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Almuñécar contra la corrupción

La 'cuesta de enero' se adelanta para los funcionarios

La 'cuesta de enero' se adelanta para los funcionarios

Los médicos, los profesores de instituto y de universidad y los oficiales de Policía y del Ejército ven cómo la paga extraordinaria de diciembre se reduce hasta en 500 euros

Granada Hoy

Más de 59.800 funcionarios granadinos recibieron ayer otra desagradable sorpresa. El plan de recorte salarial aprobado en mayo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha provocado que los empleados públicos hayan visto cómo en algunos casos la paga extraordinaria del mes de diciembre se ha visto reducida hasta en 500 euros. El motivo que explica este tijeretazo es que el plan de choque presupuestario concentró el mayor descuento en la nómina de diciembre, coincidiendo con la época del año en la que el consumo alcanza su pico más álgido.

Según las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), los bolsillos que más se han visto resentidos por este recorte salarial han sido los funcionarios con titulación superior como médicos, profesores de instituto y universidad, oficiales de Policía y del Ejército, que han perdido al menos 537,68 euros en la paga extraordinaria y 20,67 euros por cada trienio contabilizado.

Otro colectivo que también se ha embolsado menos en la paga ha sido el de los titulados medios, en el que se encuentran enfermeros, técnicos de Hacienda, subinspectores de Trabajo y profesores de enseñanza Primaria. En estos casos, los recortes han supuesto, según los datos de Gestha, como mínimo unos 323,27 euros menos en su paga y 11,71 euros menos correspondientes a su "veteranía" en el ejercicio de función pública.

Los administrativos y auxiliares de las instituciones públicas también han visto cómo su paga de este año es más exigua, con un recorte al menos de 147,05 euros y 126,37 euros, respectivamente, a los que se añaden otros 5,35 y 4,61 euros, respectivamente por reducción de los trienios. Para el último escalafón de los grupos salariales las rebajas son menores: como mínimo 7,80 euros en la extra y 0,23 euros en los trienios.

A juicio de los técnicos de Hacienda, este recorte tendrá un impacto directo sobre la venta de los comercios, lo que indirectamente repercutiría en las arcas públicas debido a la pérdida de reducción por el IVA. "El Gobierno lo que ha buscado es reducir el efecto psicológico de la medida y trasladó el porcentaje superior del descuento al mes de diciembre, cuando la nómina es muy superior y varios meses después de que entrara en vigor", asegura un portavoz de los técnicos de Hacienda.

Ante este recorte, Gestha recomienda a los funcionarios que sean "prudentes" con el uso de las tarjetas de crédito, así como en sus previsiones de consumo y planes de vacaciones, porque las familias pueden realizar sus gastos antes de que cobren la paga extra. "La cuesta de enero se ha anticipado a diciembre para la mayoría de los funcionarios y sus familias, que además de sufrir un recorte del 5% en sus salarios deberán hacer frente a la carga emocional que supone no poder contar con ese dinero extra para los gastos de Navidad, como son las celebraciones, la lotería, los regalos y el ocio", aseguran desde Gestha.

Según los datos facilitados por Gestha, en Granada hay un total de 59.896 funcionarios. Con esta cifra, la provincia es la cuarta con mayor número de funcionarios de toda Andalucía, por detrás de Sevilla, que cuenta con más de 109.000; Cádiz, con un total de 73.016 y Málaga, con 77.538. La Administración que más ha crecido en los últimos años ha sido la Junta de Andalucía, que cuenta en la actualidad en Granada con cerca de 30.000 funcionarios, frente a los 15.810 de la administración local, lo 9.989 del Estado, y los 4.419 de la Universidad. Esto se debe fundamentalmente a la entrada de personal gracias a los últimos procesos de empleo público.

En el contexto nacional, Andalucía es una de las comunidades más afectadas por los recortes de las pagas extra, ya que es una de regiones donde se registra una mayor concentración de empleados públicos. Siguen en el ranking las comunidades de Madrid y Cataluña (con más de 400.000 y 300.000 funcionarios afectados, respectivamente) y, al final del ranking, se encuentran regiones como La Rioja, Cantabria y Navarra.

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