El alcalde de Alhaurín el Grande, acusado de cobrar sobornos urbanísticos, argumenta que los políticos están para "tomar decisiones", no para cotejar informes de legalidad

¡Qué cosas pasan en Alhaurín el Grande! ¡Qué cosas pasan en Ronda! ¡Qué cosas pasaban en Marbella, y en El Ejido! ¡Qué cosas habrán pasado aquí donde nada pasa! Siempre lo mismo. Un señor con maletín acompañado de su séquito mirando a las cámaras con cara de no haber roto un plato. Lo peor es que a veces convencen a los jueces de que el plato no lo han roto ellos, sino que se cayó y se rompió. Un accidente.

Granada Hoy

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), acusado en el caso Troya de cobrar sobornos urbanísticos, dirigió ayer su estrategia de defensa en tres frentes: las licencias de obras se concedían porque los técnicos municipales las ponían a la firma sin reparos, las competencias urbanísticas no eran suyas, sino del concejal Gregorio Guerra, y en sus cuentas entraba dinero en metálico porque en la asesoría de su esposa se mueven muchos fondos en efectivo.

La Fiscalía sostiene que el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, estaba al frente de una trama que entre 2002 y 2006 cobró 782.000 euros a promotores a cambio de permitirles edificar fuera del planeamiento. Afirma también que de esta cantidad, 238.000 euros fueron para el alcalde por permitir esos supuestos tejemanejes oscuros.

Frente a este planteamiento del Ministerio Público, Martín Serón explicó ante el tribunal que desde 2002, o sea desde que presumiblemente comenzó a operar la trama, tiene las competencias de urbanismo delegadas en Gregorio Guerra, lo que no significa que se desentendiera de este asunto. Dijo que en Alhaurín el Grande las licencias de obras se firman sin comprobar el contenido de los informes técnicos.

"No debemos entrar en eso", "nosotros somos políticos y estamos para tomar decisiones, nada más", incluso "podemos ser analfabetos". Por tanto, se limitaban a autorizar los decretos que preparaban los funcionarios. Si existía algún reparo los técnicos les informaban "verbalmente" antes y no se firmaban. No obstante, la Fiscalía expresa en su escrito de acusación que las licencias sospechosas habían sido informadas "negativamente por el arquitecto municipal", si bien después eran informadas "siempre a favor" por el asesor jurídico, el acusado Juan Burgos.

Cuando el fiscal Juan Calvo-Rubio pisó el acelerador durante la vista oral y exhibió una licencia en cuyo expediente se hacía constar que excedía la altura y edificabilidad permitida, el alcalde respondió que los técnicos no habían hecho constar expresamente en el decreto puesto a la firma que fuese ilegal.

En relación con las sospechas de que percibía cohechos de los promotores vía Gregorio Guerra, Juan Martín Serón argumentó que si en sus cuentas figuran ingresos en metálico es simplemente porque los ingresos profesionales de su esposa y los suyos están "mezclados".

Serón precisó que los gastos familiares del día a día se afrontaban con dinero en efectivo, al tiempo que criticó el informe económico de la Policía porque no tiene en cuenta los saldos remanentes, o sea, la diferencia entre los ingresos y gastos anuales. En este sentido precisó que en esos años la familia ahorró "más de 200.000 euros", de ahí que pudiera hacer inversiones inmobiliarias que los investigadores relacionan con los sobornos.

Los investigadores también encontraron en "su despacho oficial en el Ayuntamiento", según el escrito del fiscal, 7.000 euros en efectivo. Martín Serón precisó que ese dinero procedía de la asignación mensual que recibe el grupo municipal, que había sido depositada allí por el secretario de la Alcaldía, quien los había recibido de la concejal de turismo y que tenían como destino atender gastos de promoción en Fitur. Si los 7.000 euros estaban en billetes de 500 era lisa y llanamente porque así abultaban menos.