de la Inspección de Trabajo acordó sancionar al ayuntamiento porque se estaba burlando la ley al sustituir puestos de trabajo fijos por contratos eventuales de colaboración social que se encadenaban uno con otro de manera fraudulenta.

En este tipo de contratos, los parados que están cobrando el subsidio siguen cobrándolo y la institución que los contrata complementa el subsidio con doscientos o trescientos euros hasta llegar al sueldo normal que correspondería al trabajo realizado. Este contrato es una carga de profundidad para el trabajador que se ve obligado a aceptarlo porque significa que mientras está trabajando por una miseria está agotando las prestaciones que le correspondían gracias a lo que cotizó antes.

El ayuntamiento ha llegado a utilizar simultáneamente a 90 parados en puestos que no tenían nada de eventual y que Benavides se negaba a sacar a concurso. Con estas ilegalidades y abusos, el alcalde ha podido disponer de un número elevado de personas que trabajaban cobrando una miseria en puestos de la plantilla que no se cubrían. De esta manera han funcionado varios años gran parte de las guarderías, la piscina, el servicio de ayuda a domicilio y algunas dependencias municipales.

Mientras estas personas cobraban doscientos o trescientos euros al mes, Benavides se ponía un sueldo de 80.000 euros al año y le ponía otro de 50.000 a su mujer.

IU considera co-responsables de esta situación al INEM y a la Junta de Andalucía que han permitido y siguen permitiendo esta utilización abusiva de una modalidad de contratación que está contemplada para emergencias. Por poner un ejemplo, cuando la riada de hace unos años, el ayuntamiento podía haber recurrido a esta fórmula contratando durante una semana cuatrocientas o quinientas personas para afrontar de manera urgente la catástrofe. Para emergencias así estaba previsto este contrato y no para abusar de los trabajadores en paro.