Cayo Lara afirma en Menorca que “Telefónica tiene que volver a ser una empresa pública”

"Creemos que esta compañía tiene que volver a ser una empresa pública, a estar en manos del Estado y, por tanto, a estar en manos de todos los españoles”, dijo. Lara hizo esta valoración en el contexto de la polémica desatada por el anuncio de la compañía que preside César Alierta -que fue privatizada por uno de los gobiernos de José María Aznar- de despedir a un 20% de su plantilla en España mientras planea destinar hasta 450 millones de euros para que se los repartan sus cerca de 1.900 directivos hasta 2016.

Durante el encuentro con periodistas mantenido en Mahón, en el que ha estado acompañado por el candidato al Consell de Menorca y al Parlament balear el 22-M, Jesús Barrasa, el coordinador federal detalló que “hemos conocido que Telefónica cerró el año 2010 con 10.167 millones de euros de beneficios; hemos conocido igualmente que un directivo de esta compañía cobra lo que 103 trabajadores de la misma, y hemos conocido también que, además de estos salarios insultantes que tienen algunos jefes, se van a dotar de esos 450 millones de euros en bonus. Esto es un insulto al sufrimiento de tanta gente en nuestro país que está padeciendo las consecuencias del paro y de la crisis”.

Cayo Lara indicó que lo “más grave” de este asunto es que esta antigua compañía pública “vaya a destinar unos 600 millones de euros a despedir a trabajadores y trabajadoras de la empresa. Quieren cargarse unos 5.600 empleos, un 20% de la plantilla. Estamos indignados y creemos que tiene que haber una rebelión cívica frente a estas actuaciones. Es incomprensible que empresas que obtienen estos beneficios escandalosos despidan al mismo tiempo a trabajadores”.

Cayo Lara resumió su opinión indicando que “resulta que cuando hay pérdidas en las empresas despiden a trabajadores, y cuando tienen ganancias tan importantes siguen despidiendo a trabajadores. Son insaciables. Les importa un pimiento el sufrimiento de la gente y sólo quieren acumular riqueza”.

“La propia Constitución Española –recordó- dice que toda la economía, que la riqueza del país tiene que estar al servicio del interés general. Cuando las empresas tienen beneficios y despiden trabajadores no están poniendo los beneficios al servicio del interés general. Por ello, pensamos que se tiene que tipificar como hecho delictivo que las empresas con beneficios sigan despidiendo trabajadores, pues no están cumpliendo con la función social que asignan las leyes españolas a las empresas de nuestro país o que están en nuestro país”.